La reacción del Gobierno a la suspensión del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires

Por su parte, el diputado nacional, Luis Petri, también apuntó contra la suspensión y cuestionó que la normativa haya quedado interrumpida apenas dos días después de comenzar a regir.

“El nuevo Régimen Penal Juvenil duró dos días en la Provincia de Buenos Aires porque una jueza kirchnerista hoy ya decidió suspenderlo”, escribió el diputado nacional en su cuenta de X.

En ese mismo mensaje responsabilizó al gobierno provincial y a la Justicia bonaerense por la situación: “Aprobamos esta ley para terminar con la impunidad de quienes delinquen siendo menores, no hay excusa para no aplicarla”, sostuvo.

El diputado Sebastián Pareja también se sumó a los cuestionamientos y calificó la resolución como “profundamente antidemocrática”. El dirigente libertario sostuvo que “esta ley es una respuesta concreta para intentar elevar el costo de delinquir. El gobierno provincial, en cambio, insiste con un sistema que garantiza impunidad”.

Pareja también destacó que la nueva normativa no surgió de una decisión unilateral del Poder Ejecutivo nacional, sino de un proceso legislativo que atravesó las etapas correspondientes en el Congreso de la Nación.

Por qué la Justicia bonaerense suspendió la aplicación

La medida que provocó las reacciones del Gobierno nacional fue adoptada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora.

La resolución se conoció a solo dos días de la entrada en vigencia de la Ley N° 27.801 a nivel nacional. Pascual hizo lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en favor de “los adolescentes que se encuentran privados de su libertad”.

El planteo estuvo centrado en las condiciones actuales del sistema de alojamiento para menores de edad. Según la resolución, la provincia no dispone de la infraestructura ni de los recursos materiales, institucionales y profesionales necesarios para afrontar el posible incremento de adolescentes que podrían quedar sometidos al sistema penal a partir de la nueva legislación.

La magistrada consideró que la reducción de la edad de imputabilidad puede derivar en un aumento significativo de menores privados de su libertad. Ese crecimiento podría producirse tanto por el ingreso de nuevos adolescentes al sistema como por el tiempo que permanecerían alojados en los establecimientos.

La Justicia bonaerense dispuso así la suspensión preventiva de la aplicación de la nueva normativa durante 60 días en todo el territorio provincial.

Qué establece el nuevo Régimen Penal Juvenil

La Ley N° 27.801 modificó uno de los principales parámetros del sistema penal juvenil al reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. A partir de este cambio, los adolescentes de entre 14 y 16 años pueden quedar sometidos a procesos judiciales por los delitos contemplados en el Código Penal.

El nuevo régimen establece además límites para las penas aplicables a menores de edad. No contempla condenas a prisión perpetua y fija un máximo de 15 años de privación de la libertad.

En los casos en que corresponda el encierro, este deberá cumplirse exclusivamente en centros especializados y sin contacto con adultos. La normativa también incorpora alternativas a la privación de la libertad, como la reparación del daño, las tareas comunitarias, las restricciones de acercamiento y el uso de tobilleras electrónicas.