Poder Judicial

Los detalles desconocidos de la pelea entre el Gobierno y la Justicia por el polémico DNU de Milei

La Procuración prepara un descargo para evitar una medida cautelar. ¿Cómo sigue la pelea judicial por el mega Decreto? La nueva desconfianza del sector judicial hacía el Gobierno.
Rosario Bigozzi
por Rosario Bigozzi |
Los detalles desconocidos de la pelea entre el Gobierno y la Justicia por el polémico DNU de Milei

La judicialización del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 ingresa en una semana clave: una vez que el gobierno presente su descargo contra los reclamos por su presunta inconstitucionalidad, el juez de feria, Enrique Lavié Pico, quedará en condiciones de resolver los recursos de amparo. Por ahora, el DNU está vigente, excepto el capítulo IV que corresponde a la Reforma Laboral, que fue frenado por las medidas cautelares que otorgó el fuero del trabajo a la CGT y a la CTA.

El Gobierno apostaba a ganar tiempo con acuerdos políticos durante el receso judicial de verano, o en todo caso lograr que las causas se unifiquen como proceso colectivo en el fuero contencioso administrativo, que interviene cuando se produce un conflicto de posible lesión de derechos de la ciudadanía ante el Estado. No obstante, el Ejecutivo sabe que tarde o temprano las decenas de denuncias contra el decreto de Javier Milei llegarán a la Corte Suprema, que anticipó que estudiará estas cuestiones en febrero.

En los primeros días de receso de verano, el juez federal Lavié Pico ordenó habilitar la feria para tratar los pedidos de medida cautelar de la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y del grupo Gente de Derecho que lidera el expresidente del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, Jorge Rizzo.

Al mismo tiempo, consideró inadmisible que la cuestión se tramite como una demanda colectiva e instruyó que se deshiciera la orden del juez Esteban Furnari de unir todos los planteos contra el mega decreto en un solo expediente.

Lavié Pico entendió que “no se encuentra definido de manera clara el colectivo involucrado” debido “al carácter difuso de la presentación efectuada en la presente causa”. De este modo, ordenó borrar la denuncia inicial del Registro de Procesos Colectivos, para desarmar el expediente en procesos separados.

En consecuencia, el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, tiene plazo hasta el miércoles para definir una próxima jugada, que evite la suspensión de la vigencia completa del DNU a través de una medida cautelar.

Revés judicial para el Gobierno de Milei

El gobierno de Javier Milei puede apelar ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal la decisión del juez Lavié Pico de desarmar la causa colectiva contra el DNU 70/2023. Intentará que se reunifique la causa colectiva porque el peligro de que las denuncias tramiten por separado multiplica las posibilidades de que sea declarado inconstitucional.

Asimismo, tiene otro frente en el fuero laboral, donde prosperaron dos recursos de amparo contra las medidas que modificaban leyes del trabajo.

El oficialismo especulaba con ganar adhesiones mientras se postergasen las decisiones judiciales, pero el magistrado entendió que “la demora impuesta por el receso judicial de enero en la tramitación de estos actuados entraña un riesgo cierto e inminente de la posible frustración de derechos”.

Luego la justicia contenciosa administrativa le dio tres días para contestar el pedido de medida cautelar, y cinco para ofrecer un informe sobre el fondo del asunto, relacionado con la posible inconstitucionalidad del decreto impugnado.

Múltiples demandas contra el DNU

Para desarmar el proceso colectivo contra el DNU 70/2023, el juez federal Lavié Pico sostuvo que la medida del gobierno afecta un universo que necesita “examinarse de manera independiente y en relación a cada materia -en concreto- ante los diferentes tribunales en su competencia específica, ya que las decisiones sobre su aplicación y/o validez podrían ser diferentes en cada supuesto y en cada jurisdicción”.

En este sentido, el magistrado destacó que “la normativa cuestionada modifica leyes que regulan materias muy disímiles entre sí (Farmacias, Hidrocarburos, Turismo, Energía Eléctrica, Código Civil y Comercial, Registro Automotor, Trabajo, Salud, Comercio Exterior, Aeronáutico, entre otras, y dentro de ellas aspectos particulares) y que tramitarían en diferentes ámbitos judiciales”.

Tras destacar “la amplísima diversidad de normativas y situaciones alcanzadas por el dictado del DNU” sostuvo que ante la demanda cada magistrado interviniente deberá examinar “cuál es el interés jurídico protegido en cada caso concreto respetando los principios de jurisdicción, competencia y especialidad establecidos legalmente”.

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Impuesto a las ganancias: judiciales encabezan un paro por 24 horas (Foto: Telam).

Impuesto a las ganancias: judiciales encabezan un paro por 24 horas (Foto: Telam).

Con estos argumentos el juez Lavié Pico decidió “declarar la inadmisibilidad formal de la acción formulada como proceso colectivo, en atención a que la generalidad e imprecisión de la demanda formulada, resultan un obstáculo para tener por corroborada la existencia de efectos comunes que permitan mantener y habilitar el trámite de la vía intentada por la parte actora (...) sin perjuicio que la presente causa continúe tramitando como una acción de amparo individual”.

Mientras tanto, otras demandas avanzan contra aspectos parciales del mega DNU:

*La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), que denunció que permitir la oferta de servicios turísticos sin control habilita el incumplimiento de pautas mínimas de legalidad y responsabilidad frente a los consumidores.

*La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), junto con la Facultad de Bioquímica y Farmacia de la Universidad de Buenos Aires solicitaron reponer la vigencia del régimen legal del ejercicio de la actividad farmacéutica (Ley 17.565) que fue modificado por decreto, porque entienden que pone en riesgo a la población.

En definitiva, la multiplicidad de denuncias formuladas parcialmente contra el DNU, aquellas que fueron difundidas y las otras que quedaron fuera del radar, solo serían tratadas en enero si se habilita la feria; de lo contrario avanzarán cuando finalice el receso de verano.

La pelea en el fuero laboral

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La CGT se concentrará en la Plaza Lavalle para manifestarse en contra del DNU de Javier Milei (Foto: archivo).

La CGT se concentrará en la Plaza Lavalle para manifestarse en contra del DNU de Javier Milei (Foto: archivo).

El gobierno analiza ir a la Corte Suprema de Justicia con un recurso extraordinario, para reactivar la reforma laboral que dispone el mega DNU, y que frenó la Cámara del Trabajo al dictar las medidas cautelares a favor de la CGT y la CTA.

Mientras tanto, espera que la Justicia responda el planteo para que los amparos que tramitan en el fuero laboral pasen al contencioso administrativo federal, aunque la última disposición de Lavié Pico marque un antecedente que le juega en contra. Como sea, este conflicto de competencia deberá resolverlo la Corte.

Los abogados del Ejecutivo se apoyan en el voto de una de las juezas de Cámara del Trabajo, Dora González, que opinó en minoría que el caso debía pasar al fuero Contencioso Administrativo Federal. Sin embargo, fueron los jueces José Alejandro Sudera y Andrea García Vior, quienes impusieron por mayoría su punto vista, al dictaminar que aunque el fuero laboral no fuera el competente, la ley 26.854 establece que tribunales incompetentes pueden dictar medidas cautelares contra el Estado Nacional cuando “se trate de sectores socialmente vulnerables”.

En este sentido, los camaristas señalaron que “es un hecho público y notorio que el de los trabajadores es un sector socialmente vulnerable y que se encuentran en juego derechos de naturaleza alimentaria -per se o por sus derivaciones-, no tengo dudas de que se encuentran configuradas las circunstancias graves y objetivamente impostergables que justifican el dictado de una medida cautelar”.

¿Se cortó la buena onda entre el Gobierno y el Poder Judicial?

Según algunas fuentes interesadas en que se caiga el Decreto de Necesidad y Urgencia, la pelea judicial por el DNU 70/2023 está desgastando la opinión de los jueces que observaban con buenos ojos la nueva convivencia de los poderes Judicial y Ejecutivo.

Uno de los motivos sería el proyecto de ley que el gobierno envió al Congreso para concretar el traspaso de los juzgados nacionales de la Capital Federal a la órbita de los Tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un plazo máximo de tres años.

Para la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) se trata de una propuesta que viola la Constitución Nacional, pues entienden que a la Capital Federal solo le corresponde juzgar faltas y contravenciones, materia contencioso administrativa y tributaria local, mientras que los fueros Penal, Civil, Laboral y Comercial son competencia de la Justicia Nacional.

Además, quienes aseguran que se cortó la buena onda con el gobierno, interpretan que los jueces recibieron como un ataque a la independencia judicial las críticas de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, contra los camaristas que dictaron las medidas cautelares a pedido de la CGT y la CTA.

Bullrich había dicho que en la Cámara del Trabajo “todos los fallos siempre salían a favor de uno u otro sindicalista, nunca fue una verdadera justicia donde las cosas se analizan con objetividad”.

Ante esta acusación, la Asociación de Magistrados lanzó un comunicado repudiando “toda declaración de autoridades políticas que interfiera o afecte el normal funcionamiento del Poder Judicial de la Nación y/o los Ministerios Públicos. En el caso, las graves descalificaciones formuladas por la ministra de seguridad sobre el funcionamiento de la justicia nacional del trabajo, toda vez que atentan contra la independencia judicial, cimiento de la división de poderes y que hace a la esencia misma del sistema republicano”.