También cuestiona la ausencia de un certificado de aptitud ambiental y reclama que se adopten medidas preventivas antes de que la explotación entre en una etapa irreversible.
La disputa por la soberanía y el avance judicial
Uno de los puntos centrales de la resolución es la participación que tendrá la provincia de Tierra del Fuego. Borruto dispuso que la Fiscalía de Estado provincial sea incorporada al expediente para resguardar los intereses vinculados con el patrimonio y el ambiente. La jueza entendió que la zona involucrada tiene relación con la jurisdicción provincial y que el caso excede una discusión exclusivamente nacional.
El Ministerio Público Fiscal había advertido, además, que un eventual daño ambiental podría superar los límites de una jurisdicción específica debido a la conexión oceanográfica del Atlántico Sur con el Mar Argentino y las Islas del Atlántico Sur. El proyecto prevé pozos submarinos, ductos y una unidad flotante destinada a producir, almacenar y descargar petróleo.
Pero la discusión no se limita al ambiente. La propia Justicia incorporó al análisis la cuestión de la soberanía. La Fiscalía sostuvo que la causa involucra un interés federal relacionado con la disputa por Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. En ese marco, recordó las normas argentinas que consideran ilegales las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos realizadas sin autorización argentina en la plataforma continental.
El avance judicial ocurre, además, en medio de la ofensiva política del Gobierno de Javier Milei contra las empresas que participen de la explotación petrolera en las islas. El Ejecutivo anunció sanciones y anticipó nuevas medidas para impedir que compañías vinculadas con Sea Lion puedan desarrollar actividades en territorio argentino. La decisión judicial agrega ahora una vía institucional a esa disputa.
El conflicto tiene también una dimensión económica. Sea Lion es considerado un proyecto petrolero de gran escala y las compañías prevén comenzar la producción en 2028. La primera etapa contempla una producción estimada de unos 50.000 barriles diarios. La iniciativa representa una apuesta estratégica para las empresas involucradas y, al mismo tiempo, un desafío para la Argentina, que busca impedir que la explotación de recursos naturales en el área disputada avance bajo licencias británicas.
Qué sigue en la causa por Sea Lion
Ahora, la causa deberá atravesar una serie de pasos procesales antes de que exista una definición sobre las medidas cautelares solicitadas. La jueza ordenó que Tierra del Fuego intervenga en el expediente y también requirió documentación adicional a las organizaciones demandantes, incluyendo traducciones de documentos redactados en idiomas extranjeros.
El expediente coloca así a la Justicia Federal de Río Grande en el centro de una disputa que excede ampliamente los límites de un conflicto empresarial. En juego aparecen el futuro de un proyecto petrolero multimillonario, la protección ambiental del Atlántico Sur y, por encima de todo, la histórica controversia por la soberanía de las Islas Malvinas.
Sea Lion todavía no comenzó a producir petróleo. Pero su avance ya abrió un nuevo frente de conflicto entre la Argentina, el Reino Unido y las compañías que pretenden explotar los recursos hidrocarburíferos de una zona cuya soberanía continúa siendo reclamada por nuestro país.