Impacto ambiental y soberanía

Malvinas: la Justicia investiga el plan para crear pozos y una unidad flotante para producir petróleo en las islas

La Justicia Federal de Río Grande se declaró competente para investigar el proyecto Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que contempla la explotación de petróleo en las Islas Malvinas.

por Facundo Pastor | 13 de septiembre de 2026 - 13:11
Malvinas: la Justicia investiga el plan para crear pozos y una unidad flotante para producir petróleo en las islas

Malvinas: la Justicia federal investiga un plan para producir petróleo en las islas

La disputa por el proyecto petrolero Sea Lion sumó un nuevo capítulo judicial. La Justicia Federal de Río Grande se declaró competente para intervenir en la demanda presentada contra las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, acusadas de avanzar con un proyecto de explotación de hidrocarburos en la zona de las Islas Malvinas sin autorización argentina.

La decisión de la jueza federal de Garantías de Río Grande, Mariel Borruto, abre la puerta a una causa que combina dos dimensiones sensibles para la Argentina: el impacto ambiental y la cuestión de la soberanía sobre las Islas Malvinas. La presentación fue realizada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA), que solicitaron que se frenen las actividades vinculadas al emprendimiento.

Sea Lion es un proyecto offshore impulsado por la compañía israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% del emprendimiento, y la británica Rockhopper Exploration, propietaria del 35% restante. El plan contempla la perforación y explotación de petróleo en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas. Las empresas sostienen que cuentan con las licencias otorgadas por las autoridades de las islas, mientras que la Argentina considera que se trata de una explotación unilateral de recursos en un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa.

Según pudo saber A24.com, el planteo judicial sostiene que “las compañías avanzaron con tareas logísticas y de construcción a partir de licencias emitidas unilateralmente por el Reino Unido y que el proyecto no cuenta con una evaluación de impacto ambiental realizada por las autoridades argentinas”.

También cuestiona la ausencia de un certificado de aptitud ambiental y reclama que se adopten medidas preventivas antes de que la explotación entre en una etapa irreversible.

La disputa por la soberanía y el avance judicial

Uno de los puntos centrales de la resolución es la participación que tendrá la provincia de Tierra del Fuego. Borruto dispuso que la Fiscalía de Estado provincial sea incorporada al expediente para resguardar los intereses vinculados con el patrimonio y el ambiente. La jueza entendió que la zona involucrada tiene relación con la jurisdicción provincial y que el caso excede una discusión exclusivamente nacional.

El Ministerio Público Fiscal había advertido, además, que un eventual daño ambiental podría superar los límites de una jurisdicción específica debido a la conexión oceanográfica del Atlántico Sur con el Mar Argentino y las Islas del Atlántico Sur. El proyecto prevé pozos submarinos, ductos y una unidad flotante destinada a producir, almacenar y descargar petróleo.

Pero la discusión no se limita al ambiente. La propia Justicia incorporó al análisis la cuestión de la soberanía. La Fiscalía sostuvo que la causa involucra un interés federal relacionado con la disputa por Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. En ese marco, recordó las normas argentinas que consideran ilegales las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos realizadas sin autorización argentina en la plataforma continental.

El avance judicial ocurre, además, en medio de la ofensiva política del Gobierno de Javier Milei contra las empresas que participen de la explotación petrolera en las islas. El Ejecutivo anunció sanciones y anticipó nuevas medidas para impedir que compañías vinculadas con Sea Lion puedan desarrollar actividades en territorio argentino. La decisión judicial agrega ahora una vía institucional a esa disputa.

El conflicto tiene también una dimensión económica. Sea Lion es considerado un proyecto petrolero de gran escala y las compañías prevén comenzar la producción en 2028. La primera etapa contempla una producción estimada de unos 50.000 barriles diarios. La iniciativa representa una apuesta estratégica para las empresas involucradas y, al mismo tiempo, un desafío para la Argentina, que busca impedir que la explotación de recursos naturales en el área disputada avance bajo licencias británicas.

Qué sigue en la causa por Sea Lion

Ahora, la causa deberá atravesar una serie de pasos procesales antes de que exista una definición sobre las medidas cautelares solicitadas. La jueza ordenó que Tierra del Fuego intervenga en el expediente y también requirió documentación adicional a las organizaciones demandantes, incluyendo traducciones de documentos redactados en idiomas extranjeros.

El expediente coloca así a la Justicia Federal de Río Grande en el centro de una disputa que excede ampliamente los límites de un conflicto empresarial. En juego aparecen el futuro de un proyecto petrolero multimillonario, la protección ambiental del Atlántico Sur y, por encima de todo, la histórica controversia por la soberanía de las Islas Malvinas.

Sea Lion todavía no comenzó a producir petróleo. Pero su avance ya abrió un nuevo frente de conflicto entre la Argentina, el Reino Unido y las compañías que pretenden explotar los recursos hidrocarburíferos de una zona cuya soberanía continúa siendo reclamada por nuestro país.

En pocas palabras

  • petroleo
  • Justicia Federal: Investiga un plan de producción petrolera en Malvinas sin autorización argentina.
  • Empresas involucradas: Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration buscan explotar el yacimiento Sea Lion.
  • Cuestiones en juego: El caso abarca el impacto ambiental y la soberanía sobre las Islas Malvinas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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