Los cuestionamientos no son menores. Los opositores advierten sobre los residuos generados por las granjas, su posible impacto sobre los bosques de algas y, especialmente, sobre las zonas de desove del calamar loligo, uno de los recursos pesqueros fundamentales para la economía de las islas. Especialistas también cuestionaron la falta de estudios independientes y de una determinación rigurosa de la capacidad de carga del ecosistema.
El antecedente judicial y el debate por los recursos de Malvinas
El antecedente judicial también resulta significativo. Las autoridades isleñas habían rechazado el proyecto en 2022, pero la empresa obtuvo posteriormente un fallo que anuló aquella decisión por considerar que no había existido una consulta previa adecuada. Ahora se abrió un proceso de información pública para evaluar la viabilidad de la actividad.
Desde el gobierno de las islas buscan despegarse, al menos por ahora, de una decisión definitiva. La administración sostiene que no está ni a favor ni en contra de la salmonicultura y que los estudios pretenden analizar los distintos escenarios posibles.
La discusión podría parecer, a primera vista, exclusivamente ambiental. Pero en Malvinas casi ninguna discusión sobre el territorio, sus aguas o sus recursos naturales puede desprenderse completamente del conflicto de soberanía.