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Mendoza: tensión e incidentes por la modificación de la ley minera que permite el uso de químicos

Mendoza: tensión e incidentes por la modificación de la ley minera que permite el uso de químicos

Luego de que el pasado viernes la Legislatura de Mendoza aprobara la modificación de la Ley 7.722, que permite el uso de sustancias químicas en la industria minera, comenzaron a sucederse manifestaciones y cortes de ruta en varios puntos de la provincia.

Ahora, tras una marcha que se inició en el Valle de Uco hacia la Casa de Gobierno en reclamo del veto de la norma, se registraron incidentes que finalizaron con unos 19 policías heridos y 16 manifestantes detenidos.

Durante la mañana del domingo, una movilización partió desde el departamento de San Carlos y arribó a la Casa de Gobierno durante la mañana, donde desplegaron pancartas y banderas, mientras que entonaban cánticos exigiendo que el gobernador Rodolofo Suárez vete la modificación. Ante esta situación, el secretario de Ambiente Humberto Mingorance se reunió con 4 referentes de los asambleístas a quienes les informaron que buscarán mantener el diálogo, pero que no vetarán la ley.

Con este resultado, los incidentes comenzaron a tomar las calles y se produjeron enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, quienes los reprimieron con gases lacrimógenos y balas de goma. El resultado, según información oficial, 45 detenidos y 16 policías heridos.

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¿Qué sucedió?

En el marco de un aumento en el desempleo (que ya se encuentra en el 10%) y en respuesta a un reclamo de las cámaras empresarias e industriales, el gobernador Rodolfo Suárez envió a la Legislatura una iniciativa para que se modifique una de las leyes centrales del sector minero mendocino.

Mediante el cambio en la Ley 7.722, que ya habría sido impulsada por el ex gobernador y actual diputado nacional Alfredo Cornejo y respaldada por el actual mandatario provincial esta iniciativa permite que utilizar sustancias químicas tales como cianuro y ácido sulfúrico, aunque no mercurio, para el desarrollo de esta actividad.

Así, bajo la consiga "el agua de Mendoza, no se negocia", Asambleístas realizaron una vigilia en la Plaza Independencia y un abrazo a la Legislatura provincial con el objetivo de que estos cambios no se plasmaran en la norma.

La sesión en la legislatura, que fue calificada como maratónica por los medio locales, permitió que la Cámara de Diputados aprobara la modificación, con 36 a favor, 11 en contra y una abstención, en horas de la tarde del viernes y que, horas más tarde, el Senado hiciera lo propio con 28 votos favorables y 7 negativos.

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¿Cuáles fueron los cambios?

En 2007 se sancionó la Ley 7.722, la cual establecía, en su primer artículo, la prohibición "en el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares".

Sin embargo, con la modificación, este ítem fue sustituido por: "Establézcase que el uso de sustancias químicas o mezclas o disoluciones de ellas, quedará restringido a aquellas que aseguren la sostenibilidad del proyecto y estará limitado a aquellos productos cuya producción, importación y uso esté permitido en la República Argentina, y su aplicación, transporte, almacenamiento y distribución estará sujeto a las normas vigentes nacionales e internacionales".

En otras palabras, se permite el uso de cianuro y ácido sulfúrico, aunque no mercurio; al tiempo que establece que "se deberán presentar estudios ambientales e informes sectoriales municipales del lugar donde pretenden instalarse los proyectos"

Asimismo, entre los legisladores que se opusieron a esta norma, como Jorge Difonso, diputado de Unión Popular (espacio aliado a Cambia Mendoza) y autor de la original 7.722, se pedirá la opinión de especialistas del Instituto Nacional de Nivología, Glaciologìa y Ciencias Ambientales (Ianigla), que analizan el cambio climático y la sequía estructural, para ver las repercusiones de esta nueva norma.

Incluso, se suma la creación de una Policía Ambiental y la territorialización de las Declaraciones de Impacto Ambiental con el objetivo de cada municipio que realice un proyecto minero genere su propia declaración y se rija por ella.

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La postura presidencial

Uno de los puntos que más controversia generó entre los asambleístas fue la postura del flamante presidente Alberto Fernández. Durante un almuerzo ante referentes de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), anterior a la jornada legislativa, el primer mandatario había dado por aprobada la reforma a la Ley 7.722.

"En Mendoza hemos logrado que salga una ley para que Mendoza también se involucre en la explotación minera", dijo el Jefe de Estado, al tiempo que señaló que busca "un Estado intervencionista, quiero crear un Estado inteligente que equilibre desigualdades en los mercados y que de garantía a los que invierten”.

Para reforzar su postura, Fernández realizó una comparación con Chubut: "Hemos logrado que en la zona de la meseta podamos explotar oro y plata. Allí esta nuestra riqueza y eso es abrirnos al mundo con inteligencia".

Tensión política en Mendoza

De todas maneras, más allá de las posturas del Ejecutivo nacional y la gobernación mendocina, dentro del arco político provincial existe un fuerte enfrentamiento entre los legisladores que se expresaron en contra de esta modificación, junto con los asambleístas, y el gobierno local, una controversia que, según adelantaron, finalizará en la Justicia.

Una de las localidades que ya se expresó en ese sentido es San Carlos. Los pobladores incluso advirtieron que llevarían esta disputa a la Suprema Corte de Mendoza, donde exigirán que se declare inconstitucional.

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Uno de los impulsores de la judicialización de esta modificación es el ex intendente de San Carlos, actual diputado provincial, Jorge Difonso. Difonso afirmó que buscará que se aplique el principio de no regresión ambiental y de progresividad, el cual se basa en el artículo 41 de la Constitucional Nacional.

Allì se establece el derecho "a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo".

"En materia ambiental no se pueden eliminar controles. Se pueden modificar las legislaciones pero para incorporar medidas de control, no para quitarlas ya que la esencia del derecho ambiental es preventiva. La 7.722 establecía la prohibición del cianuro y el ácido sulfúrico y la ley modificada ahora lo permite, estamos ante un rasgo bien nítido de inconstitucionalidad", comentó el legislador.

La postura del Gobierno mendocino

Ante esta postura, desde el Gobierno buscaron abrir un canal de diálogo con los manifestantes. El secretario de Ambiente Humberto Mingorance se reunió con Carlos Martínez de la Cámara de Comercio de Tunuyán, Roxana Bruno, una doctora, Eduardo Pérez Caram, un ingeniero químico de la UTN, y Belén Berracuti, que está haciendo una investigación sobre el agua de Maipú, representantes de asambleístas, donde les informaron que buscarían mantener el diálogo, pero que la ley no será vetada por Suárez.

Incluso, se les propuso conformar un observatorio que controle la aplicación de la ley y los controles ambientales relacionados con la actividad minera en la provincia y acordaron mantener una nueva reunión para avanzar con la discusión de las propuestas impulsadas por los asambleístas, aunque aún no se estableció la fecha del nuevo encuentro.

"La ley está en proceso de promulgación, pero más allá de eso, nuestra idea es mantener el diálogo con este grupo para trabajar en la reglamentación. Hoy pude hablar con cuatro referentes de ellos de distintas partes de la provincia, y el petitorio no pedía que no se promulgara, sino que se mantuviera tal como estaba la ley 7722. Está claro es que no habrá veto, es una ley que hemos impulsado con los distintos partidos políticos", dijo a la prensa el funcionario mendocino.

En ese sentido, según informaron desde el gobierno que lidera Suárez, la modificación de esta norma permitirá que se concreten 19 proyectos de megaminería y unos 17 mil puestos de trabajo, entre mano de obra directa e indirecta. Con lo cual esta actividad podría generar unos 349.234 millones de dólares (valor bruto del mineral).

Según un informe realizado por la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camem), los proyectos que podrían concretarse se encuentran ubicados en: Sierra Pintada (uranio), San Jorge (cobre y oro), Don Sixto (oro, ubicada entre San Rafael y Malargüe), Paramillos (plomo, plata y zinc), Elisa (cobre), Hierro Indio (hierro) y Paramillos Sur (cobre), los mismos que se incluyen en las estimaciones de producción a cinco años; y Papagallos (cobre y oro), Santa Clara (oro), y Barroso, Cerro Amarillo, Matancillas, Callejón Grande, El Seguro y Quebrada Amarilla (cobre).

En lo que se refiere a la carga tributaria directa anual que se extendería de esta actividad alcanzaría los 114 millones de dólares que podría traducirse en 213 millones de dólares de recaudación para la provincia.

Incidentes

La movilización que se inició este domingo en San Carlos, finalmente arribó a la Casa de Gobierno durante la mañana. Tras marchar por la Avenida José Vicente Zapata, llegaron a la sede del Ejecutivo a las 8 y desplegaron pancartas y banderas, mientras que entonaban cánticos exigiendo que Suárez vete la modificación.

Tras el encuentro entre Mingorance y los referentes de los manifestantes, cuando ya pasaba el mediodía, comenzaron a sucederse los incidentes, los cuales incluyeron no solo el corte del ingreso a la capital provincial por el nudo vial, sino enfrentamientos con la policía, quienes reprimieron a los manifestantes gracias a gases lacrimógenos y balas de goma.

Según declaraciones radiales del Director General de Policía Roberto Munives, "a las 13.30 muchas personas ya se habían retirado y un grupo delincuentes violentos que no responden al grupo mayoritario, hicieron actos vandálicos", por lo cual las fuerzas de seguridad respondieron con "gases lacrimógenos y balas de gomas".

"Con todo el conjunto de imágenes, se acercaron las pruebas a la Justicia y el balance parcial indica que hay entre 40 y 47 personas que están directamente relacionadas a las hechos vandálicos y las lesiones graves sufridas por el personal policial", dijo el responsable policial y afirmó que tras los incidentes hubo cerca de 45 detenidos y 16 policías heridos.

"Aproximadamente todo duró media hora. Está todo registrado en los videos, se ve en las imágenes quiénes motorizaron las acciones. No podemos decir que eran infiltrados, lo que sí podemos decir que estaban en el grupo de manifestantes", concluyó el jefe de la Policía.

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Amenazas

Luego de la modificación de la ley, cuatro personas fueron detenidas por amenazar telefónicamente a Suárez. Los aprehendidos, tres hombres y una mujer, son originarios de los departamentos de San Carlos y de General Alvear, quienes quedaron a disposición del fiscal Gustavo Fehlmann.

Según trascendió, estas amenazas e intimidaciones, que fueron enviadas mediante WhatsApp, comenzaron luego de que se difundiera el número del celular del gobernador en redes sociales.