El conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario llegó a la Justicia
La disputa entre el Ejecutivo y las universidades sumó un nuevo capítulo judicial luego de que el juez federal Martín Cormick declarara inconstitucional una cláusula del decreto 759/2025. Esa disposición condicionaba la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a la disponibilidad de recursos presupuestarios.
El magistrado ordenó que la norma se cumpliera de manera inmediata, aunque el Gobierno apeló la decisión.
La ley había sido sancionada en agosto de 2025. Tras el veto presidencial, el Congreso insistió con su aprobación al reunir la mayoría especial requerida. El Poder Ejecutivo finalmente la promulgó, pero suspendió su ejecución al sostener que era necesario establecer las fuentes de financiamiento.
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a las autoridades de las universidades públicas, cuestionaron esa decisión. Su presidente, Franco Bartolacci, sostuvo que el cumplimiento de las leyes no debería depender de la postura del Gobierno sobre cada norma.
El reclamo también tuvo expresiones durante la última semana. Los rectores trasladaron una reunión del CIN al Cabildo de Buenos Aires para exigir la aplicación de la ley, mientras que representantes de centros de estudiantes ingresaron al Palacio Pizzurno y reclamaron respuestas de las autoridades educativas. La protesta terminó con la intervención de las fuerzas de seguridad, luego de una reunión que no llegó a concretarse con el secretario de Educación, Carlos Torrendell.
La marcha universitaria y la discusión por el Presupuesto 2027
El financiamiento de las universidades también forma parte de las negociaciones por el Presupuesto 2027. En ese debate, el Gobierno propuso destinar $7,3 billones al sector, mientras que el CIN reclama $11 billones para garantizar su funcionamiento.
La diferencia entre ambas cifras anticipa nuevas discusiones en el Congreso, donde el oficialismo deberá negociar con distintos bloques legislativos.
La sesión especial de Diputados convocada para el jueves sumará otros temas a la jornada parlamentaria. Además del intento de rechazar el DNU 70/2023, la oposición prevé tratar iniciativas vinculadas con el endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad.
En ese contexto, la movilización universitaria reunirá a estudiantes, docentes, autoridades académicas y organizaciones sindicales para reclamar la aplicación de la ley de financiamiento.
Por su parte, Milei volvió a cuestionar el viernes, a través de su cuenta de X, a sectores que impulsan reclamos vinculados con las universidades, las jubilaciones y la discapacidad. “No defienden derechos. Defienden cajas”, escribió el Presidente.
La nueva Marcha Federal Universitaria se realizará así en medio de una controversia que continúa abierta en los ámbitos judicial, legislativo y educativo, con diferencias entre el Gobierno y las instituciones sobre los recursos necesarios para sostener el sistema universitario público.