El gremio de la UTA había acordado una suma no remunerativa de $250.000. Pero los delegados de algunas líneas no estaban de acuerdo con el arreglo. El acuerdo gremios y empresarios, y la postura del Gobierno.
Delegados de los choferes de la empresa DOTA advierten que no hay ningún acuerdo homologado por la Secretaría de Trabajo. Por lo tanto, dicen, si la empresa no firmó el convenio y ellos deciden no prestar tareas, les descontarían el sueldo. Esto se replica en todas las compañías que no firmaron el acuerdo anterior. Se suma a que algunas compañías temen multas estatales.
Desde estos sectores, denuncian que el paro vigente es un paro "a favor de las empresas". Según indican, es una medida de fuerza orientada a que el Gobierno aumente los montos de los subsidios. "Fernández (el titular de UTA) firmó sumas en negro por $250.000. Y lo que tendría que estar en el recibo, no está firmado", advierten.
Trabajadores de la otra línea interna del sindicato de choferes de colectivo hacen una advertencia al oficialismo gremial. "Nos están manipulando a los trabajadores para que cobren las empresas", dicen.
Las cámaras de transporte, dicen que tampoco estaba confirmado que ese plus debiera regir también para el sueldo de marzo (que se paga en abril). Debía haber una reunión el 15 de marzo para reconfirmar ese acuerdo. No sucedió.
Más allá de la interna gremial, las empresas insisten en que no tienen los fondos para afrontar ningún aumento. Estudios privados, indican que la "tarifa técnica" (pasaje + subsidio) perdió un 24% respecto a marzo del año pasado. Con esos números, no es viable ninguna recomposición.
El Gobierno prometió que daría libre vía al aumento de tarifas y quita de subsidios: los aumentos no sucedieron.
En marzo de 2023, los subsidios representaban el 87% de esa "tarifa técnica"; hoy es 67%. El peso del aporte estatal bajo. No está claro que la población pueda soportar más aumentos. En el Gobierno perciben un riesgo extra si tomaran esa medida: ¿qué pasa si los costos de cada boleto, superaran los salarios de los trabajadores?
El conflicto sigue abierto. La UTA está dispuesta a seguir con medidas de este tipo. Otros delegados de algunas líneas lo impugnan. Las empresas no le encuentran la vuelta. Y el Estado amenaza con multas a las compañías que no garanticen servicio: entienden -al igual que los gremios más combativos- que algunos empresarios usan a los trabajadores como "fronting" para negociar.
