En una conferencia de prensa que ofrecieron con el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, en el Salón de Conferencias de la Casa Rosada, los funcionarios explicaron que la red que funcionaba en la provincia estaba “comandada por un dirigente piquetero que prostituía mujeres a cambio de otorgar y administrar sus planes sociales”.
Según se precisó, el intermediario retenía las tarjetas, obligaba a las víctimas a asistir a marchas con fines políticos, y sustraía parte del dinero suministrado por el Gobierno; y actualmente se encuentra detenido.
“Estas prácticas extorsivas no tienen más lugar en este Gobierno. No más intermediarios”, sostuvieron los ministros del Gobierno nacional.
El protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich
Antes de la conferencia de prensa, la ministra Bullrich concurrió a los tribunales federales de Retiro, para respaldar la aplicación del llamado “protocolo de orden público” en una audiencia convocada por el juez federal Sebastián Casanello, en el marco de un habeas corpus que tramita a pedido de organizaciones de izquierda.
Bullrich arribó antes de las 11 al cuarto piso de Comodoro Py 2002, sede del juzgado de Casanello, y desde allí se dirigió a una sala de audiencias en el segundo piso del edificio, cedida para el trámite por la Cámara Federal porteña
La audiencia comenzó poco después de las 11 y se extendió hasta pasado el mediodía con la participación del juez, la fiscal del caso Paloma Ochoa, funcionarios del Ministerio de Seguridad y los denunciantes, entre ellos la legisladora de izquierda por la ciudad de Buenos Aires, Celeste Fierro.
Pasadas las 13.30 se dispuso un cuarto intermedio y se convocará a una nueva audiencia en fecha a definir por el juzgado.
“Es un paso muy positivo que hoy estemos en esta audiencia, además de la resolución que sacó el martes pasado el juez Casanello, que si bien no suspende el protocolo ni lo declara inconstitucional, que ha sido el pedido en nuestra acción judicial, dice que tiene que adecuarse a derecho”, expresó Celeste Fierro, la promotora del resucros judicial y dirigente del MST.
Bullrich “en este protocolo se arroga facultades y el juez deja en claro que las facultades para definir que es y qué no es un delito, se hace a través del Congreso, de las leyes y que interpretarlo es tarea de la Justicia y no del Poder Ejecutivo”, dijo también Ferro.
“Vamos a denunciar que este protocolo es una muestra del intento de este Gobierno de un cambio de régimen por uno más autoritario y totalitario que quiere avanzar directamente contra nuestros derechos”, agregó frente a manifestantes que se convocaron en la puerta de los tribunales.