Poder Judicial

"Pepín" Rodríguez Simón apunta contra Cristina Kirchner para reclamar asilo político en Uruguay

El exasesor de Mauricio Macri tiene una orden de captura internacional ¿En qué consiste su estrategia para evitar la extradición a la Argentina?
Rosario Bigozzi
por Rosario Bigozzi |
Pepín Rodríguez Simón apunta contra Cristina Kirchner para reclamar asilo político en Uruguay

Considerado prófugo por la justicia argentina, Fabián “Pepín” Rodriguez Simón impulsó una segunda solicitud de refugio político en Uruguay, con el propósito de seguir aplazando la extradición ordenada por la jueza federal Maria Servini. Mientras no se defina este planteo, el ex jefe de asesores del gobierno de Mauricio Macri podrá permanecer en libertad dentro del territorio uruguayo.

Según explicó su abogado, Jorge Díaz, surgieron hechos que probarían que Rodríguez Simón sufre persecución. Por un lado, el juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema, y por otro, una serie de manifestaciones públicas de Cristina Fernández de Kirchner, después del atentado contra su vida, y de la condena en la causa Vialidad.

En aquella ocasión, la vicepresidenta acusó a “Pepín” de ser “el amarillo” que organizaba la mesa judicial del macrismo y obligó a renunciar a la ex Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

Fabián Rodríguez Simón presentó un nuevo recurso ante la Comisión de Refugiados (CORE), aunque todavía no fue convocado a declarar. Si no lo tomasen en cuenta, regresará a los Tribunales de Montevideo a reclamar una revisión, un proceso que podría demorar años.

A todo esto, el operador del macrismo fue convocado a declarar como testigo por la Comisión de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema. Pero respondió con una nota explicando que no se presentará porque está tramitando su asilo en Uruguay.

Sobre Rodríguez Simón pesa un pedido de captura internacional, tras ser declarado en rebeldía en una causa que investiga la presunta extorsión a los dueños del Grupo Indalo, durante el gobierno de Mauricio Macri.

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El paso a paso de una estrategia para ganar tiempo

Fabián “Pepin” Rodriguez Simón, vio venir el rechazo a su pedido de asilo en Uruguay, y antes de que lo resolviera la Suprema Corte de Justicia de ese país, presentó un nuevo recurso ante la CORE para que lo declare refugiado político. Con esta estrategia busca postergar el inicio de juicio de extradición a la Argentina, que derivaría inevitablemente en su detención y traslado ante los tribunales de Comodoro Py.

Ya han pasado casi tres años desde que la jueza federal María Servini lo citó a indagatoria, para que se defienda de la acusación de extorsión a la empresas del Grupo Indalo.

El empresario Cristobal López había denunciado que -en nombre del ex presidente Mauricio Macri- “Pepín” lo había amenazado con iniciar causas penales en su contra, si no aceptaba duplicar el canon que abonaba por la concesión del hipódromo de Palermo. Estas supuestas presiones se repitieron hasta que la justicia resolvió embargar otra de sus empresas, Oil combustibles, por una deuda de 8 mil millones con la Afip. Como consecuencia de este litigio, López y su socio Fabián De Souza fueron a la cárcel.

Los antecedentes

En el marco de esta investigación, Servini recibió un informe de la Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) que analizó el cruce de llamadas del teléfono de “Pepín” Rodríguez Simón, donde se detectaron comunicaciones con varios magistrados, entre ellos los jueces de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.

Con esta imputación por delante, Rodríguez Simón pidió postergar su declaración en varias oportunidades, hasta que en mayo del 2021 anunció -desde Montevideo- que había pedido asilo como refugiado político en Uruguay. En ese momento, fundamentó que se había montado una persecución judicial en su contra, cuyo objetivo era meterlo preso. Explicó que “Alberto Fernández estaba en la nómina (de empleados) de Indalo antes de ser presidente”.

Inmediatamente, la jueza María Servini lo declaró en rebeldía por desobedecer la prohibición de salida del país y evitar un llamado a declaración indagatoria con su pedido de asilo en Uruguay. Además, libró una orden de captura internacional, por lo que Interpol difundió la alerta roja.

Sin embargo, para avanzar en la detención de Rodríguez Simón, antes debía completarse un juicio de extradición, un proceso que quedó en suspenso esperando que se resuelva su planteo de refugio.

Así fue que en 2021, Rodríguez Simón fijó domicilio en Montevideo y entregó sus pasaportes a la justicia de ese país. Meses más tarde, la CORE concluyó que no había fundamentos para considerarlo un “perseguido político” y rechazó su recurso. La cuestión se judicializó, y tras fracasar en todas las instancias, llegó al más alto tribunal uruguayo.

La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la República Oriental del Uruguay dio a conocer un fallo confirmando el rechazo al primero de los pedidos de refugio. Los jueces Elena Martinez, Tabaré Sosa Aguirre y John Perez Brignani ratificaron la legalidad de la resolución de la Cámara de Casación que desestimó la solicitud de refugio, habilitando la continuación del juicio de extradición.

La eficacia de la defensa de “Pepín” Rodriguez Simón se puso a prueba en esta etapa, pues previendo una resolución desfavorable, el 7 de diciembre del 2022 había presentado ante la CORE otro pedido de asilo, acusando a Cristina Kirchner de persecución política.

En la Comisión de Refugiados el tema lo analizan -en forma confidencial- representantes de Migraciones uruguayas, la Facultad de Derecho, la Cámara de Diputados, Naciones Unidas y Organizaciones no gubernamentales.

Fabián Rodríguez Simón participa activamente de la elaboración de la estrategia de su defensa, y siempre supo a qué se enfrentaba cuando avanzó en la solicitud para convertirse en refugiado político.

Junto con sus abogados llevó la situación al punto de partida, por lo que obtendrá una nueva oportunidad para explicar sus motivos ante los integrantes de la Comisión, esperar una resolución, y en caso de fracasar, regresar a la justicia para librar un proceso, que entre dictámenes y apelaciones podría demorar otros dos años.