El Presidente intenta recuperar la iniciativa con cuatro medidas para el consumo, pero que tienen letra chica
El gobierno de Alberto Fernández sigue corriendo detrás de los incendios. En una loca carrera contra las consecuencias de la inflación, el ministro de Economía, Sergio Massa, buscará este viernes recrear expectativas de consumo y baja de precios cuando anuncie el programa “Ahora 30” y “Ahora 42” para comprar electrodomésticos. Pero el nuevo “plan platita” del ajuste tiene su letra chica: los consumidores pagarán los productos un 99,9% más que en el precio de lista al cabo de los 30 meses.
Además, la suba del piso del impuesto a las ganancias no es lo que parecía: pese al alivio, aún obligará a pagar un alto impuesto a los contribuyentes. El bono para los más vulnerables solo alcanzará a dos millones de personas sin ningún ingreso y será de 22.500 pesos en noviembre y otros tantos en diciembre.
La seguidilla de medidas-parches para la coyuntura obedece a las exigencias que la vicepresidenta Cristina Kirchner formuló por Twitter tras conocer el índice de pobreza de 36,5 e indigencia de 8,8% que arrojó el Indec hace dos semanas. Los detalles fueron materia de análisis en la reunión de gabinete del miércoles tras los reclamos del sindicalismo K y de La Cámpora el lunes 17 de Octubre en la Plaza de Mayo.
Todavía no termina de cerrarse el acuerdo con los 20 a 30 empresarios de la alimentación para anunciar el “Plan Precios Justos” para 1500 productos con congelamiento por 120 días. “Tendremos un fin de año difícil y todavía habrá más medidas”, señaló a A24.com un alta fuente oficial de la Casa Rosada.
El listado de reclamos del sindicalismo K y de La Cámpora está latente y sin satisfacerse. “Es paso a paso, no se puede anunciar todo junto”, señalan en la Casa Rosada fuentes vinculadas a La Cámpora. Reclama un salario universal, subas en el salario mínimo, más bonos y más impuestos a sectores concentrados. Más ingresos para los más pobres. Pero Massa debe cumplir las metas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
La noticia que celebró este jueves el Gobierno fue el dictamen aprobado ayer del proyecto de ley de presupuesto de 2023 para tratar el miércoles próximo en Diputados. También, Economía mostró a última hora el cumplimiento de las metas fiscales del tercer trimestre y el incremento de reservas en el Banco Central.
Pero en los despachos de la Casa Rosada lamentaron este jueves el traspié de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, por anunciar que Alberto Fernández denunciará a un participante del Gran Hermano, Walter Santiago, por haber dicho que el Presidente lo “coimeaba” hace años y que los unía la relación con el legislador porteño Claudio Ferreño.
El dato había pasado inadvertido para el gran público y a partir de la denuncia de Cerruti todos los medios y las redes sociales levantaron los dichos de “Alfa” en el juego televisivo de Telefé como si fuera una cuestión de Estado. Cerruti tuvo que discutir hasta la tarde con los periodistas que la estrategia había sido correcta y Ferreño visitó al Presidente en su despacho de la Casa Rosada y le contó que Walter Santiago era amigo de su hermano.
Mientras Cerruti le presenta batalla al Gran Hermano, Massa combate la inflación con una seguidilla de parches para contener precios y mejorar las condiciones para el consumo: instruyó mediante la resolución 701 a la Secretaría de Comercio que dirige Matías Tombolini a que haga convenios con las provincias y los municipios de todo el país para que controlen manu militari el Programa Precios Cuidados.
En ese contexto, Economía informó anoche que en septiembre se registró un superávit primario de 5284,2 millones de pesos. Y que de ese modo, el déficit primario del tercer trimestre fue de 1,09 billones de pesos, con lo cual se cumple la meta fiscal del acuerdo con el FMI. Además, las reservas del Banco Central se incrementaron ayer en 702 millones de dólares por el ingreso de un crédito del BID gestionado Massa durante su reciente viaje a Washington.
En Economía anunciaron que Massa presentará este viernes los programas “Ahora 30” y “Ahora 42”, remedo de los Ahora 12 y Ahora 18 que anunciaba Cristina Kirchner antes de 2015. En aquellos planes, las cuotas eran financiadas por el Estado y no implicaban un aumento sobre el valor del producto. El precio original era el mismo que el precio final.
En cambio, según pudo saber A24.com, en estos programas los bancos -no el Estado- financiarán a los comerciantes al 48% anual y el consumidor pagará el producto en 30 y 42 cuotas, pero habrá una diferencia importante en el precio original al final de los pagos. Un producto de 100.000 pesos se pagará en 30 cuotas mensuales de $6664 cada una. El precio terminará siendo de 199.920, un 99,92% más que el valor original.
Si el consumidor lo compra en estos días, terminará de pagarlo en junio de 2025 y si la inflación sigue el ritmo de 95% anual, las cuotas se licuarán. Pero si Massa tiene éxito en bajar la inflación, el consumidor no se beneficiaría tanto. El plan apunta a reactivar la producción nacional de electrodomésticos y a ahorrar energía eléctrica porque serán de bajo consumo.
Como se sabe, el programa apuntará a la compra de televisores para el Mundial de Qatar, celulares, heladeras, lavarropas y aires acondicionados. Los precios se congelarán por 90 días. Este viernes se ponen en marcha el Ahora 30 y en noviembre el Ahora 42 solo para jubilados y pensionados.
El plan dependerá de los acuerdos de congelamiento de precios entre los fabricantes, los comerciantes y los bancos, que financiarán al comercio. “El interés que paga el cliente es de 99,92% al cabo de las 30 cuotas”, señaló a A24.com una fuente de la Secretaría de Comercio.
Al mismo tiempo, Massa anunció un alivio tributario para la clase media al elevar el piso del impuesto a las ganancias para los trabajadores en relación de dependencia, pero excluyó las alícuotas de los autónomos. El nuevo piso a partir del cual no se paga impuestos será de 330 mil pesos del salario bruto y 274 mil del salario neto.
Sin embargo, el mínimo no imponible se mantendrá en 112 mil pesos para trabajadores solteros y 161 mil para los casados. De ese modo, sólo dejarán de pagar el impuesto aquellos que ganen menos de 330 mil brutos. Pero si el trabajador gana desde 331 mil pesos se aplicará el impuesto sobre la diferencia entre el mínimo no imponible de 112 mil y los 331 mil, con lo cual la base imponible sería de 219 mil con alícuotas de 35% y no de las alícuotas progresivas entre 5% y 35%, según la base imponible.
Según Economía, el nuevo piso beneficiará a 380 mil personas. Y para evitar “saltos” en las escalas para el pago del impuesto habrá una deducción especial incremental cuando la remuneración es superior a 280.792 pesos y resulte inferior o igual a 324.182 pesos. También se elevó la Deducción Especial Incrementada para el tramo de remuneración que va de 330 mil pesos hasta 431.988 pesos y el medio aguinaldo, que se cobra en diciembre, queda afuera del impuesto.
“Tendrían que haber aumentado el mínimo no imponible a 330 mil y no dejarlo en 112 mil porque así apenas se pasa el salario de 330 mil se empieza a pagar con una alícuta alta del 35%”, dijo el tributarista César Litvin. Además, dijo que según el índice de variación salarial hasta agosto de 2022 el aumento del mínimo no imponible debió hacerse hasta los salarios de 360 mil pesos y no de 330 mil.
Por otra parte, Massa anunció ayer el bono para sectores más vulnerables que se pagará en noviembre y diciembre para unas dos millones de personas de 18 a 64 años, sin ningún ingreso laboral ni prestaciones del Estado. Será de 45.000 pesos, pero dividido en esos dos meses, de 22.500 pesos cada uno.
Las personas no tendrán que tener trabajo registrado (relación de dependencia, autónomos, monotributo, monotributo social y casas particulares), ni jubilación o pensión, ni tampoco percibir Asignación Universal Por Hijo o Embarazo ni asignaciones familiares, ni el Plan Progresar, ni planes sociales como Potenciar Trabajo o prestación por desempleo.
No tendrá que tener Obra social o Prepaga y se va a cruzar información de otros organismos para verificar la situación patrimonial, de consumo y determinar el nivel de vulnerabilidad “con el objetivo de llegar a quienes más lo necesiten”. Los recursos saldrán de la recaudación de la liquidación del “dólar soja” dispuesto por el decreto 576 con el que se constituyó el Fondo Incremento Exportador.
Todavía Tombolini no terminó de definir el programa Precios Justos, que regirá por 120 días para unos 1500 productos. Ya tuvo reuniones con las principales alimenticias como Mastellone, Molinos Río de la Plata, Aceitera General Deheza, Quilmes, Coca-Cola, Bimbo y Danone, pero hasta este jueves la Secretaría de Comercio mantenía silencio. No había acuerdo en el volumen y en la colocación del precio en los envases.
La idea es cerrar el acuerdo con 20 o 30 empresas de consumo masivo que representen el 65% del mercado de alimentos. Sería por etapas y con exigencias para cada empresa. El plan y todas las medidas del paquete en favor del consumo son parte de las exigencias que le formuló la vicepresidenta Cristina Kirchner por Twitter hace dos semanas cuando pidió firmeza con los grandes formadores de precios de alimentos.