A días del cambio previsto, el Gobierno frenó la implementación del nuevo sistema acusatorio en los tribunales federales porteños. La excusa fue la falta de preparación, pero detrás pesan internas, resistencias y una mudanza que nadie quiere hacer.
El gobierno nacional accedió a diferir por un plazo excepcional e improrrogable de tres meses la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio en los tribunales federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Explicó que la decisión fue “consecuencia de reiterados reclamos del Ministerio Público Fiscal, vinculados a la falta de preparación suficiente para investigar casos complejos en esta jurisdicción”.
Fuentes ligadas a la Procuración general se mostraron satisfechos con la postergación ante la consulta de A24.com, aunque relativizaron que la única razón hayan sido sus demandas. Por el lado de los jueces, las opiniones se dividen.
En Comodoro Py afirmaron que ellos estaban listos para arrancar como estaba previsto el 11 de agosto próximo, por lo que en el fuero criminal y correccional no se planteó ninguna objeción. Sin embargo, en los Tribunales de Inmigrantes, la Cámara en lo Penal Económico había remitido un mensaje a la Corte Suprema solicitando que le haga saber al Ministerio de Justicia de la Nación acerca de su preocupación por la falta de nombramientos de magistrados para encarar la aplicación del nuevo Código Procesal Penal Federal.
Como sea, todos los integrantes del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal y las Defensorías están de acuerdo en avanzar hacia el Acusatorio. El propio Mariano Cúneo Libarona ha mantenido reuniones periódicas con las autoridades de cada sector. En este aspecto muchas de las fuentes consultadas señalaron que la voluntad no alcanza, porque también se necesita financiamiento para adecuarse a los cambios de procedimiento.
El gobierno levantó el guante al responder en el marco del anuncio que “considera que la transformación cultural iniciada es irreversible, que el sistema judicial penal federal cuenta con recursos suficientes para poner en marcha esta reforma, y que la Justicia debe adaptarse a un país austero, sin privilegios ni excusas corporativas”.
A dos semanas de la fecha límite para cambiar el método procesal, el ministro Cúneo Libarona ofreció una tregua a los jueces y fiscales que le manifestaban su preocupación en torno a la distribución del personal, los espacios físicos y los recursos materiales.
El Acusatorio otorga al Ministerio Público Fiscal la responsabilidad de recibir denuncias, llevar adelante las investigaciones y formular las acusaciones, hasta llegar al juicio oral. Los jueces intervendrán sólo como garantes de derechos, para autorizar medidas como allanamientos o detenciones, y dictar los fallos. Es decir, el peso operativo se trasladará de los juzgados a las fiscalías.
Cabe recordar que esos tribunales federales tramitan causas de alta sensibilidad institucional: corrupción en el Estado nacional, delitos de lesa humanidad, narcotráfico, evasión fiscal, trata de personas, secuestros extorsivos, lavado de dinero, contrabando, contaminación ambiental, falsificación de moneda, delitos contra la administración pública y contra la libertad de expresión, entre otros.
El procurador general interino, Eduardo Casal, le había enviado una nota formal al ministro de Justicia donde advirtió que las adecuaciones previstas para el MPF eran insuficientes. Enumeró falencias en la capacitación del personal, en la infraestructura edilicia y en los recursos destinados a la producción de pruebas.
Sobre la formación del personal, Casal señaló que los cursos organizados por la Unidad Especial Estratégica de Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UNISA) fueron más acotados de lo previsto, debido a la falta de tiempo y a la necesidad de no descuidar las tareas habituales de los fiscales.
La capacitación se realizó en paralelo con la de casi 2000 efectivos de las fuerzas de seguridad —Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía de la Ciudad— que colaborarán en las investigaciones penales.
Respecto a la reubicación de los fiscales, Casal remarcó que con las nuevas competencias se requiere concentrarlos en un único lugar, pero rechazó la decisión del Gobierno de trasladar sus oficinas al edificio Raúl Alfonsín, ubicado en el predio de la ex ESMA, sobre Avenida del Libertador 8151.
Según pudo averiguar A24.com, los fiscales argumentaron que la mudanza los alejaría más de 10 kilómetros de los tribunales de Retiro. Además, advirtieron que la dependencia asignada aún no está adaptada: carece de salas de audiencia y reuniones, áreas para atención a víctimas, espacios para detenidos y defensores, cámaras Gesell, depósitos de secuestros, y zonas seguras para preservar evidencia.
Propuso, como solución de contingencia, trasladar únicamente aquellas dependencias del MPF ubicadas en Comodoro Py e Inmigrantes que no se vean directamente afectadas por el nuevo sistema. Se trata de las Fiscalías Generales ante los Tribunales Orales de Menores N.º 1, 2 y 3, y las Fiscalías Nacionales en lo Criminal y Correccional N.º 60 y 61.
Casal también alertó que, con el nuevo código, muchas medidas probatorias quedarán a cargo del MPF, lo que exigirá una inversión que —según sus palabras— “pone en jaque las posibilidades financieras del organismo”. También pidió corregir la asimetría actual: el Poder Judicial cuenta con 71 jueces, 1532 funcionarios y empleados; en cambio, el MPF dispone de apenas 40 fiscales y 569 agentes.
En cuanto a los recursos tecnológicos, solicitó la compra de licencias actualizadas de software, computadoras más potentes y mejoras en conectividad. Además, reclamó que se transfieran al MPF varios cuerpos técnicos clave para la investigación criminal: el Cuerpo Médico Forense, la Morgue Judicial, los Cuerpos de Peritos Contadores, Calígrafos, Tasadores, Martilleros y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, junto con sus respectivas partidas presupuestarias.
Los jueces Carolina Robiglio y Roberto Hornos, integrantes de la Cámara Federal en lo Penal Económico, también solicitaron formalmente la postergación del nuevo Código Procesal Penal. Presentaron una nota al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, en la que pidieron que interceda ante el Ministerio de Justicia, señalando que tienen cuatro cargos vacantes y no pueden garantizar el funcionamiento pleno del nuevo sistema.
Plantearon además que el modelo acusatorio exige una mayor presencia en audiencias orales y jueces de revisión, pero que las condiciones actuales lo dificultan: escasean las salas de audiencia, faltan equipos informáticos adecuados y la red de internet inalámbrica presenta fallas que complican la realización de videoconferencias.
En conclusión, Robiglio y Hornos pidieron aplazar temporalmente la implementación del nuevo sistema hasta contar con todos los recursos humanos, edilicios y económicos necesarios.
