La primera alarma sonó en Tucumán, donde el gobernador Juan Manzur -uno de los más cercanos al Presidente- no pudo evitar la ruptura del peronismo local ante una discusión -en apariencia menor- por la designación del Defensor del Pueblo. El sustrato de ese conflicto es la sucesión de 2023, en la misma tradición que llevó al propio Manzur a disputar en su momento con su antecesor José Alperovich. El peronismo no pierde el tiempo.
Alberto Fernández junto al Gobernador de Tucumán Juan Manzur.
Manzur y Alberto. Gobernadores del peronismo necesitan la unidad para ganar en octubre (Foto: archivo)
Ahora, el vicegobernador tucumano Osvaldo Jaldo comandó un “alzamiento” en la Legislatura provincial y facilitó, a principios de marzo, la designación de un Defensor del Pueblo -Eduardo Cobos- que no era del agrado de Manzur. La desobediencia generó que el bloque se partiera en dos y, elocuentes, los diputados del gobernador rebautizaron su bancada como “Lealtad Peronista”.
Después vino lo obvio: pedido de renuncias a ambos lados de la grieta y gestos de apoyo de la Casa Rosada para Manzur. “No es momento de anteponer intereses personales, sino de atender los problemas de la gente", advirtió el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, desde Buenos Aires. Pero ya era tarde.
Otro síntoma -tal vez bajo la forma de un “error no forzado”- vino desde Río Negro, donde la gobernadora Arabela Carreras y su antecesor, el hoy senador Alberto Weretilneck, se quejaron de la decisión de Alberto de designar a Martín Soría -un viejo adversario del pago chico- como nuevo ministro de Justicia.
“Tiene ciertas dificultades para un diálogo razonable o pacífico, y sus niveles de violencia generan preocupación", dijo Carreras. “Viviremos una de las etapas más oscuras de la relación interpoderes”, advirtió Weretilneck, que ya avisó que, como aliado, no apoyará en el Senado nada que venga del Ministerio de Justicia.
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Weretilneck, en tiempos de alianza con Cambiemos. (Foto: archivo)
¿Será suficiente para alterar la relación del partido Juntos por Río Negro, que gobierna la provincia desde 2015, con el poder central? ¿Alberto tomó en cuenta la mirada de ese sector aliado para tomar la decisión? Si bien es prematuro dar respuestas, hay un antecedente inquietante: Weretilneck ya fue aliado de Mauricio Macri.
El distanciamiento quedó cristalizado con la reunión que Santiago Cafiero y “Wado” De Pedro mantuvieron, la semana pasada, con “referentes” del Frente de Todos Río Negro. Un espaldarazo que se produce al calor de la llegada de Soria al gabinete y que difícilmente hubiera tenido lugar si el gobierno de Río Negro no hubiera criticado la designación en Justicia.
“En los peronismos donde los gobernadores están vinculados al PJ por una cuestión táctica de supervivencia no habrá rupturas, más siendo una elección parlamentaria”, analizó ante A24.com uno de los jefes del justicialismo tradicional, que apuntó: “Del mismo modo que lo hicieron con Macri, los gobernadores tienen que ir llevando el timing de la realidad y gestionar para sus provincias”.
Por eso en el peronismo tradicional se muestran seguros de que las decisiones de peso se tomarán cuando esté en juego el poder real, en 2023; del mismo modo que en su momento varios gobernadores “saltaron de Macri al Frente de Todos”. Por ahora los cortocircuitos quedan contenidos en los límites provinciales.
Pero el riesgo para muchos es que la oposición pueda capitalizar ese malestar de los gobiernos locales. Como está ocurriendo en Formosa, donde se está conformando una alianza variopinta entre peronistas disidentes y radicales para disputarle el poder a Gildo Insfrán. Otros de perfil más alto, como el chaqueño Jorge Capitanich, ya están haciendo media coaching para medirse en la arena nacional en el próximo turno electoral, conscientes de que deben reaccionar con una fuga-hacia-adelante.
Reproches
Otro motivo de discordia con los aliados son las PASO. Pese al consenso entre gobernadores oficialistas y opositores para suspenderlas por única vez por la pandemia, la inacción del Poder Ejecutivo en su interacción con el Congreso -que es el cuerpo que debe legislar sobre ese punto- llevó a que el cronograma electoral se pusiera en marcha aunque nadie con responsabilidades de gestión estuviera de acuerdo.
En el pago chico, sin embargo, hay matices: en Salta, por ejemplo, el gobernador Gustavo Sáenz decidió adelantar las elecciones para junio y fulminar, en el camino, las primarias de la provincia. La Rosada hizo saber su malestar. Pero la reacción terminó ahí.
Gustavo Sáenz
Gustavo Sáenz, gobernador de Salta. (Foto archivo)
La decisión de Sáenz -excandidato a vicepresidente de Sergio Massa- generó una ruptura con la línea del peronismo salteño que responde al ex gobernador Juan Manuel Urtubey, quien por su parte ya está trabajando en la conformación de una nueva “tercera vía” junto a Florencio Randazzo, Graciela Camaño y parte de lo que fue el espacio de Consenso Federal de Roberto Lavagna. Distintos casos que podrían sentar jurisprudencia sobre la precariedad del sistema de alianzas del oficialismo con las provincias. Vendrán dos años intensos.
