“Por eso la principal batalla ahora es la de descentralizar los laboratorios del Malbran para aplicar los primeros 50 mil reactivos desde el jueves próximo”, dijo un funcionario. Surge de todos modos un conflicto. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) demora la aprobación de un nuevo test rápido como el que se aplicó en Corea del Sur, con buen resultado.
El diputado Eduardo Bali Bucca, de Consenso Federal, le pidió al Presidente que se pudiera agilizar el proceso burocrático porque era fundamental para descomprimir los diagnósticos retrasados. El Malbran puede hacer unos 200 diagnósticos por día. Y sólo la Ciudad de Buenos Aires tenía ayer 231 nuevos casos sospechosos para poder evaluar. Si se cuentan las restantes 23 provincias el cuello de botella surge a la vista.
“No importa que aumenten los casos, al contrario. Van a aumentar seguramente los casos positivos de un día para el otro. Pero eso es bueno porque nos permite tener la información, la estadística y aislarlos y comenzar a tratarlos y recuperarlos”, señaló ayer una fuente cercana al ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quiroz.
Para que los laboratorios comiencen a descentrarlizarse, lo primero es que el Malbran pueda capacitar a los profesionales. Esa capacitación ya comenzó y los primeros distritos serán la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Luego las prioridades serán, Chaco, Córdoba y Santa Fe, de acuerdo al número de infectados por la peste, que hasta anoche eran 31.
El objetivo del Gobierno es que en unas pocas semanas se instalen 35 laboratorios en todo el país. La provincia de Buenos Aires montará seis. La Ciudad todavía no dio a conocer el número, pero adelantó que se apelará a sanatorios privados y hospitales públicos.
Otra batalla no menor del gobierno de Alberto Fernández será la económica. La parálisis de la sociedad por varias semanas implicará que vastos sectores dejarán de formalizar transacciones económicas. De allí los anuncios de medidas de la semana última postergación de pagos de contribuciones patronales, créditos para empresas y Pymes, Repros, obras públicas, contención de precios, abastecimiento, fiscalización, refuerzo en comedores escolares, y aumentos en bonos para jubilados y AUH, entre otras. Ese es un colchón para atenuar el impacto económico.
“Tendrá un costo fiscal de 2 puntos del PBI”, señaló un funcionario de Balcarce 50, en sintonía con otras fuentes de diversos ministerios. Cada punto del PBI equivale a 4000 millones de dólares, por lo cual, al tipo de cambio oficial, eso implicaría una erogación de 520.000 millones de pesos. El ministro de Economía, Martín Guzmán, descuenta que gran parte de ese impacto será cubierto por una gran emisión monetaria. En medios del peronismo se comenta que el Banco Central deberá emitir por encima de un billón (no millón, sino billón) de pesos. No solo deberá cubrir esos gastos sino otras erogaciones que no están saldadas por la caída estrepitosa de la recaudación.
La reparación del sistema de salud se realizará con la partida extraordinaria que anunció el Presidente hace dos semanas, de 1700 millones de pesos. Pero en la Casa Rosada descuentan que se deberán agregar partidas incalculables hoy para reforzar el sistema.
También se compraron 64 respiradores para distribuir según las zonas más críticas, según les informó el ministro de Salud, Ginés González García, a los diputados de la oposición el miércoles último. El sistema nacional tiene 8444 camas Unidad de Terapia Intensiva. Pero pretenden aumentar el número. La Ciudad quiere llevarlas a 700.
Para ese objetivo, también el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, anunció anteayer la construcción de dos hospitales el La Matanza, que estaban sin terminar, y de 8 hospitales de emergencia desmontables que se distribuirán entre la provincia de Buenos Aires (5 en el conurbano) y el Gran Cordoba, el Gran Rosario y el Gran Resistencia. Son unidades aprobadas por las Naciones Unidas de 26 camas de terapia intensiva y 46 camas comunes, de 1000 metros cuadrados y de 100 profesionales de la salud cada uno. Todo será un mayor gasto público.
El Gobierno anuncio medidas para los jubilados, beneficiarios de planes sociales y de AUH. También para las empresas y para las Pymes. Pero Alberto Fernández está preocupado por el sector de la clase media media y media baja que no está en la nómina de beneficiarios de ayuda social ni está como trabajador en relación de dependencia. Son entre 700 mil y un millón de trabajadores cuentapropistas informales o montributistas (carpinteros, albañiles, electricistas, empleadas domésticas, taxistas, entre otras miles de ocupaciones y de trabajadores ocasionales) y que al paralizarse el país no cobrarán sus ingresos diarios.
El ministerio de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, dijo ayer en A24 que se estudian medidas que todavía están en carpeta. “Hay que cuidar el ingreso y que todos coman”, señaló. Y confirmó que existe un “esquema con el Ministerio de Defensa y el de Seguridad” para garantizar los alimentos, además de que el Estado cuidará de que los precios no aumenten. La peste tendrá su coletazo en abril y el Presidente organiza el comando de campaña para resistir la crisis.
