Enero largo y caliente en plena feria judicial, con pasillos casi vacíos en Tribunales, trabajo modo “home office”, chats telefónicos con expresiones medidas y mucha preocupación por la crisis institucional que deriva de la intención del Gobierno nacional de remover a los 4 jueces de la Corte Suprema.
Antes del fin de semana se enteraron que los diputados del Frente de Todos presentaron un proyecto para promover el juicio político del presidente del Máximo Tribunal, Horacio Rossati, y del resto de sus integrantes, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, por la causal de mal desempeño, en los términos del artículo 53 de la Constitución Nacional.
En la iniciativa de más de 400 páginas los legisladores del oficialismo distinguen el juicio político del penal: “No es un juicio penal que persiga castigar, sino separar del cargo” a quienes incumpliesen con la Constitución.
Aclaran que “el juicio a los funcionarios y magistrados sometidos a ese control, también taxativamente mencionados en la manda constitucional, es de carácter político, con propósitos políticos, promovido por culpas políticas, cuya consideración incumbe a un cuerpo político y con efectos políticos”.
A su vez, el documento completa que “este proceso que se pretende impulsar resguardará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como institución fundamental de nuestra república, limitándose a juzgar la conducta reprochable de sus miembros”.
En el momento de describir los hechos que se reprochan, los diputados afirman que “exponen una situación anómala en la que la cabeza de un Poder del Estado que decide, arbitrariamente, invadir las esferas de las competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes de aquel, quebrantando así los pilares básicos en los que se asienta un sistema republicano de gobierno, en especial el principio de división de poderes”.
Por estos motivos, solicitan a la Cámara de Diputados que, en cumplimiento de su rol acusador ante el Senado, “disponga las medidas necesarias para llevar adelante el proceso de juicio político contra los magistrados”.
En la lista de medidas de prueba a solicitar, el Frente de Todos solicita la "intervención a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) para establecer el cruce de llamadas entrantes y salientes de las líneas telefónicas vinculadas con la investigación".
Además, le pide a la Comisión de Juicio Político que cite a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Horacio Daniel Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti.
Aunque la propuesta debe pasar por el debate en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, donde la oposición podría poner reparos u ofrecer sus propias medidas de prueba, los representantes del oficialismo que impulsan el jury contra los jueces de la Corte Suprema solicitaron la comparecencia de al menos 35 personas:
Aparece en las supuestas conversaciones telefónicas con Marcelo D’Allessandro que de acuerdo a la acusación de Frente de Todos “demuestran que Horacio Rosatti, a través de Silvio Robles, ha desarrollado operaciones políticas específicas ejecutadas a través de arbitrarios fallos judiciales”.
También mencionan a su esposa, Laura Latorre, por haber sido Directora en la empresa Farmacity, cuando estaba bajo la dirección de Mario Quintana, y luego fue funcionaria del gobierno de Cambiemos.
De todos modos, vale recordar que Farmacity perdió un reclamo ante la misma Corte Suprema cuando pedía establecerse en territorio bonaerense. Incluso, en ese fallo votaron conjueces en lugar de Rosatti y Rosenkratz, pues ambos se autoexcluyeron. Carlos Rosenkrantz, por haber sido abogado de Farmacity, y Rosatti después de que la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) pidiera su apartamiento, a pesar de que se rumoreaba que ya tenía escrito su voto a favor de la provincia de Buenos Aires.
El oficialismo menciona que en “los chats publicados en distintos medios de prensa entre Robles y D’Alessandro consta que entre ambos existió una coordinación y un asesoramiento directo desde la Corte hacia el Gobierno de la Ciudad respecto de cómo proceder en el caso del Consejo de la Magistratura”.
Por otro lado, indicaron que Robles y D'Alessandro fueron juntos a una celebración de la familia del Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques.
Para los acusadores estos sucesos fueron suficientes para afirmar que “si Robles es Rosatti, D'alessandro es Rodríguez Larreta, lo que evidencia la clara y aberrante connivencia existente entre el autoproclamado Presidente de la Corte Suprema y quien pretende ser Presidente de la Nación”.
A su vez, Loretti es Secretario del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Celebró el fallo de la Corte Suprema cuando suspendió la ejecución de la sentencia que disponía que su cliente, el periodista Santiago O’Donnell, le entregará a Mariano Macri -hermano del ex presidente- las grabaciones de las entrevistas que ambos mantuvieron y que dieron origen a la publicación del libro Hermano.
En otro caso, como amicus curiae, alegó en contra del Grupo Clarín en la audiencia pública convocada por el Máximo Tribunal, en el marco de la causa contra el Estado Nacional por la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (ley 26.522).
Aunque el documento de los diputados del peronismo no menciona a ninguno, la propuesta de remover a los 4 jueces la Corte hace referencia a los 12 mandatarios provinciales que surgen del comunicado del Poder Ejecutivo: Axel Kicillof, provincia de Buenos Aires; Raul Jalil, Catamarca; Jorge Capitanich, Chaco; Gildo Insfrán, Formosa; Sergio Ziliotto, La Pampa; Ricardo Quintela, La Rioja; Alicia Kirchner, Santa Cruz; Gerardo Zamora, Santiago del Estero; Gustavo Melella, Tierra del Fuego; Osvaldo Jaldo, Tucumán; incluidos Gustavo Bordet, Entre Ríos, y, Mariano Arcioni, Chubut, que fueron puestos en duda.
Es el jefe de los abogados que representan al Estado Nacional frente a la Corte Suprema en la causa por el dinero de la coparticipación que el gobierno debe girar a la ciudad de Buenos Aires. En su presentación ante el Alto Tribunal recusó a los jueces y les pidió que dejaran sin efecto el fallo por considerarlo “arbitrario, injusto y parcial”.
Wado de Pedro participó en las negociaciones con Ciudad que terminaron en un fracaso, y dieron paso a la Corte Suprema a revisar la medida cautelar solicitada por Ciudad.
Cuando el Máximo Tribunal benefició a la Capital Federal, advirtió “incoherente y antifederal es sacarles recursos a las provincias para darle al Gobierno de la Ciudad, el más rico del país”.
Fue sumado a la lista de convocados por los cuestionamientos al fallo conocido “2 por 1”. Los legisladores se refirieron al fallo “Muiña” del 2017, en el que los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz votaron “en beneficio del represor Muiña, resulta írrita por diametralmente opuesta a la literalidad normativa de valor supremo en el Derecho, la pirámide jurídica encabezada por los instrumentos internacionales de derechos humanos”.
Fue parte del Máximo Tribunal hasta que cumplió los 75 años de edad. Cuando salió el fallo de coparticipación, lo condenó describiendo la situación como “ajurídica, no diría antijurídica sino ajurídica: un agujero que se abrió en el Derecho y que se va ampliando hasta que llegamos a una situación que es caótica".
Barcesat consideró que el fallo de la Corte que dispuso que Nación destine el 2,95 por ciento de los impuestos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires generó el "conflicto de poderes más grave desde la recuperación de la democracia". Fue uno de los que sostuvo que el gobierno estaba obligado a desobedecer la orden.
El exjuez español ya cumplió condena por prevaricato dictada en su país en 2012. Lo sentenciaron por su actuación en los casos conocidos como Franquismo y Gürtel. No obstante, muchos revisionistas consideran que su castigo fue arbitrario. En Argentina se hizo conocido por su investigación sobre los crímenes ocurridos durante la dictadura militar en los que hubo víctimas españolas. Procesó por genocidio, terrorismo y torturas a 99 imputados, incluidas las máximas autoridades de las Juntas, y el marino Adolfo Scilingo, quien había confesado su responsabilidad en los “vuelos de la muerte”.
En la actualidad se desempeña como coordinador de la defensa del editor australiano de WikiLeaks, Julian Assange.
Como abogado también defendió al ex presidente de Bolivia, Evo Morales. Hace un mes difundió una carta abierta a los jueces del TOF 2 que condenó a 6 años de prisión a Cristina Fernández de Kirchner, en la causa Vialidad.
En ese escrito sostuvo que “ha sido un ajusticiamiento político”, y agregó que ”el daño producido con este proceso a la democracia es apenas reparable”.
- A los integrantes de la Vocalía del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Horacio Rosatti.
- Todos los Directores, Secretarios, Funcionarios y/o empleados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hayan tenido intervención y/o pudieran aportar datos de interés respecto de los hechos denunciados.
- Cpn. Hector Daniel Marchi. Administrador Gral de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
- Lic. Joaquin D. Alperovich. Unidad de Análisis Económico de la CSJN.
- Cpn. Carmen Maria Odasso. Directora de Administración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
- Dr. Sebastián Clérici. Secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
- Dr. Enrique de Vedia. Prosecretario letrado en la Corte Suprema de Justicia.
- Dr. Enzo Canonaco. Médico legista.
- Dra. María Cristina Interlandi. Médica forense y perito de la CSJN.
- Cpn. Oscar Fernández. Perito de la CSJN.
- Cpn. Gustavo Montanini. Docente UBA.
- Abuelas de Plaza de Mayo.
- Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
- H.I.J.O.S. Red Nacional.
-H.I.J.O.S. Capital.
- Familiares de Detenidos Desaparecidos por razones políticas.
- CELS Centro de Estudios Legales y Sociales.
- Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
- Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte.
- Liga Argentina por los Derechos Humanos.
- Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
- Fundación Memoria Histórica y Social de la Argentina.
- Asociación Buena Memoria.
- Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz.
- Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza.
En Tribunales están molestos y preocupados por el modo en que la pelea con el Gobierno afecta la imagen del Poder Judicial.
En este sentido, el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), Marcelo Gallo Tagle, le dijo a A24.com que “se está generando una situación sin precedentes, porque cada vez es más frecuente que ante un fallo que no es agradable al Ejecutivo, la reacción sea tomar algún tipo de represalia”.
Remarcó que “en este caso puntual el tema fue complicado porque a partir del día siguiente del fallo de la coparticipación a favor de la Ciudad, la primera reacción del gobierno fue decir que no iba a cumplirlo, y es un mensaje muy peligroso para la sociedad toda y para la seguridad jurídica en sí misma, porque si la mayor autoridad la Nación te dice no voy a cumplir la Constitución, no voy a cumplir con los fallos de la Corte, estamos en problemas”.
Asimismo, son múltiples las opiniones del ámbito judicial que rechazan las decisiones del oficialismo porque “colocan a todos los funcionarios en la misma bolsa”.
Entre los consultados admiten su incomodidad por la presunta conducta impropia de algunos funcionarios, sin embargo, señalan que “más allá del bochorno no podemos acreditar que constituya un delito”.
Sobre todo coinciden en que los famosos chats que se filtraron con supuestas conversaciones entre jueces, empresarios y funcionarios son nulos debido a su origen ilegal, por lo que jamás podría tomarse como prueba en una causa penal.
Mientras tanto, permanecen alertas a lo que pueda suceder en el Congreso con el combo de proyectos que abordan el funcionamiento de la Justicia. Advierten que tienen pocas chances de prosperar aunque temen que funcionen como un elemento de negociación para lograr la aprobación de otras iniciativas en el Congreso.
Por lo pronto, señalan que al reemplazar la propuesta del juicio político que elaboró el presidente Alberto Fernández, por otra presentada por los diputados del Frente de Todos, lo que están logrando es que el dictamen tenga vigencia por 3 años.
De este modo, si la Comisión a cargo aprueba un dictamen acusatorio contra los ministros de la Corte Suprema, el oficialismo podría reservarlo como una “bala de plata”, a la espera del momento oportuno para llevar la discusión al recinto, teniendo en cuenta que en este momento los números no le alcanzan.
