“Las autoridades bolivianas han comunicado oficialmente que, durante los controles migratorios realizados, se habrían verificado inconsistencias entre las condiciones declaradas para el ingreso al país y las actividades anunciadas públicamente por la delegación, así como cuestiones vinculadas al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación boliviana”, sostuvo el funcionario.
Quirno agregó que la decisión fue adoptada por Bolivia en ejercicio de sus atribuciones migratorias. “En función de ello, y en ejercicio de las facultades soberanas que corresponden a todo Estado para regular el ingreso, permanencia y salida de personas extranjeras de su territorio, decidieron no admitir el ingreso de los integrantes del grupo, quienes se encuentran retornando a la República Argentina”.
Tras conocerse la medida, el diputado nacional de Unión por la Patria, Juan Marino, confirmó que la comitiva regresaba al país. “No nos permitieron ingresar a Bolivia. Ya estamos en vuelo volviendo a Argentina”, escribió en su cuenta de X. Además, anunció una conferencia de prensa para brindar detalles sobre lo ocurrido.
Desde la Cancillería también informaron que la Embajada argentina en Bolivia y los consulados generales en La Paz y Santa Cruz de la Sierra activaron los mecanismos de asistencia consular para acompañar a los ciudadanos afectados y mantener contacto permanente con las autoridades bolivianas.
La palabra de los legisladores
La legisladora porteña del Frente de Izquierda, Alejandra Barry, relató desde el aeropuerto de La Paz que los integrantes del grupo fueron retenidos por las autoridades migratorias sin recibir explicaciones sobre la medida adoptada.
“Nos retuvieron los documentos y por ahora no nos dejan ingresar sin ningún tipo de explicación. Nos querían llevar a una habitación de inadmitidos. Dijimos que no”, afirmó en un video difundido desde la terminal aérea.
Barry señaló que la misión tenía como propósito elaborar un informe sobre denuncias vinculadas a presuntas vulneraciones de derechos humanos durante manifestaciones y conflictos sociales en Bolivia.
Por su parte, el diputado nacional Germán Martínez sostuvo que Marino había ingresado previamente al país a través de Santa Cruz de la Sierra y había realizado los trámites migratorios correspondientes antes de ser retenido en La Paz.
A través de sus redes sociales, Martínez reclamó que el legislador pudiera desarrollar las actividades para las que había sido invitado y pidió la intervención de las autoridades consulares argentinas para garantizar su integridad.
Las repercusiones en Bolivia
Por su parte, la diputada de Libre, Lissa Claros, denunció injerencia extranjera en asuntos internos de Bolivia. Además, anunció que pedirán un pronunciamiento de la Embajada de Argentina sobre el caso.
En tanto, la diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Catherine Pinto, cuestionó la participación de activistas argentinos y sostuvo que intentan "instalar una visión distorsionada de la realidad del país" mediante denuncias sobre una presunta represión que, según aseguró, "no se corresponde con los hechos".
La legisladora afirmó que las principales afectaciones a los derechos humanos están vinculadas a los bloqueos que dificultan la circulación de alimentos, combustibles y otros productos esenciales. Además, criticó que los integrantes de la delegación no se manifiesten sobre las consecuencias que estas medidas generan en distintos sectores de la población y consideró que mantienen una postura con motivaciones políticas.
En la misma línea, el diputado Alejandro Reyes consideró que la llegada de la delegación respondía a una coordinación internacional con fines políticos y solicitó que se investigara el financiamiento del viaje, incluidos los pasajes, la estadía y otros gastos.
Además, reclamó la expulsión de quienes, según su postura, respaldan políticamente al expresidente Evo Morales.