El Senado convirtió en ley el proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva

Revisión tarifaria

Intervenir los organismos de control de los servicios públicos

Fijar impuestos adicionales para bienes en el extranjero

Incorporar nuevas operaciones al impuesto al dólar

Fijar o modificar nuevas retenciones

Bajar retenciones a productos de economías regionales

Fijar los aumentos jubilatorios

Decretar aumentos para el sector privado

Emitir deuda

Prorroga de emergencias anteriores

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, y que ayer a la mañana fue sancionado por la Cámara de Diputados, recibió el apoyo de la bancada del Frente de Todos y de sus aliados, como Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), pero también del santafecino Carlos Reutemann integrante del interbloque Juntos por el Cambio como representante del bloque Santa Fe Federal.

En contra lo hizo el resto del interbloque de Juntos por el Cambio, en tanto que la riojana María Vega, quien hoy juró como reemplazante de la radical Olga Brizuela y Doria (electa intendenta de La Rioja), se abstuvo.

El proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva contempla la declaración de la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020, para aplicar medidas ante la crisis económica y social y sentar las bases para promover el desarrollo productivo.

Cuáles son los principales ejes

• Creación de un impuesto a la compra de dólares para turismo o atesoramiento.

• Aumento de alícuotas del impuesto a los bienes personales.

• Moratoria para las pymes.

• Congelamiento y revisión de las tarifas.

• Suba en los derechos de exportación de granos y oleaginosas (retenciones).

• Suspensión de la movilidad jubilatoria.

Se eximen de esta medida a las víctimas de la Ley Brisa, judiciales, docentes, ex funcionarios nacionales y científicos ya que ambos grupos tienen sistemas que garantizan un determinado ingreso con relación a los activos.

El debate

El oficialismo logró el quórum sin la presencia de la oposición que, sin embargo, no impidió que el Frente de Todos lograra los votos positivos de los dos tercios de los miembros presentes en el recinto que se requieren para debatir la cuestión sobre tablas.

El debate de la iniciativa estuvo interrumpido durante casi dos horas por pedido del interbloque de Juntos por el Cambio, cuyos miembros reclamaban que no habían llegado a leer el texto aprobado por la Cámara baja tras una sesión de más de veinte horas que terminó cerca de las diez de la mañana.

Antes de pasar al cuarto intermedio, la oficialista mendocina Anabel Fernández Sagasti anunció que el presidente Alberto Fernández había notificado que ampliará el período de sesiones extraordinarias para discutir un proyecto que elimina las jubilaciones de privilegio en el Poder Judicial y en el cuerpo diplomático.

La cuestión previsional era uno de los principales pilares sobre los que se armó la estrategia de la oposición para votar en contra el proyecto que excluía de la suspensión de la movilidad jubilatoria a los regímenes especiales.