Tiemblan Cristina y Macri: ¿Cuáles son los fallos pendientes en la justicia antes de que finalice el año?

Mauricio Macri espera que Casación confirme su sobreseimiento en el caso de espionaje a los familiares del ARA San Juan.

La Corte Suprema deberá resolver si deja firme los sobreseimientos en Dólar Futuro o reenvía el caso a juicio oral. En tanto, quedó pendiente su decisión en relación a la demanda de la ciudad de Buenos Aires por la coparticipación que recibe del gobierno nacional.

Noviembre también es clave porque se define la conformación del Consejo de la Magistratura, que se ocupará de seleccionar o echar jueces en los próximos cuatro años.

Además, el calendario de los tribunales federales incluye el regreso de Jaime Stiuso para declarar en la causa que investiga la muerte del ex fiscal Alberto Nismam.

Cristina, Macri y Amia en Casación

Los jueces de la Cámara de Casación Federal fijaron audiencias a partir de esta semana para escuchar a las partes antes de resolver si revocan o confirman los fallos que favorecieron con el sobreseimiento -sin juicio oral- a Cristina Fernández de Kirchner y al resto de los imputados en las causas Memorándum, y Los Sauces-Hotesur.

El martes 8 de noviembre será el primer encuentro para tratar la apelación del fallo del Tribunal Oral Federal 8 que cerró por inexistencia de delito, el expediente que investigaba el supuesto encubrimiento a los iraníes sospechados de atacar a la AMIA.

La querella de los familiares de las víctimas del atentado expondrán sus argumentos en forma oral, y luego los abogados defensores presentarán sus respuestas. Recordemos que el fiscal de Cámara, Javier De Luca, desistió de reclamar que se haga el juicio, pues consideró que “la firma de un tratado internacional entre dos potencias soberanas no puede ser la base fáctica de un delito”.

Los implicados en este proceso son Cristina Kirchner, Eduardo Zuain, Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Angelina María Esther Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Luis D’Elía, Fernando Esteche, Jorge Alejandro Khalil y Ramón Allan Bogado.

En tanto, el jueves 10 de noviembre está convocada la audiencia para Los Sauces y Hotesur, un proceso unificado de dos expedientes que investigan el presunto lavado de dinero a través de una supuesta asociación ilícita integrada -entre otros- por la vicepresidenta, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, su sobrina Romina Mercado, Cristóbal López, Lázaro Báez, sus hijos Leandro, Martín y Luciana, y el ex socio de Máximo Osvaldo San Felice.

En este caso, el Tribunal Oral Federal 5 suspendió el juicio oral basándose en un informe preliminar de los peritos contadores.

El fiscal de Casación, Mario Villar, rechazó los sobreseimientos porque según dictaminó se “han devastado años de investigación, de recopilación de prueba de difícil obtención, de labor extenuante de distintos actores del Ministerio Público Fiscal frente a personas que ostentan un gran poder político y económico, sin siquiera darle a esta parte la posibilidad de debatir todas las cuestiones en un plano de mayor transparencia e igualdad”.

De acuerdo a los plazos ordenatorios del Código Penal, una vez cumplidas las audiencias, los jueces de la Sala 1, Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa, tendrán 20 días hábiles para resolver la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner y todos los demás.

Como antecedente, este tribunal es el mismo que en abril de 2021 sobreseyó a la vicepresidenta en Dólar Futuro, por inexistencia de delito.

Por otro lado, está pendiente un fallo de Casación relacionado con la situación de Mauricio Macri, en el proceso por el supuesto espionaje a los familiares del submarino ARA San Juan.

El ex presidente fue sobreseído por la Cámara Federal que entendió que todos los operativos estuvieron vinculados con la seguridad del primer mandatario. Luego llegó la apelación del Ministerio Público Fiscal (MPF), que podría resolverse antes de fin de año.

Sobre la investigación del atentado a la AMIA, Casación tiene que determinar si deja firme o rechaza la absolución de Carlos Telleldin, y la condena a seis años de prisión del exjuez del caso Juan José Galeano.

El fiscal ante Casación, Raúl Plée, pidió condenar al reducidor de autos Telleldín como supuesto partícipe necesario del ataque que provocó la muerte de 85 personas. Para revisar la pena de Galeano, la Cámara citó a las partes el 17 de noviembre.

El final del juicio Vialidad

Después de 3 años, el juicio oral por Vialidad ingresará el 14 de noviembre en su último tramo con las audiencias de réplica de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, tras los alegatos de las defensas.

Completada esta etapa, llegará el momento de las palabras finales de los procesados ante el Tribunal Oral Federal 2, donde se espera que Cristina Fernández de Kirchner vuelva a tomar la palabra.

Fuentes judiciales le dijeron a A24.com que el veredicto podría darse a conocer durante la primera quincena de diciembre, a la vez que alejaron todas las especulaciones relacionadas con la coincidencias de fechas con la Copa del Mundo. En este sentido, remarcaron que la idea es cerrar este proceso antes de la feria de verano, con el propósito de utilizar ese tiempo para escribir los fundamentos.

La acusación pidió 12 años de prisión para Cristina Kirchner y Lázaro Baez; y 10 años para Julio De Vido, y José López, como jefes y organizadores de una asociación ilícita dedicada a defraudar al estado.

Atentado contra CFK y Revolución Federal

Durante el acto en Pilar organizado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Cristina Fernández sostuvo que está resignada con la Justicia “porque me quieren de acusada y no de víctima".

Asimismo, señaló que quienes protestaban contra ella no estaban “indignados” sino que era “gente pagada por empresarios que se identificaron con el macrismo". Agregó: “no eran indignados, recibían millones de pesos…cortenla con los indignados, que no va más”.

Estas palabras fueron el respaldo a sus abogados José Ubeira y Marcos Aldazabal, que la representan como querellante en las causas que investigan el atentado del primero de septiembre, y, a la agrupación Revolución Federal (RF).

La vicepresidenta insiste en que el grupo de “los Copitos”, y los militantes de RF recibieron apoyo financiero y logístico de empresarios y dirigentes vinculados a Juntos por el Cambio.

En ambos expedientes, los jueces María Eugenia Capuchetti y Marcelo Martinez de Giorgi, atendieron buena parte de los pedidos de ampliación de prueba de la querella, aunque hasta el momento no tienen elementos para responsabilizar a ninguna compañía o dirigente relacionados con el expresidente Macri.

Mientras tanto, se abrió otro capítulo contra los dictámenes recientes de la Cámara de Apelaciones beneficiando con la libertad a los cuatro detenidos de Revolución Federal, y con la falta de mérito a la amiga de Brenda Uliarte, que había sido procesada como partícipe necesario del intento de homicidio.

El escándalo incluyó críticas de los funcionarios del gobierno, comenzando por la publicación en redes sociales del presidente Alberto Fernández.

Uno de los camaristas, Leopoldo Bruglia, reaccionó presentando su renuncia a la Asociación de Magistrados y haciendo saber que demandará al jefe de Estado por calumnias e injurias.

Causas pendientes en la Corte Suprema

La Corte Suprema recibió la semana pasada el dictamen del Procurador General, Eduardo Casal, en el que pidió revocar el sobreseimiento de Cristina Fernández en la causa Dólar Futuro, y que se lleve adelante el juicio oral que había suspendido la Cámara de Casación.

Sin llegar a revisar la cuestión de fondo, en su dictamen no vinculante el jefe de los fiscales opinó que la sentencia absolutoria es arbitraria porque valoró la prueba en forma fragmentaria y aislada, incurriendo en omisiones y falencias.

En este caso, la Cámara de Casación había sobreseído a Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Alejandro Vanoli, Miguel Ángel Pesce y otros 10 ex funcionarios, porque consideraron que la conducta juzgada fue la política monetaria que se pretendió llevar a cabo durante ese período “una cuestión cuyo acierto o desacierto no es judiciable”.

Con el dictamen de Casal quedó el camino abierto para que la Corte le dé firmeza al fallo de Casación o envié el proceso nuevamente a instancia de juicio oral.

En otro orden, el Alto Tribunal debe resolver la medida cautelar solicitada por el gobierno porteño contra la reducción del 1,4% de los fondos de coparticipación federal que recibía por los gastos de la Policía.

Consejo de la Magistratura

El nuevo Consejo de la Magistratura eligió a 12 de los nuevos integrantes del organismo que selecciona y controla jueces, y administra al Poder Judicial. Para completar los 20 miembros, resta que el Congreso determine quiénes serán sus ocho representantes.

Es así que el presidente del Consejo será el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; por el Poder Ejecutivo se quedará Gerónimo Ustarroz; los magistrados estarán representados por Diego Barroetaveña, Agustina Diaz Cordero, Alberto Lugones y Alejandra Provítola; los abogados seleccionaron a Miguel Piedecasas, Jimena La Torre, Hector Recalde y Maria Fernanda Vazquez, en tanto que los académicos serán Hugo Galdaresi y Guillermo Tamarit.

Como sea, es probable que ni el oficialismo ni la oposición obtengan una mayoría automática en el Consejo, por lo que estarán obligados a negociar concursos y procesos de juicio político, con el riesgo de dejar paralizado su funcionamiento por falta de acuerdos.

Causa Nisman y la imputación del fiscal Picardi

El 29 de noviembre Antonio “Jaime” Stiuso regresará a Comodoro Py, porque pidió declarar en la causa que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman.

El ex jefe de la antigua SIDE se enteró que un ex agente reveló a la justicia que tuvo como misión espiar a quienes entraban y salían de la fiscalía de Viviana Fein cuando tenía a cargo el caso. Al parecer estaba ubicado dentro de un auto en la calle de la fiscalía, para tomar nota de los movimientos.

El fiscal Eduardo Taiano quiere escuchar sus aportes, esperando que contribuyan a la investigación del presunto homicidio, que tiene a 5 personas procesadas: Diego Lagomarsino, como partícipe necesario por que se usó su arma para el crimen; y por encubrimiento e incumplimiento de sus deberes a 4 custodios de Nisman.

Otro caso que podría resonar en las próximas semanas se basa en un planteo del fiscal federal Franco Picardi.

Solicitó investigar al expresidente Mauricio Macri como supuesto responsable del armado de un "plan sistemático" de espionaje ilegal durante su gobierno, contra dirigentes de la oposición.

Picardi incluyó este pedido en el requerimiento de elevación a juicio oral y público del expediente en el que se investiga el espionaje ilegal en el Instituto Patria. La decisión dependerá del juez Marcelo Martinez de Giorgi.