El gremio presentó una cautelar contra resoluciones ministeriales que, según denuncian, vulneran el derecho a la estabilidad laboral.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una demanda ante el Juzgado Contencioso Federal para frenar las resoluciones de los ministerios de Capital Humano, Economía y Desregulación y Transformación del Estado que habilitan el pase a disponibilidad de cientos de empleados públicos. Según el sindicato, las medidas violan derechos constitucionales y exceden las facultades del Ejecutivo.
“El régimen de disponibilidad que dispuso el Gobierno es manifiestamente ilegal. Las resoluciones ministeriales son inválidas, arbitrarias y violan derechos laborales consagrados en la Constitución. Ni las facultades delegadas oportunamente otorgadas ni la Ley Bases justifican este pisoteo al derecho a la estabilidad en el Empleo Público”, expresó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
Además de la acción judicial, ATE intimó al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, para que convoque de forma urgente a una mesa de negociación. El objetivo es revertir los casos de disponibilidad y reubicar a los empleados en funciones equivalentes.
“El Poder Ejecutivo está excedido en sus atribuciones y de ninguna manera se cumplen los requisitos exigidos por la normativa vigente para que algún agente sea declarado en disponibilidad. No podemos aceptar la discrecionalidad que supone que sea el propio empleador quien defina cuál es la ‘dotación óptima’”, agregó Aguiar.
El dirigente recordó que, en los últimos 20 meses, la Justicia falló varias veces a favor de los trabajadores en causas contra el Gobierno. “Ahora debe actuar nuevamente para volver a poner en el ejercicio de sus derechos a los trabajadores del sector público. Sólo los gobiernos militares pusieron en disponibilidad y declararon prescindibles a los trabajadores afectando el derecho constitucional a la estabilidad”, advirtió.
La presentación fue elaborada por los equipos jurídicos de ATE Nacional y ATE Capital. Aguiar destacó que la articulación de las áreas legales del sindicato permitió logros recientes, como fallos a favor del derecho de huelga y el reconocimiento del Día del Empleado Público.
La medida cautelar presentada sostiene que el pase a disponibilidad, regulado por la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, solo puede aplicarse ante la supresión real de funciones. Según ATE, esto no ocurrió, ya que las tareas continúan realizándose en otras áreas, lo que configuraría una “simulación de reestructuración”.
Otro de los puntos objetados es el criterio de “dotación óptima” introducido por la Ley Bases, que, según la presentación, depende de la apreciación discrecional del funcionario a cargo y no de parámetros objetivos.
El sindicato también denunció que los pases a disponibilidad se dispusieron sin establecer un mecanismo que permita a otras dependencias estatales requerir a los trabajadores según su perfil profesional, tal como prevé la normativa.
