El Departamento de Justicia de Estados Unidos respaldará formalmente al gobierno argentino en el juicio por la expropiación de YPF. El organismo presentó un escrito ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York solicitando que se mantenga suspendida la sentencia dictada por la jueza Loretta Preska, que obliga al Estado nacional a pagar 16.000 millones de dólares por la nacionalización de la petrolera en 2012.
JUSTICIA ESTADOS UNIDOS
Trump respaldó a Argentina en el juicio por YPF: EE.UU. pidió frenar el fallo que ordena pagar USD 16.000 millones
El Departamento de Justicia presentó un escrito como amicus curiae ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York. El objetivo es sostener la suspensión del fallo que favorece al fondo Burford.
Estados Unidos mostró un gesto de respaldo al reclamo de Argentina en el caso YPF. (Foto: archivo).
El escrito, ingresado este martes, fue presentado en calidad de amicus curiae, una figura legal que permite a terceros ofrecer argumentos en causas de interés público. En este caso, los abogados David E. Farber y Benjamin H. Torrance, de la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, firmaron la presentación en respaldo de la Argentina. Aún no se detallaron los fundamentos del documento, aunque se anticipa que serán ampliados en los próximos días.
La iniciativa de Estados Unidos, que no es vinculante, buscaría ganar tiempo mientras se desarrolla el proceso. El proceso de apelación iniciado por el Estado argentino mantiene en suspenso, por el momento, la ejecución del fallo de Preska. La intervención del Departamento de Justicia busca precisamente consolidar esa suspensión hasta que se resuelva el litigio en segunda instancia.
Si bien la Corte no está obligada a considerar los amicus curiae, el apoyo del gobierno estadounidense otorga un peso político significativo. Sin embargo, la Argentina ya había recibido un respaldo similar por parte de la administración del presidente Joe Biden, sin que eso evitara un fallo adverso.
Aquella presentación de octubre de 2023 también fue en calidad de amicus, firmada por el entonces fiscal David Williams. En ese escrito, el gobierno de Biden advertía que la entrega de acciones violaría la inmunidad soberana del Estado argentino y pedía rechazar la solicitud del fondo Burford, que pretendía quedarse con el 51% del paquete accionario de YPF.
El argumento giraba en torno a que la justicia estadounidense no tiene competencia para ejecutar activos pertenecientes a gobiernos extranjeros. Se espera que esa misma línea sea retomada en la nueva presentación impulsada por el Departamento de Justicia, esta vez bajo la administración Trump.
¿Qué dijo Preska hasta ahora?
Preska, sin embargo, no hizo lugar a esos planteos. Hace apenas diez días, ordenó el traspaso de las acciones a Burford, pese a la oposición formal del gobierno de Biden. El nuevo gesto del Departamento de Justicia podría correr la misma suerte, aunque el oficialismo argentino apuesta a reunir un mayor volumen de apoyos internacionales que refuercen su posición ante el tribunal.
En paralelo, el alineamiento político entre Milei y Trump podría allanar el camino para acelerar este tipo de respaldos. Aunque el Departamento de Justicia ya había tomado posición a favor del país el año pasado, esta nueva intervención ocurre en un contexto de mayor afinidad entre ambas administraciones.
¿Cuál es el origen de la causa por YPF?
La causa por la expropiación de YPF tuvo su origen en 2012, cuando el gobierno de la por entonces presidenta Cristina Fernández Kirchner decidió nacionalizar el 51% de las acciones de la petrolera. Esa participación accionaria estaba en manos de la familia Eskenazi a través del Grupo Petersen, que luego cedió sus derechos de litigio al fondo Burford tras ingresar en proceso de quiebra. Otro fondo, Eton Park, también participó en la demanda, al considerar que Argentina violó el estatuto de YPF al no lanzar una oferta pública para los accionistas minoritarios.
Ambos fondos lograron un fallo favorable por US$ 16.100 millones más intereses. Argentina aún no abonó esa suma, amparada en la apelación. A ese reclamo se sumó otro juicio, iniciado por el fondo Bainbridge, que ya obtuvo una sentencia firme por cerca de 100 millones de dólares.
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