Su visión sobre el crecimiento del mercado cripto
La grabación también incluye referencias al desarrollo de las herramientas disponibles para operar con criptomonedas.
“Hace seis o siete meses que me empezaron a ofrecer pagos de publicidad en las redes en criptomonedas. Se ve que el mundo avanza, pero el mundo está bancarizado y el mundo tiene otra cultura financiera. En Argentina me parece que todavía, todavía hay que trabajar en esa maduración”, señaló durante la exposición.
El funcionario volvió además sobre las propuestas que comenzó a recibir para cobrar trabajos publicitarios mediante criptomonedas. “Hace seis o siete meses que me empezaron a ofrecer pagos de publicidad en las redes en criptomonedas”, afirmó.
En ese contexto, Adorni sostuvo que “con más cultura financiera probablemente hubiese habido un montón más de inversiones en Bitcoin que en la bolsa”.
No obstante, las declaraciones registradas en 2021 no incluyen referencias concretas a operaciones realizadas antes de 2017. Esa diferencia temporal mantiene abierto el debate sobre la fecha exacta en la que comenzó su participación en el mercado de criptomonedas y sobre la consistencia entre sus distintos relatos públicos.
La declaración jurada y la investigación
En ese marco, el jefe de Gabinete presentó este jueves su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción (OA), un día después de reconocer públicamente que había omitido informar parte de sus ahorros en presentaciones anteriores.
Entre los datos incorporados figuran deudas y préstamos vinculados a arreglos de inmuebles.
La investigación judicial también apunta a determinar la coherencia entre las fechas de las inversiones declaradas y el crecimiento patrimonial registrado. Entre otros puntos, se prevén pericias sobre las compras de Bitcoin y los movimientos asociados a esas operaciones.
Los investigadores buscan establecer si existe correspondencia entre las inversiones realizadas entre 2013 y 2014, los rendimientos obtenidos y los bienes incorporados posteriormente al patrimonio del funcionario. La variación patrimonial detectada ronda los 300 millones de pesos, según surge de la documentación presentada.