Vence el plazo para que Cristina entregue el listado de personas autorizadas a visitarla: el especial pedido "político"

Por eso, Beraldi y Llernovoy sostienen que la Justicia “no puede ir más allá de la condena” y remarcan que los derechos políticos y civiles de la exmandataria “siguen en pie”. Argumentan que el contacto con referentes de su fuerza y otros espacios políticos es parte de su actividad como dirigente.

Incluso hicieron foco en una eventual visita del presidente brasileño, Luiz Inácio “Lula” da Silva, como una muestra de las múltiples solicitudes que podrían llegar en las próximas semanas y que, de mantenerse la limitación, obligarían a múltiples presentaciones judiciales.

Cristina Kirchner debe presentar su lista de visitas: ¿quién queda afuera?

El escrito también reclama precisiones sobre los criterios que se usarán en el futuro para evaluar nuevos pedidos de ingreso a su domicilio. “Se deberán efectuar innumerables presentaciones”, advierten los abogados.

Además de la restricción política, los defensores cuestionan que la limitación alcanza también a allegados de la ex presidenta y peritos vinculados a causas judiciales paralelas, como la que investiga presuntas irregularidades en el empalme patrimonial entre ella y Néstor Kirchner.

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, los mismos que dictaron la condena en 2022, no dieron señales sobre el rumbo que tomarán, pero se barajan distintas posibilidades: desde extender el plazo para que Cristina entregue el listado, hasta flexibilizar el régimen de visitas o, por el contrario, ratificar la medida restrictiva ya adoptada.

El criterio del tribunal parece alineado con el de la sentencia, que además de la pena de prisión incluyó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El presidente del TOF N°2, Jorge Gorini, es el responsable de supervisar la ejecución de la pena.

Para reforzar su postura, la defensa de Cristina citó un fallo del juez de Casación Gustavo Hornos, quien intervino en la causa Vialidad. En ese voto, Hornos señaló que una persona condenada debe mantener “relaciones con el mundo exterior en la mayor extensión posible”, y que deben garantizarse sus derechos civiles y políticos.