El Gobierno anunciará el pago de un bono extraordinario para jubilados y pensionados nacionales, después de que se de a conocer el índice de inflación de junio, previsto en un 3,5%. Se buscará, de esta manera, compensar la diferencia entre el aumento de los haberes del primer semestre del año y la inflación acumulada durante el mismo período.
La inflación de enero a junio estará cercana al 24%, en contraposición con la Ley de Movilidad Jubilatoria (tuvo un aumento de del 8,07% de marzo y de del 12,12% en junio). De acuerdo a las diferencias que se planteen entre estos índices y de cómo impacte en la pérdida de poder adquisitivo, el Gobierno anunciará el monto cuyo pago será efectivo entre julio y agosto.
El esquema beneficiará a 4.900.000 de personas en un universo de 8.500.000. De todos modos, se está en pisos de ingresos jubilatorios muy bajos con respecto a las variantes de inflación.
Los pagos extraordinarios son un socorro frente a la pérdida de poder adquisitivo, pero no solucionan los problemas de fondo. Ante este panorama, se origina el derecho de la permanente demanda del resto de las jubilaciones y pensiones que cobran por encima de esos topes puesto que siguen perdiendo desde 2018. Es un círculo que sigue cerrado y que indica la imposibilidad de un efecto favorable en los distintos mecanismos de actualización, puesto que no se crece económicamente y no se desacelera el costo de vida.
