Por Juan Pablo Chiesa (*)
Con el fin de equilibrar las cuentas fiscales del sector público argentino, no solo es necesario una reforma tributaria, sino también la revisión del gasto público, sostiene Chiesa. (Foto: Archivo)
Por Juan Pablo Chiesa (*)
Argentina cuenta con un sistema de aportes a la seguridad social y al sistema de obras sociales llamado S.I.P.A. (Sistema Integrado Previsional Argentino).
Es la principal o una de las fuentes de financiamiento del Estado Nacional.
Este sistema cuenta con dos subsistemas que se llaman aportes y contribuciones. Estos son obligatorios para todos los dependientes en relación de dependencia, empleadores y los no dependientes (autónomos y monotributistas).
Es decir, es obligatorio para todo el empleo en nuestro país.
Las contribuciones a la seguridad social son las cargas que el empleador tiene la obligación de pagarle a la AFIP -el Estado- todos los meses, en concepto de impuesto al trabajo.
Mientras que los aportes a la seguridad social son los que todo empleador debe aportar al sistema mediante la retención que le hace su empleador en su recibo de haberes.
En detalle, las alícuotas que le corresponden al empleador son 10,77% jubilación; 6% obra social; 1,9% PAMI; 4.7% ANSES y 0,94% Fondo Nacional de Empleo.
Por su parte, el dependiente tiene el 11% a la jubilación; el 3% a la obra social y el 3% al PAMI.
Estas cargas sociales impactan, parcial y drásticamente, en el costo laboral de los empleadores.
Son devastadores en los altos niveles de informalidad, clandestinidad laboral y repercuten directamente en la baja y nula creación de empleo registrado.
La baja productividad existente en algunos sectores de la economía, por la ausencia de incentivos a la inversión, al crédito, a la creación de políticas de acompañamiento al sector PYMES, junto con las altas cargas sociales quebranta la rentabilidad de las empresas, desarrollo y crecimiento, generando un círculo vicioso que aumenta la informalidad, llegando hoy a números que superan la cantidad de empleo registrado.
En este marco de urgencia de las PYMES, considero necesaria la creación de un régimen especial para sectores sensibles de los 350 mil empleadores que no pueden, porque quieren, pero no pueden, tomar gente en blanco, ni hablar del impacto que tiene el retroceso de las leyes laborales y sistema indemnizatorio en el empleo argentino.
Este régimen especial debe tomar en cuenta la nómina de dependientes de un empleador, como así también su rentabilidad, flujo financiero en los próximos 12 meses posteriores y a consecuencia, con los márgenes de ganancias básicos, los organismos del Estado deben adecuar sus contribuciones a sus ganancias y pérdidas.
La política fiscal (tanto tributaria como de gasto) es la forma que tienen los Estados de llevar adelante una de sus principales funciones: por ejemplo, la redistribución del ingreso para mejorar el bienestar de la población más vulnerable.
El objetivo de la intervención es achicar la desigualdad que, debido a múltiples causas, se manifiesta en las diversas sociedades, reduciendo la pobreza y favoreciendo la equidad.
Con el fin de equilibrar las cuentas fiscales del sector público argentino, no solo es necesario una reforma tributaria, sino también es importante la revisión del gasto público, su reingeniería y desindexación junto a la mejora en su calidad.
Contamos con 8 millones de laburantes en NEGRO, sin jubilación, sin seguro de salud, sin obra social, sin protección del sistema. Esto es, casi la mitad de la población económicamente activa. Las personas que producen en nuestro país, nuestra economía, está en total desprotección y clandestinidad.
Ahora bien, el verdadero camino para combatir el empleo en negro, sin alterar el espíritu “protector” de la Ley de Contrato de Trabajo, es eliminar el temor de las empresas a emplear trabajadores sin que ello culmine en un endeudamiento, debido al alto impuesto al trabajo y la presión fiscal, ya que estas cargas son las que ocasionan el principal problema del empleo en la Argentina.
(*) El autor es abogado UBA. Especialista en Derecho del Trabajo, Seg. Social y Derecho Sindical. Magister en Empleo y en Políticas Públicas. Escritor y Docente.
