Los conductores de plataformas de transporte como Uber, Cabify y DiDi deberán cumplir nuevas condiciones para poder trabajar, tras un fallo judicial que también establece cambios en el esquema de control y regulación del servicio.
Los choferes de Uber, Cabify y DiDi deberán tramitar de forma obligatoria la licencia de conducir profesional y contratar seguros específicos para el transporte de pasajeros, de acuerdo con un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad.
La medida judicial establece nuevas exigencias para quienes trabajen a través de estas plataformas, con el objetivo de equiparar sus condiciones a las del sistema de taxis y remises en la Ciudad de Buenos Aires. En ese marco, los conductores deberán contar con habilitación profesional y seguros acordes a la actividad.
El fallo surge de una demanda presentada por el Sindicato de Peones de Taxis y otras cámaras del sector por competencia desleal desde 2016, y busca poner fin a casi una década de lo que los jueces calificaron como una “anomia voluntaria” por parte de las autoridades porteñas ante la falta de regulación específica.
La Cámara sostiene que las plataformas no actúan solo como intermediarias tecnológicas, sino que prestan un “servicio oneroso de transporte de pasajeros”, por lo que deben ser alcanzadas por las mismas reglas que rigen el transporte tradicional.
La resolución, firmada por los magistrados Fernando Juan Lima, Mariana Díaz y Marcelo López Alfonsín, establece que ante la ausencia de una ley específica, el Gobierno porteño debe aplicar a estas aplicaciones el mismo marco regulatorio y los mismos controles que rigen para taxis y remises.
Además, la sentencia ordena al Ejecutivo porteño iniciar sumarios para que las plataformas digitales comiencen a tributar los impuestos locales correspondientes y revisar el esquema de aranceles administrativos al sector taxista, que no podrá ser alcanzado por nuevos cobros salvo multas, hasta que exista igualdad de condiciones.
En paralelo, se dispone restringir la publicidad de aplicaciones no habilitadas en el espacio público y avanzar en campañas informativas dirigidas a los usuarios, advirtiendo sobre los riesgos de utilizar servicios que no cuenten con habilitación ni seguros profesionales.
El fallo no prohíbe el funcionamiento de las aplicaciones, pero sí ordena equiparar las condiciones de competencia con el sistema regulado. La medida se mantendrá vigente hasta que la Legislatura porteña sancione una ley específica que regule la actividad, momento en el cual quedará sin efecto.