La Justicia allanó establecimientos educativos de General Alvarado tras detectar la distribución de agua no apta para consumo. Se sospecha que se falsificaron documentos para encubrir la contaminación.
Investigan falsificación de informes y agua contaminada en escuelas.
En el marco de una investigación por la presunta falsificación de documentos y la distribución de agua no potable en el polo educativo de la ciudad de Mar del Sud, se llevó adelante una serie de allanamientos se realizaron el pasado miércoles en varias localidades del partido bonaerense de General Alvarado. Un estudio confirmó la presencia de bacterias “peligrosas para la salud”.
La investigación comenzó hace cuatro meses, cuando un padre denunció que sus hijos y otros alumnos del polo educativo de Mar del Sud habían sufrido episodios de gastroenteritis durante el ciclo lectivo anterior. El complejo incluye una escuela primaria, una secundaria y un jardín de infantes.
Ante la preocupación de las familias, la cooperadora gestionó un análisis bacteriológico y fisicoquímico del agua. El estudio, realizado por un laboratorio privado y conocido el 5 de marzo de 2025, reveló que el agua contenía escherichia coli (indicadora de contaminación fecal) y pseudomona aeruginosa, ambas bacterias peligrosas para la salud.
Pese a los resultados, desde la escuela se habrían presentado informes apócrifos que certificaban la potabilidad del agua. Según la fiscalía, las autoridades conocían que el recurso no era apto y habrían avalado documentos falsificados.
En una reunión con familias, representantes del Consejo Escolar de General Alvarado exhibieron dos informes supuestamente realizados por la Universidad Nacional de Mar del Plata, con la firma de una perito química. Sin embargo, cuando el padre denunciante se acercó a la facultad, la profesional negó haber rubricado esos estudios. Ese episodio motivó la denuncia en la Justicia federal.
El fiscal federal Carlos Martínez ordenó una serie de allanamientos en General Alvarado. Se secuestraron teléfonos, computadoras y documentación vinculada a un contratista del Consejo Escolar dedicado a la limpieza de tanques de agua en escuelas de la zona.
Además, se libraron órdenes de presentación en los tres establecimientos educativos y en la sede central del Consejo Escolar, donde se requirieron todas las actas de reuniones relacionadas con la potabilidad del agua.
A partir del material reunido —incluidos mensajes y audios—, se identificó a otras cuatro personas del Consejo Escolar que también habrían participado en la maniobra.
Para la Justicia, la hipótesis central es que las autoridades educativas sabían que el agua estaba contaminada y aún así avalaron estudios falsos para evitar suspender las clases y tranquilizar a las familias.
En el marco de la investigación, ya declararon docentes y personal de los tres establecimientos de Mar del Sud. El objetivo ahora es determinar responsabilidades penales y definir si los implicados enfrentarán cargos por falsificación de documentos y por poner en riesgo la salud de niños y adolescentes.
