Las amenazas afectan tanto a jardines maternales como a escuelas primarias y secundarias. Los padres denuncian que esta situación altera gravemente la rutina escolar y familiar, ya que deben retirar a sus hijos del colegio y esperar en una plaza cercana hasta que se complete el operativo de seguridad.
La comunidad educativa exige una investigación exhaustiva para identificar al responsable de estas amenazas. Se sospecha que podrían ser estudiantes intentando evitar exámenes o pruebas.
La situación es especialmente crítica para los niños más pequeños del jardín maternal, quienes requieren mayor atención y no pueden permanecer al aire libre durante largos períodos, especialmente en invierno.
Esta problemática puso en jaque no solo a la comunidad educativa, sino también a las autoridades municipales y judiciales, que parecen no encontrar una solución efectiva.
Las denuncias, según indicaron vecinos y padres, están en manos de la UFI N° 8, pero el problema persiste. La división de explosivos de la policía se ve obligada a registrar cada vez el lugar, evacuando el edificio y generando un enorme gasto de recursos sin poder identificar el origen de las llamadas.