El 21 de agosto de 2009, un joven con retraso madurativo de Chubut perdió a su madre en un trágico episodio. La mujer, una docente jubilada de 67 años, fue asesinada en un robo en su casa. Tras el crimen, su hijo se convirtió en el único heredero de propiedades valuadas en un monto cercano a un millón de dólares. Con una fortuna en sus manos, tres personas aprovecharon su vulnerabilidad e intentaron estafarlo para quedarse con sus bienes.
Los acusados de estafar a la víctima son un escribano, un abogado y un vecino del joven. "Estoy elevando a la oficina judicial el pedido para la audiencia preliminar del juicio oral y público para comenzar el debate cuanto antes, luego de los sucesivos intentos que hicieron los defensores de los imputados sin éxito", indicó el fiscal Fabián Moyano, que llevará la acusación junto a la querella y la asesoría de familia.
La víctima es Roberto Sartaja, de 24 años, hijo adoptivo y único heredero de Ana María Fontana.
Tras la muerte de Fontana, su hijo adoptivo pasó a ser propietario de 12 propiedades en Gaiman, Trelew y Playa Unión, además de dos vehículos que los tasadores calcularon por un monto total cercano al millón de dólares. De acuerdo a fuentes judiciales, la víctima no era consciente de la importancia material de los bienes que recibía.
"En esto es central la figura de Diego Armocida, un vecino de Roberto, quien logró ganarse su confianza y llegar incluso a que lo autorice a vivir en su chacra", explicó el fiscal Moyano, a la agencia Télam. La estafa ocurrió en la localidad chubutense de Gaiman, ubicada a 40 kilómetros al oeste de Rawson.
Armocida, que era dueño de un carrito de panchos, pudo hacerse de todos los títulos de propiedad del heredero y luego hizo que la víctima firmara un poder a nombre del abogado Daniel González para que se tramitara la transferencia de los bienes a su nombre. Esta maniobra judicial contó con la participación del escribano Agustín Ojeda.
"A Roberto le hacen firmar papeles sin que él tuviera conocimiento de lo que estaba haciendo, se aprovecharon de cierto retraso madurativo que tiene y de un alto nivel de confianza hacia las personas que lo hacen vulnerable, cosa que logramos acreditar con el trabajo de las psicólogas forenses que actuaron", explicó el fiscal.
El vecino se quedó con gran parte de las propiedades, el abogado González obtuvo un inmueble a nombre de su esposa y el escribano fue quien dio fe pública de lo actuado avalando en 20 minutos todas las transferencias de una venta fraudulenta. Los imputados pidieron una conciliación proponiendo devolver parte de las propiedades, lo que fue rechazado por el juez en primera instancia y por la cámara de apelaciones que consideró absurdo el ofrecimiento.
Fuente: El Diario de Madryn
