Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años de Barcelona, recibirá este jueves la eutanasia tras una batalla judicial que se extendió durante casi dos años y que mantuvo enfrentadas sus decisiones con la postura de su padre.
La joven de 25 años de Barcelona padece paraplejia irreversible y obtuvo autorización para acceder a la muerte asistida luego de que la Justicia rechazara los recursos impulsados por su familia.
La joven recibirá mañana la eutanasia luego de dos años de batalla legal. (Foto: redes sociales).
Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años de Barcelona, recibirá este jueves la eutanasia tras una batalla judicial que se extendió durante casi dos años y que mantuvo enfrentadas sus decisiones con la postura de su padre.
La joven padece una paraplejia irreversible y, ante ese cuadro, en 2024 solicitó acceder a la muerte asistida, lo que derivó en un proceso judicial que generó un fuerte debate social y legal en España.
La paraplejia irreversible es una lesión permanente de la médula espinal que provoca la pérdida de movilidad y, en muchos casos, de sensibilidad desde la cintura hacia abajo.
Quienes la padecen no pueden mover las piernas y suelen enfrentar además dificultades para controlar funciones básicas como la vejiga o el intestino, así como dolores neuropáticos intensos.
Se considera irreversible cuando el daño medular es completo y no existen tratamientos capaces de recuperar la función perdida, por lo que la persona requiere asistencia permanente y el cuadro no presenta posibilidades de mejoría.
Castillo Ramos había sufrido una agresión sexual múltiple y el 4 de octubre de 2022 se arrojó desde un quinto piso en un intento de quitarse la vida. Como consecuencia del impacto, sufrió una lesión medular completa que le provocó paraplejia y dolores neuropáticos intensos que, según informó el medio El Mundo, afectaban severamente su calidad de vida.
Tras ese diagnóstico, inició el trámite para acceder a la eutanasia. En una primera instancia, su solicitud fue aprobada por los equipos médicos y luego recibió el aval de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, que concluyó que cumplía con los requisitos legales.
Sin embargo, su padre, con el apoyo de la Abogados Cristianos, presentó distintos recursos para frenar el procedimiento. Esa oposición dio lugar a una sucesión de resoluciones judiciales que demoraron la aplicación de la eutanasia durante 20 meses.
Finalmente, la Justicia catalana avaló la decisión de la joven y el Tribunal Supremo de España confirmó que tenía derecho a acceder al procedimiento, al considerar que la negativa del padre no podía impedirlo.
Más tarde, el Tribunal Constitucional de España rechazó el último recurso presentado por la familia al no advertir vulneración de derechos fundamentales, lo que dejó sin margen nuevas apelaciones internas.
El caso llegó luego al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, donde se solicitó una medida cautelar para suspender el procedimiento. Esa petición también fue rechazada en marzo de 2026, lo que despejó definitivamente el camino para que la joven acceda a la eutanasia.
