La magistrada exige conocer por qué la dependencia nacional no aportó datos estadísticos sobre la incidencia de la enfermedad invasiva por meningococo (EIM), ni informó sobre las “dificultades de adquisición y entrega” de las dosis que habrían motivado la suspensión, qué sucedió con los fondos destinados a estas inmunizaciones, el sistema por el cual la secretaría compra y distribuye de esas dosis; al tiempo que reclama conocer cuándo volver a aplicarse estas inmunizaciones.
La jueza Biotti, además, aseguró que las respuestas proporcionadas por la Secretaría de Gobierno son insuficientes, incompletas y ambiguas, y aseveró que la definición no estuvo acompañada por dictámenes o documentos en los que constaran los fundamentos de esta decisión.
La suspensión de esta aplicación, que corresponde al refuerzo de la vacuna contra la meningitis que se aplica a los 11 años, se conoció en agosto de 2018 mediante un comunicado de prensa que difundió la Secretaría de Gobierno de Salud. En el documento, la dependencia nacional no aclaraba cuándo se retomaría la acción, incorporada gratuitamente en el calendario de vacunación en 2015.