En este caso siento una obligación de hacerlo porque circunstancias históricas me hicieron participar activamente de la sanción de dos leyes, que como esta, eran controvertidas por tocar cuestiones de género y en un caso convicciones religiosas.
Las leyes de divorcio y cupo femenino generaron resistencia, algunos debates, especulaciones sobre qué convenía hacer electoralmente y críticas sobre que eran presentadas para eludir discusiones sobre economía o distribución del ingreso.
Muchos años después podemos decir que ambas leyes mejoraron la convivencia y las instituciones en la Argentina.
La de divorcio permitió amparar por la ley el derecho de miles de familias reconstituidas, ejercer en forma madura la libertad de volver a apostar a construir una familia y que las normas y el Estado la reconozcan. Reconocimos el derecho a volver a empezar.
La ley de género habla por sí misma. La escena política se equilibró. Esta Argentina con gran cantidad de liderazgos femeninos en el Congreso, en los ejecutivos nacionales y provinciales y en la justicia, difícilmente fuese igual, no por falta de capacidad de las mujeres argentinas, si no por barreras y prejuicios que les impedían desplegarla.
Con la ley de despenalización, prevención y educación idealmente debería pasar algo parecido. Debería aprobarse y en unos años veremos que fue para mejor: que reconocimos un derecho y que con educación, prevención y -en última instancia- no penalizando el aborto, sacándolo de las sombras y el comercio ilegal y llevándolo al sistema de salud, salvamos muchas vidas.