La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que la investigación por presunto lavado de activos continúe en la Justicia Federal y salga del fuero Penal Económico.
La casaquinta de Villa Rosa, en Pilar, valuada en US$17 millones, quedó bajo investigación por presunto lavado de activos. (Foto: archivo).
La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que la investigación por presunto lavado de activos vinculada a una casaquinta de Pilar, presuntamente vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), deberá continuar en el fuero federal y regresar al juzgado de Campana a cargo de Adrián González Charvay.
El tribunal consideró que el delito investigado corresponde a la Justicia Federal y no al fuero Penal Económico. La decisión fue tomada por los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, mientras que Alejandro Slokar votó en disidencia por razones formales.
El expediente había sido enviado al Juzgado Penal Económico 10 de la Ciudad de Buenos Aires, subrogado por Verónica Straccia, después de una resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Ahora, Casación ordenó que sea remitido nuevamente a Campana “sin dilaciones”.
La causa investiga el origen de los fondos con los que Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, a través de la sociedad Real Central, adquirieron una propiedad ubicada en Villa Rosa, Pilar, valuada en US$17 millones. La denuncia sostiene que podría existir una falta de correspondencia entre el valor de los bienes y los perfiles fiscales e ingresos declarados por los compradores, que habrían actuado como presuntos testaferros de la cúpula de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino.
La defensa, representada por el abogado Mariano Morán, había reclamado que el expediente regresara a Campana debido a que la propiedad vinculada al supuesto delito se encuentra dentro de esa jurisdicción. La fiscalía de Mario Villar se había opuesto y argumentó que la investigación también comprende hechos que habrían ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires.
Los jueces Borinsky y Barroetaveña señalaron que el lavado de activos, previsto en el artículo 303 del Código Penal, no forma parte de las competencias asignadas legalmente al fuero Penal Económico.
Según el fallo, esa jurisdicción tiene una competencia especializada sobre delitos como evasión tributaria, contrabando, balance falso y régimen penal cambiario, pero no puede asumir una investigación únicamente porque los hechos tengan características económicas o financieras.
Para Casación, tampoco se identificó en el expediente otro delito que pudiera justificar la intervención del fuero Penal Económico.
El tribunal sostuvo además que el regreso del expediente a Campana no implica anular las medidas de prueba realizadas hasta el momento ni retrotraer la investigación a etapas anteriores. Por el contrario, ordenó que la pesquisa continúe para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
La investigación comenzó en diciembre de 2025 a partir de una denuncia contra Pantano y Conte, señalados como compradores de la casaquinta de Villa Rosa mediante la sociedad Real Central.
El primer juez que intervino fue Daniel Rafecas, quien remitió el expediente al fuero Penal Económico. Sin embargo, esa jurisdicción rechazó la competencia al considerar que no existía una norma que le atribuyera específicamente la investigación del delito de lavado de activos.
La causa atravesó luego distintas instancias judiciales hasta que, en junio, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico decidió que quedara en el Juzgado Penal Económico 10 de la Ciudad de Buenos Aires.
La defensa apeló esa decisión y el expediente llegó a la Cámara Federal de Casación Penal, que ahora resolvió la controversia y determinó que la investigación debe volver a la Justicia Federal de Campana.
La causa también comprende otros bienes de lujo, entre ellos una flota de 54 vehículos de colección y alta gama valuada en casi US$4 millones, encontrada en un galpón.
