En diciembre de 2024, YPF comenzó la construcción del oleoducto de 437 kilómetros, una obra destinada a transportar el petróleo extraído de Vaca Muerta hasta la costa patagónica para su posterior exportación.
La preocupación por el impacto ambiental
La iniciativa generó cuestionamientos desde sus comienzos debido a que el Golfo San Matías había sido declarado área protegida por ley. Esa normativa fue modificada en septiembre de 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, para habilitar el desarrollo del proyecto.
La discusión también sumó voces de distintos sectores. En agosto del año pasado, el obispo de Rawson, Roberto Álvarez, envió una carta al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en la que transmitió las preocupaciones planteadas por ciudadanos y organizaciones ambientalistas.
Ahora, la Unesco volvió a expresar su inquietud por el proyecto Vaca Muerta Sur (VMOS). Según señaló, existen riesgos vinculados al traslado de combustibles fósiles a través de una terminal portuaria ubicada en el Golfo San Matías.
Además, el organismo estableció el 1 de febrero de 2027 como fecha límite para que la Argentina entregue la información pendiente.
En el documento, el Comité también manifestó su preocupación porque las obras preliminares de la terminal ya se encuentran en marcha y porque, de acuerdo con los informes recibidos, la exportación de petróleo podría comenzar durante 2026.
La Unesco ya había solicitado en cuatro oportunidades información adicional al Estado argentino sobre el proyecto, cuya terminal de salida estará ubicada en Punta Colorada. En esos pedidos, el organismo había advertido sobre el riesgo potencial de generar un daño irreversible al Valor Universal Excepcional (VUE) de la Península Valdés.
Qué cuestiona la Unesco
Entre los principales puntos señalados por el organismo aparece la falta de un proceso participativo considerado adecuado para la elaboración de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). La preocupación está centrada en los posibles efectos de la actividad sobre la fauna marina, el riesgo de colisiones con cetáceos, la contaminación acústica submarina y eventuales derrames de petróleo.
Tras los reiterados pedidos, el Gobierno argentino presentó finalmente, el 15 de diciembre de 2025, una evaluación ambiental ante el Centro del Patrimonio Mundial. El documento incluía medidas de mitigación y gestión ambiental previstas para las distintas etapas del proyecto, además de mecanismos de monitoreo y control.
Sin embargo, para la Unesco todavía existen dudas sobre el alcance de esa evaluación. El organismo consideró que no está suficientemente claro si fueron analizados de manera adecuada todos los posibles impactos del proyecto ni si las medidas planteadas permiten garantizar que no habrá efectos negativos.
También señaló que la información disponible es limitada respecto de la manera en que se gestionarían eventuales incidentes durante la etapa operativa de la terminal.
Otro de los aspectos que genera preocupación es la división de responsabilidades entre las distintas jurisdicciones provinciales involucradas, particularmente Río Negro y Chubut, lo que, según la Unesco, podría dificultar la gestión de los riesgos ambientales.
De esta manera, el Comité de Patrimonio Mundial volvió a poner el foco sobre el proyecto y reiteró su preocupación por los potenciales riesgos que podría generar el oleoducto Vaca Muerta Sur en la zona.
El antecedente de la UICN
El reclamo de la Unesco se suma a una advertencia realizada el año pasado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), una de las principales redes ambientales a nivel global.
En octubre de 2025, durante el Congreso Mundial de la Naturaleza realizado en Abu Dabi, la organización pidió al Gobierno argentino y a la provincia de Río Negro que recuperaran el nivel de protección ambiental del Golfo San Matías y suspendieran aquellos proyectos que pudieran poner en riesgo su biodiversidad.
En aquella resolución, la UICN reclamó derogar las normas que redujeron el nivel de protección del área y solicitó restablecer las condiciones establecidas por la Ley 3308.
La organización también cuestionó la modificación realizada en 2022, al considerar que fue impulsada de manera “inconsulta, apresurada y regresiva” y que dejó expuesta la integridad ambiental del Golfo San Matías frente a los proyectos previstos para la región.