A partir de un despido indirecto en diciembre de 2022, D.G. llevó su caso a la Justicia. El principio de “primacía de la realidad” fue el argumento clave que usó su equipo legal para que se dejara sin efecto lo pactado en 2018 y se lo considerara como trabajador hasta 2022, a pesar del acuerdo y pago ya efectuado.
Con el patrocinio de los abogados Santiago Rentería y Raúl Oyola, presentó una demanda en agosto de 2023 por más de $200 millones, que finalmente se transformaron en $1.463 millones con intereses, multas y actualización por UVA, más otras compensaciones.
Según trascendió, entre los rubros reconocidos están indemnización por despido, falta de preaviso, clientela, diferencias salariales, SAC, vacaciones y varias multas establecidas por la legislación anterior a la reforma laboral de 2024. A esto se sumaron los intereses aplicados según la Ley Provincial N° 9.041 (ajuste por UVA) y una tasa nominal anual posterior, que elevaron la cifra final.
El propio abogado del demandante reconoció que fallos de este tipo ya no serían posibles con la normativa actual, que eliminó muchas de las multas que se aplicaron en este caso. “Lo más significativo es el monto. Hoy por hoy, ya es casi imposible que se dé porque las multas y el estatuto que se aplicó ya no rigen”, afirmó Rentería.
Manaos y un fallo polémico
El fallo fue dictado por los jueces Mariana Carayol, Javier Castrillejo y Gonzalo Rivero, quienes aplicaron normas anteriores a la reforma laboral y sentaron un precedente que deja a las empresas en desventaja.
Con esta sentencia, lo que era un acuerdo cerrado y firmado terminó convertido en una condena multimillonaria para una compañía que hoy deberá afrontar una cifra impagable. Y que, según los abogados, probablemente apelará ante la Corte para intentar revertir el fallo.
El reciente fallo es también un argumento de peso para quienes impulsan una modernización del sistema laboral, que ponga fin a una matriz de litigiosidad que desalienta el empleo formal y castiga al que invierte y produce.
