Pedro Troglio pidió detener a un abogado por una presunta megaestafa inmobiliaria: lo acusa de liderar una asociación ilícita

Los audios que presentó Troglio

Entre las pruebas incorporadas aparecen conversaciones mantenidas entre Lacki y Fernando Gil, un amigo de Troglio que había actuado como nexo para acercarlo a la desarrolladora.

Según la presentación judicial, las grabaciones permitirían reconstruir parte de la operatoria comercial de ABES y, para la defensa del entrenador, aportarían elementos sobre el supuesto papel que Lacki habría desempeñado en la conducción de los negocios.

En uno de los audios, el administrador habla sobre la incorporación de inversores y la necesidad de establecer una estructura jurídica para ese tipo de operaciones.

En otra conversación, según la denuncia, ofrece condiciones especiales para las personas que fueran acercadas por Gil y asegura que recibirían una atención diferencial para concretar sus inversiones.

Las grabaciones también incluirían referencias a los montos de las operaciones. En particular, Lacki habría solicitado que las transferencias realizadas por los inversores fueran superiores a 20.000 dólares.

Troglio había conocido al administrador inmobiliario durante un asado organizado por personas vinculadas con ABES. Después de aquella reunión, comenzó a analizar la posibilidad de invertir en distintos emprendimientos de la compañía.

Qué reclama la defensa de Troglio

Además del pedido de detención contra Lacki, la presentación solicita que Macarena Núñez, gerenta de ABES, y Juan Ignacio Eulloque, apoderado de la empresa, sean convocados a declarar como imputados.

El planteo apunta a investigar posibles delitos de administración fraudulenta, asociación ilícita y lavado de activos.

La representación de Troglio sostiene que existen elementos suficientes para avanzar contra Lacki y argumenta que existirían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Las inversiones de Troglio y la promesa de rentabilidad

El entrenador de Banfield había comenzado a invertir en ABES en 2024, cuando adquirió unidades en proyectos que todavía estaban en construcción.

Según su denuncia, se trataba de dos fideicomisos: ABES Dezzeo y ABES Lucero. La empresa habría ofrecido la entrega de los departamentos y el pago de una renta, condiciones que finalmente, de acuerdo con el planteo de Troglio, no se habrían cumplido.

El monto invertido por el entrenador habría sido de aproximadamente 157.000 dólares.

Los audios también son utilizados por su representación para intentar acreditar que existía una promesa de rentabilidad para quienes ingresaban a los emprendimientos.

En una de las conversaciones, Lacki habría explicado que una obra tenía un plazo de ejecución de 18 meses y que, ante una demora, comenzaría a abonarse una renta equivalente al valor del alquiler del departamento.

Una transferencia de US$35.000 a Miami

La presentación también incluye documentación sobre movimientos internacionales de dinero.

Entre los elementos aportados figura una orden de pago por US$35.000 a una cuenta bancaria radicada en Miami, cuya beneficiaria formal sería Kali Estate LLC.

Para la representación de Troglio, esa operación debería ser investigada para establecer cuál fue el destino de parte del dinero entregado por los inversores.

Por ese motivo, el planteo judicial también apunta a determinar si existió una eventual maniobra de lavado de activos, diferenciando la presunta obtención de los fondos de las operaciones posteriores vinculadas con su transferencia o administración.

El colapso de ABES

La presentación de Troglio se suma a una investigación más amplia sobre la desarrolladora, que paralizó sus obras en La Plata a fines de 2025 en medio de una situación que derivó en numerosas denuncias de inversores.

Entre quienes denunciaron a la empresa también aparece Juan Felipe Orta, presidente de la Caja de Seguridad Social de Kinesiólogos de la provincia de Buenos Aires, quien habría invertido cerca de US$12 millones en proyectos de ABES.

Troglio, uno de los inversores afectados, ya había contado públicamente su experiencia y cuestionado la situación generada tras la paralización de las obras.

Ahora, con la incorporación de los 66 audios y la documentación bancaria, su representación busca que la Justicia avance sobre las responsabilidades de quienes habrían participado de la operatoria y, en particular, reclama la detención de Diego Lacki.