Cómo fue la primera inversión que terminó en conflicto
El primer episodio denunciado ocurrió en marzo de 2024. En esa oportunidad, Alejandra Alonso ingresó al fideicomiso inmobiliario “ABES Dezzeo”, ubicado en la ciudad de La Plata, por un departamento valuado en más de 64.000 dólares. Al momento de la inversión, la obra se encontraba parcialmente construida y se prometía su finalización en 2025.
Además, el contrato incluía el pago de una renta mensual mientras durara la construcción. Sin embargo, según la denuncia, el avance fue mínimo, los pagos comenzaron a interrumpirse y con el paso de los meses la obra quedó completamente paralizada. La pareja también sostiene que nunca se rindieron cuentas sobre el uso de los fondos ni se informó quiénes eran los otros inversores del fideicomiso.
¿Por qué la segunda operación es considerada aún más grave?
La segunda inversión se realizó en el fideicomiso “ABES Lucero” y, según Troglio y su esposa, presenta características todavía más comprometedoras. En este caso, el monto comprometido fue cercano a los 94.000 dólares por otro departamento.
De acuerdo con el escrito, Lacki habría exhibido imágenes y supuestos avances de obra que luego se comprobaron como falsos y habría presionado para cerrar la operación con rapidez, aprovechando que Troglio se encontraba en el exterior por su trabajo como entrenador.
Uno de los puntos centrales de la denuncia es la modalidad de pago. Gran parte del dinero, sostienen, fue transferido a cuentas en el exterior vinculadas a Lacki y no a cuentas propias de los fideicomisos, lo que refuerza la sospecha de que los fondos no fueron destinados a las obras, sino apropiados de manera personal. Poco después de concretarse la inversión, la obra también se detuvo y la renta prometida dejó de abonarse.
Qué sostiene la denuncia sobre el funcionamiento de la empresa
La presentación judicial afirma que los responsables de ABES continuaron captando inversores aun cuando sabían que las obras no podían concluirse y que la empresa atravesaba una situación cercana a la cesación de pagos. También se menciona la existencia de sociedades y cuentas offshore, un entramado que habría dificultado el seguimiento del dinero y la eventual recuperación de los fondos.
¿Qué pidió Troglio ante la Justicia?
Ante este escenario, Pedro Troglio solicitó una serie de medidas concretas: allanamientos en oficinas y domicilios, secuestro de documentación y dispositivos electrónicos, peritajes contables y técnicos sobre el estado real de las obras, la inhibición general de bienes y la prohibición de salida del país para los denunciados.
La causa quedó en manos de la Fiscalía, que ahora deberá determinar si existió una maniobra fraudulenta y establecer cuál fue el destino final del dinero invertido por el entrenador de Banfield, su esposa y el resto de los damnificados. Mientras tanto, el caso promete tener derivaciones judiciales de alto impacto, muy lejos del ámbito deportivo donde Troglio suele ser noticia.