Una red de estafas operaba desde tres cárceles bonaerenses y organizaba robos. Secuestraron celulares y el fiscal pidió prohibir su uso en penales.
Desarticularon una red de estafas que realizó más de 10.000 llamados desde tres cárceles bonaerenses. (Foto: La Voz)
Más de 10.000 llamadas extorsivas en cuatro meses, víctimas seleccionadas a partir de información sobre sus bienes y asaltos domiciliarios coordinados desde prisión. Esos fueron algunos de los elementos que permitieron a la Justicia reconstruir el funcionamiento de una organización criminal que operaba desde tres cárceles bonaerenses y tenía alcance en distintas provincias, entre ellas Córdoba.
La investigación, encabezada por el fiscal Mariano Moyano, de Mar del Plata, derivó en procedimientos simultáneos en los establecimientos penitenciarios involucrados. Durante los operativos, los efectivos secuestraron ocho teléfonos celulares, tarjetas SIM y anotaciones con nombres y números de posibles víctimas.
La estructura distribuía sus tareas entre internos alojados en la Unidad Penal N.º 1 de Lisandro Olmos y las unidades N.º 44 y N.º 15 de Batán. Según los registros de las compañías telefónicas, entre junio y octubre se realizaron más de 10.000 comunicaciones salientes, con un promedio de al menos 50 por día.
Desde Olmos, Hugo Carlos Miguel, de 62 años, conocido como “El Gitano”, se encargaba de contactar a las potenciales víctimas. El hombre, condenado a 30 años de prisión por homicidio, utilizaba la identidad falsa de “subcomisario Gutiérrez”, nombre asociado a un personaje de una serie.
Los llamados estaban dirigidos principalmente a adultos mayores y recurrían a distintas historias para conseguir dinero. En una de las modalidades, los delincuentes aseguraban que un familiar había atropellado a una mujer embarazada y que necesitaba pagar una supuesta fianza con urgencia.
En otros casos, los estafadores se hacían pasar por hijos o sobrinos y pedían cambiar dólares ante un supuesto anuncio económico inminente del Gobierno.
La selección de los damnificados se realizaba con información reunida por Franco Isaías Miguel y Jonathan Villalba, dos internos alojados en las unidades penitenciarias de Batán. Ambos obtenían datos sobre el patrimonio de las personas elegidas y los transmitían a quienes efectuaban las llamadas desde Olmos.
La organización no se limitaba a los engaños telefónicos. Cuando no conseguía que las víctimas entregaran dinero, podía recurrir a grupos que actuaban fuera de los penales. Sus integrantes se presentaban como policías para ingresar a las viviendas o irrumpían por la fuerza para cometer robos.
Uno de los episodios que permitió avanzar en la investigación ocurrió en julio, en Mar del Plata. Un hombre recibió un llamado de personas que fingían ser agentes policiales e intentaban convencerlo de entregar sus ahorros. La víctima sospechó y evitó el engaño.
El análisis de cámaras de seguridad y de antenas telefónicas permitió relacionar ese intento con otros hechos. Entre ellos, un violento asalto en una vivienda de la calle Artigas, donde varios hombres encapuchados maniataron y golpearon a una mujer de 70 años.
Para exigirle dinero, los agresores le provocaron cortes en los pies. Finalmente, escaparon con $600.000. Por ese episodio fue detenido Alejandro Rosales Demetrio.
El peritaje de su teléfono celular, realizado por detectives de las direcciones departamentales de investigaciones (DDI) de Mar del Plata y La Plata, aportó información relevante para reconstruir los vínculos entre los sospechosos y las tres unidades penitenciarias.
A partir de las pruebas reunidas, el fiscal Moyano ordenó procedimientos simultáneos en los penales para evitar la pérdida o destrucción de evidencia. Los efectivos incautaron ocho celulares, tarjetas SIM y anotaciones que contenían datos de posibles damnificados.
En la celda de la Unidad Penal N.º 1 fueron encontrados Hugo Miguel y su compañero Joel Aguirre. En Batán, en tanto, se notificó de nuevas imputaciones a Rosales, Franco Isaías Miguel y Villalba.
El material secuestrado continúa bajo análisis para establecer si hubo más víctimas y precisar el alcance de las maniobras atribuidas a la organización.
Tras los procedimientos, Moyano pidió a las autoridades que se prohíba de manera urgente el uso de celulares dentro de los establecimientos penitenciarios.
El fiscal advirtió que el acceso a estos dispositivos permite a los detenidos organizar delitos desde sus lugares de alojamiento, comunicarse con colaboradores en el exterior y coordinar tanto estafas como robos.
