A un año de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo
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Un día como hoy del 2020, luego de 12 horas de debate en el Senado de la Nación por 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, se convertía en realidad aquel proyecto de ley que reflejaba el derecho de las mujeres a elegir su camino hacia la maternidad.
La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue una decisión histórica para la región de América Latina donde desde hace muchos años las mujeres luchan por el derecho de ser madres deseantes. Argentina hoy es parte de la pequeña porción de países donde el aborto es legal.
Hasta el momento los territorios de América Latina que permiten abortar sin condiciones en las primeras semanas de gestación, según el plazo establecido son Uruguay,Cuba,Guyana,Guyana Francesa y Puerto Rico.
El 24 de enero fue la fecha en que entró en vigencia la Ley 27.610 que amplió los derechos vinculados a la interrupción del embarazo.
Esta ley tiene como objetivo regular el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, y a la atención postaborto de todas las personas con capacidad de gestar, y es de aplicación obligatoria en todo el país.
Las mujeres y personas con otras identidades de género tienen derecho a interrumpir su embarazo hasta la semana catorce (14), inclusive, sin tener que explicar los motivos de su decisión.
También se podrá acceder cuando el embarazo sea consecuencia de una violación, o si está en peligro la vida o salud de la persona gestante, lo cual ya estaba autorizado previo a la aprobación del proyecto.
Es importante aclarar que con esta ley todas las personas tienen derecho a la atención post aborto más allá de si el mismo se produjo o no en las situaciones previstas por la ley, y al acceso a métodos anticonceptivos.
Por empezar, cumplir la condición de que la persona que desee acceder a la interrupción se encuentre dentro de las 14 semanas inclusive de gestación. Para ello la persona gestante tiene derecho a ser informada desde la primera consulta de su edad gestacional y a solicitar la IVE en ese mismo momento si así lo decidiera.
Por otra parte, deberá firmar el “consentimiento informado”. Este es el proceso por medio del cual una persona, tras recibir toda la información necesaria y tomar una decisión, autoriza o no al profesional de la salud para realizar una práctica sanitaria. Está enmarcado en los principios de autonomía de las personas, confidencialidad, privacidad y acceso a la información.
En el caso de la IVE/ILE el consentimiento debe darse, en general, por escrito, en un documento claro y accesible, y puede emitirse en cualquier formato braille, manuscrito, digital, audio, etc.) o idioma, incluyendo lenguas originarias.
El consentimiento informado lo firma la persona gestante que solicita la IVE/ILE. Todas las personas, con y sin discapacidad, tienen derecho a autorizar por sí mismas la práctica.
En el caso de menores de 13 años deberán estar asistidas por una persona que ejerza formal o informalmente roles de cuidado.
Adolescentes de más de 16 años siempre pueden acceder a la interrupción del embrazo sin necesidad de estar asistidas/os, ya que son consideradas/os como personas adultas para decidir sobre el cuidado de su propio cuerpo.
Las personas entre 13 y 16 años pueden, en general, acceder también sin necesidad de asistencia. Sólo en los casos en que por algún motivo particular la realización de la IVE implique un peligro grave para su salud o su vida, es necesario que las personas estén asistidas por un referente afectivo, por personas que ejerzan formal o informalmente roles de cuidado, personas allegadas indicadas por la adolescente.
