“La paciente había sido evaluada en el Hospital General Fernández Oro, según consta en la historia clínica, si mal no recuerdo en diciembre de 2016 y en enero 2017. Evidentemente nunca sospecharon el embarazo. Vuelve en febrero, recién ahí le piden un test. Desconozco la razón por la cual le da negativo. Cuando lo repiten a mediados de marzo, da positivo y le dan turno recién para fines de ese mes, 27, 28. Ahí ya tenía un embarazo avanzado”. “La paciente había sido evaluada en el Hospital General Fernández Oro, según consta en la historia clínica, si mal no recuerdo en diciembre de 2016 y en enero 2017. Evidentemente nunca sospecharon el embarazo. Vuelve en febrero, recién ahí le piden un test. Desconozco la razón por la cual le da negativo. Cuando lo repiten a mediados de marzo, da positivo y le dan turno recién para fines de ese mes, 27, 28. Ahí ya tenía un embarazo avanzado”.
Cómo fue la denuncia. Lo llamativo del caso es que la denuncia no la hizo la joven afectada o su familia si no la diputada provincial Marta Milesi. El delito del que se lo acusó al médico es culposo ya que no cumplió con la ley 4796 de Río Negro, que promovió Milesi, en la que se indica que la provincia adhiere al protocolo de Nación para la interrupción legal del embarazo en casos de violación.
“La denuncia fue por mayo, junio, del año pasado y en noviembre se hizo la presentación de cargos. El Código Procesal Penal de la provincia establece tres instancias. La primera es la presentación de cargos: la Fiscalía informa al acusado de qué se lo acusa. La segunda instancia es la validación de prueba donde el acusado con su abogado presenta las pruebas que considera pertinentes y la Fiscalía hace lo mismo. Allí se puede presentar una solicitud de sobreseimiento; si el juez no hace lugar al pedido de sobreseimiento, la instancia siguiente es el juicio oral y público”. “La denuncia fue por mayo, junio, del año pasado y en noviembre se hizo la presentación de cargos. El Código Procesal Penal de la provincia establece tres instancias. La primera es la presentación de cargos: la Fiscalía informa al acusado de qué se lo acusa. La segunda instancia es la validación de prueba donde el acusado con su abogado presenta las pruebas que considera pertinentes y la Fiscalía hace lo mismo. Allí se puede presentar una solicitud de sobreseimiento; si el juez no hace lugar al pedido de sobreseimiento, la instancia siguiente es el juicio oral y público”.
A partir de este mal momento que vive, Rodríguez Lastra afirmó que se inscribió en el registro de objeción de conciencia para no realizar abortos en caso que se requieran. El médico aseguró antes de esto no estaba en contra, que él haría lo que la Constitución demande, pero a partir de este mal trago no quiere saber más nada. Es más, todos los médicos se su servicio se sumaron a ese registro. Además, añadió que no entiende porque la Justicia lo persigue a él y no a los violadores de esa mujer.
Qué pasó con el bebé. El médico acordó con la paciente interrumpir el embarazo cuando el niño estuviera más estable y pudiera nacer, esto sucedió en el mes 7 y medio. Tras el parto fue dado en adopción porque la madre insistió en que no lo quería. “Nos pusimos de acuerdo con los neonatólogos, no podemos olvidarnos de ellos porque si nacía esta criatura iban a tener que asistirla, porque era ya un ser vivo, muy probablemente respiraría, porque pesaba más de 500 gramos, no era un feto sino un recién nacido y había que asistirlo. Entonces los neonatólogos formaron parte de esta… podríamos llamarla convención que hicimos en el hospital entre la Dirección, psicólogos, asistentes sociales y neonatólogos. Dijimos qué hacemos, aborto no es, porque es muy grande, entonces llegamos al acuerdo de que lo antes posible se lo sacamos y concordamos que lo antes posible eran 35 semanas de embarazo, 7 meses y medio. Nacería un bebé prematuro pero con muchas más posibilidades de vida. De hecho ese bebé fue dado en adopción apenas nació”, explicó Rodríguez Lastra a Infobae.
“Es contradictorio porque el Ministerio de Salud y la Jueza de Familia estuvieron de acuerdo con mi decisión de no interrumpir el embarazo, de que naciera el bebé y darlo en adopción. Pero ahora la Fiscalía entiende que yo tenía la obligación de interrumpir el embarazo y así generar el nacimiento de un prematuro extremo…” “Es contradictorio porque el Ministerio de Salud y la Jueza de Familia estuvieron de acuerdo con mi decisión de no interrumpir el embarazo, de que naciera el bebé y darlo en adopción. Pero ahora la Fiscalía entiende que yo tenía la obligación de interrumpir el embarazo y así generar el nacimiento de un prematuro extremo…”