La Municipalidad de Villa Allende comenzará a implementar a partir de febrero un sistema de cierres nocturnos en calles secundarias, una medida inédita en la provincia de Córdoba que busca reforzar la seguridad ante el aumento de hechos delictivos.
La Justicia avaló el plan del municipio para restringir la circulación entre las 22 y las 6 en algunos barrios, como medida excepcional frente al aumento del delito.
Un municipio cerrará las calles con portones durante la noche para frenar la inseguridad
La Municipalidad de Villa Allende comenzará a implementar a partir de febrero un sistema de cierres nocturnos en calles secundarias, una medida inédita en la provincia de Córdoba que busca reforzar la seguridad ante el aumento de hechos delictivos.
La iniciativa cuenta con el aval de la Justicia, pero ya generó una fuerte polémica, con amparos colectivos presentados por vecinos y críticas de la oposición.
La decisión fue respaldada por un fallo de la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación, que consideró que el plan impulsado por el Ejecutivo local es “razonable y proporcional al fin perseguido, que es la seguridad pública”.
De esta manera, el tribunal habilitó la instalación de portones en determinadas calles, que permanecerán cerrados durante la noche como medida excepcional.
El intendente Pablo Cornet defendió el esquema, que se enmarca en el denominado “Programa integral de prevención del delito y seguridad vecinal”.
Según explicó el jefe comunal, el diagnóstico oficial indica que el 60% de los robos en Villa Allende ocurren en horario nocturno, lo que motivó la búsqueda de soluciones alternativas ante la escalada de inseguridad.
“No responde a una decisión política o ideológica, sino a una solución práctica y excepcional frente al incremento del delito”, sostuvo Cornet al justificar la medida.
El intendente agregó que se trata de una respuesta concreta a un problema urgente y recordó que él mismo fue víctima de un robo en su vivienda en los últimos meses, hecho que profundizó la preocupación en la comunidad.
El plan inicial contempla la colocación de 15 portones en calles secundarias de los barrios Pan de Azúcar y Lomas Sur, dos de las zonas señaladas como más afectadas por hechos delictivos. Las restricciones regirán todos los días entre las 22 y las 6, y estarán bajo la custodia de personal municipal.
Desde el municipio aclararon que no se trata de un cierre total ni permanente de la ciudad, sino de una limitación parcial y temporal de la circulación, focalizada en horarios críticos y en sectores puntuales. El objetivo, indicaron, es dificultar el accionar delictivo durante la noche y reducir las vías de escape utilizadas en robos y entraderas.
La Justicia tuvo en cuenta que Villa Allende se encuentra bajo una emergencia en materia de seguridad, declarada en 2023, y que la medida se aplica como un recurso excepcional mientras se refuerzan otras políticas de prevención.
A pesar del aval judicial, la iniciativa generó un fuerte rechazo en distintos sectores. Vecinos de las zonas afectadas y espacios políticos de la oposición presentaron amparos colectivos, al considerar que el cierre de calles públicas vulnera derechos constitucionales.
La concejal Marta Banegas fue una de las voces más críticas y cuestionó el enfoque del Ejecutivo municipal. “En vez de llevar adelante políticas de inclusión se llevan adelante políticas de segregación y eso es peligroso”, advirtió, al señalar que la medida puede profundizar divisiones sociales y estigmatizar barrios.
Los demandantes también argumentaron que la restricción de la circulación afecta la libre movilidad, la igualdad ante la ley y el acceso a los espacios públicos, y remarcaron la supuesta falta de estudios técnicos que prueben la eficacia real de los portones como herramienta de seguridad.
Además, algunos vecinos expresaron preocupación por las consecuencias prácticas del sistema, como posibles demoras en emergencias, cambios en recorridos habituales y el impacto en la vida cotidiana de quienes deben circular de noche por la zona.
Desde el municipio remarcaron que los portones no serán la única acción en materia de seguridad. El programa integral incluye la instalación de 300 cámaras de vigilancia, el refuerzo del monitoreo urbano y la incorporación de ocho nuevos móviles para patrullajes preventivos, con el objetivo de crear corredores seguros dentro de la ciudad.
La Justicia consideró que el esquema general apunta a fortalecer la prevención y que la restricción nocturna es acotada en tiempo y espacio. Sin embargo, los vecinos afectados ya confirmaron que apelarán el fallo, por lo que la aplicación definitiva del sistema de portones quedará ahora en manos de una instancia judicial superior.
