La secretaría de Comercio aplicó una multa millonaria a Molino Cañuelas y cámaras de fabricantes de harina por "cartelización"

Comercio Interior instó a las partes a que "cesen y se abstengan de realizar acuerdos de fijación de precios e intercambiar información sensible, en el mercado de la molienda de trigo y la comercialización de harina de trigo".

No es el primer mensaje de Feletti hacia el sector de la molinería: en la última conferencia de prensa el funcionario había fustigado al campo e incluso parafraseó al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca Julián Domínguez. Pero para emitir su mensaje en sentido contrario.

La molinería había salido a responderle días después. "Una cosa es tenencia y otra es propiedad, pensé que lo había entendido", sostuvo el presidente de FAIM, Diego Cifarelli.

En relación a la sanción oficializada hoy, la Resolución 332/2022 da cuenta del expediente por un hecho ocurrido el 13 de agosto de 2015, cuando, en el marco de la "Fiesta de la Harina" llevada a cabo en el Hotel Sheraton de Buenos Aires, las cuatro partes denunciadas y "por lo menos 107 empresas" sellaron el denominado "Acuerdo general de la libre competencia en el sector molinero", que implicaría la fijación de precios mínimos en forma convenida por todo el sector, en lo que Comercio Interior consideró un "cartel institucionalizado".

A partir de entonces, se indica en los considerandos de la resolución, "comenzó un accionar de prácticas anticompetitivas" por parte de Molino Cañuelas, organizando reuniones de precios convocadas por FAIM que "habrían perseguido la subordinación de parte de los pequeños molinos con la amenaza de eventuales sanciones institucionales y sus potenciales perjuicios y consecuencias económicas".

Impulsar sostuvo que FAIM "está al servicio de un oligopolio y es conducida con un estatuto que establece un mecanismo de decisión en base a la capacidad de molienda", y en consecuencia "el más grande decide y los demás acatan".

Asimismo, aseguró que Molino Cañuelas "limita, distorsiona y restringe la libre competencia en el mercado y el desarrollo de fuentes de trabajo generadas por los pequeños y medianos molinos, esenciales para el funcionamiento y la sustentabilidad de la economía nacional".

La molinería salió a responder: “la multa es exorbitante e infundada”

Una vez conocida la medida, FAIM manifestó a través de un comunicado de prensa su rechazo a la sanción, a la que consideró “groseramente arbitraria” y adelantó que “recurrirá a todas las instancias judiciales que la amparan”.

“Carece del más básico sustento fáctico y jurídico en la medida que se está sancionando un hecho que nunca ocurrió”, apuntaron.

“Más allá de la ilegalidad de la decisión, FAIM está convencida de que la resolución de mención responde a otros intereses, que exceden el adecuado marco jurídico y el debido proceso, toda vez que dicha resolución tiene como antecedente un proceso administrativo iniciado en el año 2015 en donde las partes presentaron todas las pruebas y evidencias de que no hubo ningún hecho a sancionar”, expresaron los empresarios.

Por tal razón, la entidad adelantó que “recurrirá a todas las instancias judiciales que la amparan” para obtener un pronunciamiento judicial que “ponga fin” al actuar “arbitrario de la Secretaria de Comercio Interior”.

Molino Cañuelas también rechazó la sanción

Por su parte, Molino Cañuelas rechazó la acusación "por falta de sustento e ilegal" y la calificó como "irracional y exorbitante".

"La multa impuesta resulta ilegal por infundada, irracional y exorbitante, ya que se basa en un acuerdo que nunca se aplicó, y toma como base de imposición los supuestos beneficios que habría recibido MC por dicho acuerdo", sostuvo la firma en un comunicado.

Además, señaló que "resulta llamativo" que la sanción recaiga sobre FAIM, la industria molinera en general, y en Molino Cañuela en particular, "teniendo en cuenta que MC no tiene por si sola la facultad de decisión (más de 70 molinos con un régimen de voto individual en la comisión directiva)". Del mismo modo, aseveró que "sorprendió que la resolución se dictó luego de más de 7 años en donde se aportaron todas las pruebas que fundamentan nuestra posición".

Finalmente, la empresa adelantó que "interpondrá los recursos judiciales correspondientes con la convicción de que la multa será revocada, en la medida que, entre otras cuestiones, ni siquiera existió la aplicación del acuerdo que se pretende sancionar".