De allí que, el año pasado, la Cámara de Diputados dio media sanción a una reforma de la Ley 25.246 de “Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento para el Terrorismo” (Plaft), que incluyó reformas al Código Penal y otras modificaciones administrativas.
Entre estos cambios introdujo la figura de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), que agrupa a exchanges y plataformas que operan con criptomonedas, como sujeto obligado ante la Unidad de Información Financiera (UIF) y registrado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Fintech: el trabajo con la UIF y la CNV
En paralelo al proceso legislativo -que podría concluir en las próximas semanas con la media sanción restante en la Cámara de Senadores o a través de un decreto presidencial-, la Cámara Argentina Fintech y las empresas del sector acompañaron a la UIF y la CNV en mesas de trabajo.
En estos espacios se está discutiendo una reglamentación de la norma que dé lugar a una regulación inteligente y progresiva, que tenga en el centro la protección de los usuarios, un adecuado enfoque de riesgo y un período de adecuación de 18 meses, del mismo modo que se hizo en otros países.
Este proceso tiene que incluir una correcta coordinación entre la UIF, la CNV y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), para asegurar que el ingreso a las plataformas -las llamadas “rampas”- y otros movimientos de dinero fiat, no sufran demoras ni inconvenientes que afecten a los usuarios.
El desafío de una regulación equilibrada
La industria entiende que, dada la naturaleza de los activos virtuales, un exceso de regulación o de carga fiscal podría implicar la paradoja de una mayor informalidad y tendencia a operar hacia exchanges extranjeros/desregulados, contrariando los objetivos pregonados por la normativa y afectando gravemente a la industria y sus usuarios por igual.
Para que esta regulación sea completa, precisa de una contracara que compense los costos de adecuación de industria y usuarios.
Por todo esto, la Cámara Argentina Fintech elaboró una propuesta tributaria para ayudar al Estado argentino a dar incentivos y previsibilidad, tanto a los usuarios de las más de 10 millones de cuentas de activos virtuales que usan para pagar, ahorrar e invertir su dinero, como a los PSAV, y posicionar al país como líder global en regulación cripto.
Según distintas estimaciones, se calcula que 1 de cada 5 argentinos tiene o tuvo criptomonedas.
La propuesta busca crear un marco impositivo claro y equitativo para los activos virtuales respecto de otros productos de inversión regulados por la CNV, fomentando su uso cotidiano tanto de personas como de empresas en entornos regulados y evitando gravar pérdidas o ganancias meramente contables.
Al respecto, Ignacio Plaza, presidente de la Cámara, señaló “este es un paso significativo hacia la modernización y regulación equitativa de los activos virtuales en la Argentina”. Además, agregó: “Queremos fomentar un entorno propicio para la innovación, el desarrollo económico y la inclusión financiera, en donde el tratamiento normativo y tributario brinde incentivos que estimulen la inversión y el crecimiento de esta industria".
Cámara Fintech: cómo es la propuesta impositiva propuesta
En concreto, la propuesta impositiva de la Cámara propone una serie de adecuaciones en los siguientes tributos:
-Impuesto a las Ganancias: se propone excluir del Impuesto a las Ganancias los resultados de fuente argentina obtenidos por personas humanas y sucesiones indivisas provenientes de la compraventa y rendimientos de activos virtuales, siempre que intervenga un PSAV inscripto en el registro ante la CNV.
Respecto a la valuación de los activos virtuales en los balances impositivos de las empresas, se propone que se tome el costo de adquisición y reconocer la ganancia sólo al momento de la realización del activo, y no por su mera tenencia. Esto evitaría computar ganancias o pérdidas meramente contables, en razón de la volatilidad de algunos activos virtuales.
-Impuesto a los bienes personales: se propone eximir del Impuesto a los Bienes Personales a las tenencias de activos virtuales que, al 31 de diciembre de cada año, se encuentren almacenadas y/o custodiadas por un PSAV inscripto ante la CNV.
Esta medida, además de ser equitativa con relación a otros productos de inversión, servirá para incentivar a ahorristas a considerar alternativas de inversión distintas del dólar y, al mismo tiempo, consolidar el desarrollo de la industria cripto en nuestro país.
-Impuesto a los débitos y créditos bancarios: se propone eliminar cualquier limitante a la exención plena de las cuentas recaudadoras de las PSAVs inscriptas ante la CNV, como sucede con otros intermediarios en activos regulados. Esta es una oportunidad para el Gobierno de eliminar un trato discriminatorio con la industria.