Los concursos de acreedores, pese a la pandemia, ya se están presentando en los juzgados comerciales.
Los concursos de acreedores, pese a la pandemia, ya se están presentando en los juzgados comerciales.
Desde el 12 de mayo, por resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, se habilitó la posibilidad de las presentaciones digitales para diferentes casos como las presentaciones de concursos preventivos, verificaciones de créditos, pedidos de pronto pago de créditos laborales, diligencias preliminares y producción de prueba anticipada, regulaciones de honorarios profesionales.
Los diferentes jueces comerciales se encuentran así desempeñando funciones “a distancia” anticipando a lo que será una ola de presentaciones por la crisis desatada por el COVID-19.
El trámite de las presentaciones o pedidos de concurso digitales igualmente ocurren hasta cierto punto dado que las audiencias de conciliación no se pueden efectuar.
Aún así avanzan y descomprimen el trabajo que tendrán los juzgados comerciales cuando se levante la feria.
Lo que en paralelo se aguarda para ello es la sanción de una ley como la aprobada en la presidencia de Eduardo Duhalde tras la crisis de 2001 suspendiendo pedidos de quiebra y concursos en trámite por 180 días.
Al respecto ya hay once proyectos en Diputados apuntando a evitar esa ola de quiebras bajo el paraguas del concurso. En general apuntan a alargar los plazos de concursos en trámite o por tramitarse, permitiéndoles “re-concursar” su pasivo post-concursal y brindándoles una serie de herramientas para recomponer su capital de trabajo.
En esos proyectos se fundamenta que otros países han seguido el mismo camino en la combinación de medidas de emergencia y modificaciones al régimen concursal (Francia, España, Colombia, Chile, por citar ejemplos), además de proveer un mecanismo especial para pequeños deudores o diferentes tipos de pequeños deudores.
En general los proyectos contemplan la declaración de emergencia productiva y crediticia respecto de los deudores concursados o concursables originada en la situación de emergencia por la que atraviesa el país, que se proyecta para regir hasta el 31 de diciembre;la extensión de los plazos del período de exclusividad -en el cual el deudor negocia las conformidades con los acreedores-, de los procesos concursales en trámite o que se promuevan y dentro del plazo de la emergencia y del cumplimiento de concordatos; la posibilidad de que el deudor que esté tramitando su concurso o que lo hubiera hecho pueda incluir en su concurso en trámite o “re-concursarse” respecto del pasivo post-concursal; la supresión de restricciones en materia crediticias; la suspensión de subastas y medidas cautelares que impliquen desapoderamiento por el plazo de 180 días.
También contemplan un régimen para pequeños deudores y reformas al régimen de la ley de Quiebras.
Otra cuestión que abarrotará los juzgados comerciales pasarán por los cheques sin fondos cuyo trámite judicial se acentuará tras el fin de la feria judicial.
Según NOSIS, en febrero se registraron 21226 cheques rechazados a empresas; mientras que en abril, ya con el impacto del COVID-19 a pleno, se rechazaron 228.225.
Teniendo en cuenta los montos, en febrero fueron $ 2.868.326.047 mientras que en abril los rechazos representaron $18.579.775.379.
