¿Cuánto ajusta el Presupuesto 2023 en políticas de género? (Foto: Twitter)
Cuando Alberto Fernández asumió en diciembre de 2019 lo hizo con un furcio, "volvimos mujeres", y un compromiso (entre muchos): atender las desigualdades de género. Tres años después, el Presupuesto 2023 que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados y comenzó su camino en el Senado tiene identificadas partidas de proyectos que contribuyen a cerrar brechas que perjudican a mujeres y diversidades. Pero en los números, los principales programas caen en términos reales.
Desde 2019 se utiliza la etiqueta PPG, Presupuesto con Perspectiva de Género, para identificar aquellas partidas en la "ley de leyes" que tienen el objetivo de disminuir las desigualdades entre los distintos géneros. A partir de esa clasificación, se desprende que un 14,66% del total del gasto previsto para el próximo año está diseñado con esta perspectiva, algo por debajo del 14,89% del vigente para 2022. En números, se trata de $4.243.277 millones.
Así lo indicó un informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) junto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) al que accedió A24.com que relevó cuánto prevé destinar el Gobierno en este sentido y cuánto se reducen las cifras a la hora de ajustarlas en función de la inflación proyectada.
Tal como en las iniciativas de años anteriores, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se lleva la mayor parte del PPG, algo que muestra el abordaje del Estado en cuanto al cierre de desigualdades de género desde las políticas de transferencia directa y con menor ponderación las relacionadas a la salud y a la infraestructura de cuidado de acuerdo a la lectura de este medio.
Incluso la partida que más dinero tiene asignado es la de Prestaciones Previsionales por Moratoria que representa más de la mitad del total del etiquetado con un 62,9% del presupuesto, unos $3.261.787,50 millones y prevé beneficiar a 2.718.848 mujeres. Ocurre que, desde que se aplicó la jubilación por moratoria en 2007 para aquellas personas que no alcanzaban los 30 años de aportes, el sesgo de género fue tal que adoptó el nombre de “jubilación de amas de casa”.
Por las dificultades que enfrentan las mujeres en sus años de actividad por las que están sobrerrepresentadas en los niveles más bajos de inserción laboral, más altos de informalidad y tienen más carga en la distribución de tareas no remuneradas, son las más propensas a tener menos años de aportes jubilatorios.
En la actualidad representan el 74% de esa prestación. Pese a la importancia del programa para el reconocimiento de las tareas de cuidado y el achicamiento de la brecha de ingresos, la variación real de la partida ajustada a la proyección de inflación al 95% cae un 6,83% en comparación al presupuesto vigente de 2022.
Le sigue en relevancia la Asignación Universal por Hijo/a (AUH), también dependiente de ANSES, con un 13,2% del total PPG etiquetado, una prestación que cobran en un 95% mujeres y para la que el Gobierno busca destinar $684.360,06 millones. En este punto la cifra cae un 12% respecto al año actual pero aumenta la cantidad de beneficiarias.
“A junio de 2022, la AUH alcanzó a 4.360.033 niñas, niños y adolescentes (NNA) y el proyecto de presupuesto 2023 prevé un total de 4.374.669, lo que implica un aumento de 14.636 niñas, niños y adolescentes”, indicó el informe de ACIJ y ELA.
Sin embargo, ante los altos índices de pobreza infantil (50,9% según los datos del segundo semestre del Indec) resulta insuficiente y “aunque a través del decreto 840/2020, el Estado logró incorporar 169.034 NNA que se encontraban sin protección social, es posible estimar que restan 674.874 NNA en condiciones de ser integradas/os y todavía no lo han hecho”.
La reducción en las partidas imposibilita el ingreso de niños y niñas que aún están excluidos. Además, el proyecto prevé un recorte del 8,8% las Pensiones no Contributivas para Madres de 7 o más Hijos o Hijas en valores reales con relación a 2022; un 45,5% en los fondos destinados a Acompañamiento a Familias en la Crianza de Niños - Programa Primeros Años y en un 37,2% los destinados a la Protección de Víctimas de Violencias.
En ese mismo sentido, se reduce incluso con el aumento previsto para el programa que aprobó la “Ley Brisa” de Acciones de Reparación de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Hijos de Víctimas de Femicidio. Se trata del derecho a cobrar una suma mensual y a tener cobertura de salud para las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar o de género. La reducción es del 19% si se contempla el incremento y de un 37,3% sin el aumento, advirtió el estudio.
Llama la atención también el recorte en el presupuesto para la Prestación Alimentar (antes Tarjeta Alimentar) de un 32% en términos reales con relación al vigente al 31 de agosto de 2022 y una reducción en la meta física de 84.729 niños, niñas y adolescentes menos. “Preocupante si se considera el reciente aumento de la indigencia infantil, que pasó de 12,6% a 13,2% entre finales de 2021 y mediados de 2022”, aseguró el relevamiento.
En el caso del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el programa Acompañar que otorga por 6 meses una suma igual al Salario Mínimo, Vital y Móvil a personas que acrediten estar en situación de violencia de género, la caída presupuestaria es de 1,06%.
La actividad de Asistencias a Personas LGTBI+ para el Pleno Acceso a Derechos e Igualdad, que es uno de los compromisos y estrategias fundamentales de la cartera que ahora conduce Ayelén Mazzina, pasó de tener metas de 50.000 asistidos en 2022 a 5.000 como objetivo en 2023, analizaron ACIJ y ELA.
En este punto, desde las organizaciones cuestionaron: “Es indispensable que ese Ministerio informe el impacto de estos recortes en el cumplimiento de los objetivos planteados en el PNA, en particular considerando la necesidad señalada por las organizaciones de la sociedad civil respecto de la importancia de fortalecer la integralidad y abordaje interseccional de las políticas públicas para abordar las violencias por razones de género”.
Por el lado de la salud, el programa de Desarrollo de la Salud Sexual y Procreación Responsable que implica la entrega de anticonceptivos y preservativos gratis; los tratamientos para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y hormonales; y la detección de enfermedades, se ajusta un 8,65%.
En cuanto a los fondos del Ministerio de Obras Públicas para “Fortalecimiento de la Infraestructura Social del Cuidado y Sanitaria”, equivalen al 3,62% del presupuesto total del Ministerio, “muy por debajo del 8,5% comprometido en el Programa de Infraestructura del Cuidado (Resolución 252/2021) que establece un fondo anual específico para estos fines”.
Se suma en este sentido la reducción del 35% en el presupuesto destinado a Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes y de las metas físicas que “alcanzan poco más de la mitad de las aulas planeadas” y se trata de “un recurso que contribuye de manera significativa a mejorar la disponibilidad de servicios para el cuidado en la primera infancia”, resaltaron.
“Esta partida no tiene etiqueta PPG pero sí impacto en la reducción de brechas de género en tanto prevé la ampliación de la cobertura de jardines de infantes de 3 a 5 años en todo el territorio nacional mediante la construcción y ampliación de establecimientos educativos de nivel inicial”, alertaron las organizaciones.
Entre las principales brechas de género que sufre hoy Argentina, la salarial alcanza el 25,3%; la de empleo del 27%, y el desempleo del 2,4%. La desigualdad en la carga de tareas no remuneradas es básica ya que influye tanto en los niveles de inserción laboral como de situación de ingresos.
Según los resultados finales de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo de 2021 que publicó el Indec el 91,7% de las mujeres realiza este tipo de trabajo con un promedio de 6.31 horas mientras que, en el caso de los varones, lo hace el 75,1% con una media de 3:40 horas.
Y en sus distintas formas, la proporción es siempre mayor: en el trabajo doméstico (90,0% frente a 69,1%), como en el de cuidado a miembros del hogar (31,4% frente a 20,3%) y el de apoyo a otros hogares, a la comunidad y voluntario (9,3% frente a 6,1%).
Sin embargo, el proyecto de Presupuesto no vincula cómo cada programa al que se le destinan partidas contribuye a achicar desigualdades. “La escasa información sobre los indicadores utilizados para medir los resultados de las políticas se reproduce en muchas de las metas físicas que acompañan a las políticas PPG. Es necesario que se diseñen metas útiles y claras para conocer y monitorear los resultados o impactos de las políticas en la reducción de brechas de género. Para posibilitarlo, es imprescindible que el Estado desarrolle las fuentes de información necesarias, con estándares de calidad, transparencia y publicidad”