En comparación, los depósitos del sector privado en plazos fijos tradicionales -el instrumento más difundido por los bancos para obtener rendimientos en pesos- pasaron de un promedio de $8,03 billones en enero de 2023 a $11,93 billones en julio último, un 48% de aumento.
Vale aclarar que más del 80% de estos plazos fijos corresponde a depósitos “mayoristas”. Esto es, de más de $1 millón, de los cuales más de la mitad corresponden a imposiciones de más de $20 millones, que grandes empresas, aseguradoras y otras instituciones están obligadas por normativa a invertir una parte de su capital.
Dado el contexto inflacionario, la mejor manera de tomar dimensión es descontando el efecto del aumento general de precios, que acumuló un 51,16% entre enero y julio, según el INDEC. De allí se desprende que la inversión real en cuentas remuneradas a través de las fintechs creció 87,5% en ese lapso, mientras que los plazos fijos cayeron 1,8% en términos reales.
Una perspectiva más amplia ayuda a entender la relevancia de este fenómeno en el manejo cotidiano de las finanzas de millones de personas. En los últimos cuatro años, la cantidad de cuentas de inversión abiertas creció 20 veces en la Argentina: se pasó de casi 630 mil cuentas en julio de 2019 a 12,8 millones en julio de 2023, de las cuales 4 millones se crearon en 2023, según información de la cámara compensadora Argentina Clearing y Registro S.A. (Acyrsa), ente de registro de operaciones entre Fondos Comunes y billeteras virtuales.
El auge de las empresas fintechs
Todos estos datos reflejan cómo las fintechs popularizaron una alternativa de ahorro entre personas que nunca habían accedido al mercado de capitales o que tenían pocas opciones para invertir su dinero.
En pocos años, millones de usuarios encontraron una forma de proteger sus ingresos y acceder a recursos que ahora pueden destinar al consumo o a cualquier otro objetivo de inversión.
En este sentido, la Cámara Argentina Fintech tiene el compromiso y la voluntad de trabajar con las autoridades para encontrar, en forma conjunta, mecanismos que potencien la digitalización de las finanzas, promuevan herramientas de ahorro y crédito para toda la población y aceleren la inclusión financiera, en particular de aquellos sectores que históricamente han tenido más dificultades de acceso. Para ello es necesario una normativa acorde, que fomente la competencia, proteja la innovación y estimule el desarrollo de alternativas que se ajusten a los tiempos que corren.
El potencial de crecimiento del país en materia de inclusión financiera es inmenso, y la tarea para alcanzar ese objetivo necesita de la participación de todos los actores del sistema. La cooperación y la competencia justa es el camino para lograrlo.