La medida de fuerza de prácticos, pilotos y baqueanos es por tiempo indeterminado y comenzó en rechazo al decreto de Javier Milei que desregula el sector.
La medida de fuerza paralizó las maniobras de ingreso y egreso de buques en distintos puertos argentinos. (Foto: archivo).
El comercio exterior argentino comenzó la semana con fuertes demoras luego de que prácticos, pilotos y baqueanos de todo el país iniciaran un cese de tareas por tiempo indeterminado en rechazo al Decreto 690/2026, firmado por Javier Milei y Federico Sturzenegger. La medida paralizó maniobras de ingreso y egreso en distintos puertos y dejó al menos un buque vinculado al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) sin poder ingresar al muelle.
La protesta comenzó tras la entrada en vigencia de la nueva normativa, que busca desregular el servicio de practicaje y pilotaje. Los trabajadores resolvieron suspender sus tareas para impedir la aplicación del decreto, mientras que la Prefectura Naval Argentina (PNA) comenzó a intimarlos individualmente para que retomen sus funciones. Según indicó el periodista Eduardo Feinmann de A24, por el momento hay "150 barcos paralizados" por la medida de fuerza.
Uno de los casos afectados es el del White Marlin, un buque de transporte pesado que debía realizar operaciones relacionadas con Vaca Muerta Oil Sur. Se trata del proyecto de un oleoducto que construye un consorcio integrado por YPF, Pan American Energy, Vista Energy, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Tecpetrol.
La obra conectará la cuenca neuquina con la costa de Río Negro, desde Allen hasta Punta Colorada, a través de casi 600 kilómetros. Actualmente supera el 75% de avance y se prevé que para mediados de 2027 alcance una capacidad de transporte cercana a los 390.000 barriles diarios. Con ese nivel de producción, las exportaciones de energía de ese año podrían superar los USD 18.500 millones.
El impacto de la medida también se extendió a otros puertos. El Centro de Navegación (CNAV), que reúne a las agencias marítimas responsables de más del 80% de las cargas del comercio exterior argentino, presentó una nota ante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y la Prefectura para advertir sobre la situación.
El CNAV alertó que algunas operaciones previstas en puertos argentinos fueron derivadas a Montevideo y a terminales del sur de Brasil. Entre los puertos afectados aparecen La Plata, Dock Sud, Buenos Aires, Zárate-Campana, Quequén y Bahía Blanca.
La cámara advirtió que el conflicto podría provocar “pérdidas millonarias en divisas” debido al incumplimiento de contratos, lucro cesante y mayores costos logísticos. Además, señaló el riesgo de que algunas plantas productivas lleguen a quedarse sin capacidad de almacenamiento y cuestionó el impacto sobre la imagen de la Argentina como destino para la actividad marítimo-portuaria.
Ante la interrupción del servicio, la Prefectura comenzó a enviar intimaciones individuales a los profesionales habilitados para que retomen de inmediato sus tareas. Desde el Gobierno sostienen que el practicaje es un servicio público regulado por la Ley de Navegación y que su interrupción puede derivar en denuncias penales y sumarios administrativos.
El conflicto se originó a partir del Decreto 690/2026, que modifica un esquema regulatorio vigente desde 1991. El Ejecutivo sostiene que la reforma busca reducir costos y aumentar la competencia en una actividad que considera excesivamente regulada.
La nueva normativa establece un registro abierto de prácticos habilitados bajo administración de la Prefectura Naval Argentina y permite que los usuarios contraten libremente a los prestadores.
Además, elimina restricciones para el ingreso de nuevos profesionales y establece que la ANPYN fijará tarifas máximas. También obliga a publicar los precios para favorecer la competencia.
El decreto elimina, a su vez, la segmentación geográfica que obligaba a cambiar de práctico durante determinados recorridos, flexibiliza las condiciones para el traslado de estos profesionales y amplía las situaciones en las que algunos buques pueden quedar exceptuados de contratar el servicio obligatorio.
La reforma también incorpora mecanismos destinados a garantizar la continuidad de la actividad en situaciones excepcionales.
El Ejecutivo sostiene que la modificación forma parte de su estrategia para reducir el denominado “costo argentino” y eliminar regulaciones que, según su diagnóstico, restringen la competencia y encarecen la logística.
“La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”, afirmó Sturzenegger al anunciar la reforma.
El ministro cuestionó el régimen anterior y sostuvo que había generado barreras de ingreso para nuevos prestadores, reduciendo la competencia y elevando los costos del comercio exterior.
El conflicto se produce en un sector estratégico para la economía argentina. Por el puerto de Rosario, uno de los principales puntos de salida de la producción agroindustrial, circula cerca del 80% de las exportaciones de granos del país.
