Privatización de AySA: el Gobierno lanzó la licitación para vender el 90% de las acciones

En la parte resolutiva de la resolución del Ministerio de Economía dice:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple N° 504/2-0003-LPU26, sin base, para la venta a un (1) Operador Estratégico de la totalidad de las acciones de titularidad del Estado Nacional en Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA SA), representativa del noventa por ciento (90%) del paquete accionario de la compañía, en los términos del inciso 2) del artículo 17 de la ley 23.696 y sus modificatorias, y de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del decreto 494 del 22 de julio de 2025.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado el anuncio y sostuvo que el objetivo es incorporar “un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa” para mejorar el servicio y ampliar la red de infraestructura.

Según el esquema oficial, el 10% restante de las acciones continuará en manos de los trabajadores de la compañía. Además, la concesión del servicio tendrá una duración de 30 años con posibilidad de extenderse por otros diez.

La privatización de AySA había quedado habilitada tras la aprobación de la Ley Bases impulsada por el oficialismo.

La privatización de Aysa

El proceso formal ya comenzó con la publicación de la resolución de Economía en el Boletín Oficial. Lleva el número 704/2026 y en su considerando cita que "a través del artículo 7° de la ley 27.742 se declaró 'sujeta a privatización', en los términos y con los efectos de los capítulos II y III de la ley 23.696 y sus modificatorias, entre otras, a la empresa AySA SA.

La ley 27.742 es la llamada "Bases", la primera norma que logró el gobierno libertario que le aprobara el Congreso de la Nación. El proyecto original lo envió el presidente Milei a los pocos días de asumir, pero tuvo un complejo trámite parlamentario. La tuvo que retirar, para modificar y segmentar para que tras una dura negociación se transformara en la primera ley que consiguió el Gobierno.

Comienza un proceso que llevará varios meses para la privatización de la empresa que aporta el suministro de agua potable a la Ciudad de Buenos aires y el conurbano. El artículo quinto, en su punto 5 establece que el próximo 27 de agosto de este año se producirá la apertura de los sobres de la primera etapa.

El Ejecutivo ya había aprobado los contratos de concesión por 30 años y transferencia de acciones a finales de abril. Además, se contempla la posibilidad de extender la concesión hasta por otros 10 años más.

Cuando hizo el primer anuncio de esta etapa privatizadora, el ministro Caputo dijo que la incorporación de “un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa” permitirá impulsar inversiones, ampliar la red y mejorar la calidad del servicio de agua potable y cloaca en el AMBA.

Una historia de idas y venidas en el servicio de agua potable

El servicio de agua potable y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires es también una historia de privatizaciones, crisis económicas y reestatizaciones en la Argentina.

Todo comenzó con Obras Sanitarias de la Nación (OSN), la empresa estatal creada en 1912 durante la presidencia de Roque Sáenz Peña. Durante décadas fue la responsable de expandir la red de agua y cloacas en Buenos Aires y otras ciudades del país. OSN llegó a convertirse en uno de los organismos públicos más grandes de la Argentina, aunque hacia fines de los años 80 acumulaba problemas financieros, infraestructura envejecida y fuertes críticas por la baja calidad del servicio.

En el marco de las reformas económicas y privatizaciones impulsadas por el gobierno de Carlos Menem, el servicio fue concesionado en 1993. Apareció la empresa "Aguas Argentinas", un consorcio liderado por la francesa Suez, junto a otras empresas internacionales y socios locales.

La privatización fue presentada como un modelo moderno que permitiría inversiones rápidas y expansión del servicio sin costos para el Estado. Durante los primeros años hubo una reducción tarifaria inicial y crecimiento de algunas redes, pero con el tiempo comenzaron las controversias. Organizaciones de consumidores y sectores políticos denunciaron aumentos de tarifas, incumplimientos en obras comprometidas y falta de inversiones suficientes.

La crisis económica de 2001 marcó un punto de quiebre. Tras la devaluación y el congelamiento tarifario dispuesto por el gobierno argentino, el conflicto entre el Estado y la concesionaria se profundizó. Suez reclamó recomposición de tarifas y llevó el caso ante tribunales internacionales.

Finalmente, en 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, el Gobierno rescindió el contrato de Aguas Argentinas argumentando incumplimientos en inversiones y problemas sanitarios. Ese mismo año nació Agua y Saneamientos Argentinos, más conocida como AySA, una empresa estatal controlada mayoritariamente por el Estado nacional.

Durante los gobiernos kirchneristas, AySA expandió obras de agua y cloacas en el conurbano bonaerense mediante financiamiento estatal y subsidios. Sin embargo, también recibió cuestionamientos por el aumento del gasto público y la dependencia de aportes del Tesoro.

Con la llegada de Javier Milei al poder, el debate sobre el rol del Estado volvió a instalarse. El Gobierno considera que AySA es deficitaria y sostiene que la gestión privada puede aportar inversiones y eficiencia. En 2026 lanzó el proceso para privatizar el 90% de la empresa.