El país dejó la Priority Watch List y pasó a la Watch List luego del acuerdo comercial firmado en 2026, que incluyó compromisos para reforzar la protección de derechos de autor y patentes.
El informe de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos destacó avances en patentes, sanciones y controles contra la falsificación. (Foto: archivo).
Por primera vez en más de una década, Estados Unidos decidió retirar a la Argentina de la Priority Watch List —la categoría más severa de su informe anual sobre propiedad intelectual— y la ubicó en la Watch List, un escalón inferior dentro del mismo sistema de evaluación. El país permanecía en la denominada “lista negra” desde hacía más de diez años y acumulaba cuestionamientos durante tres décadas por falencias en la protección de derechos de autor y patentes.
“Después de más de 25 años, Argentina mejora su estatus resultado de las políticas del Gobierno de Javier Milei”, celebró en sus redes el canciller Pablo Quirno, tras la publicación del último informe de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos.
A la vez, la embajada argentina en Washington remarcó que la decisión norteamericana fue “un reconocimiento a las mejoras recientes en la protección y aplicación de la propiedad intelectual y una señal positiva para la inversión y la innovación”.
El cambio se produjo luego de la firma del Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproca (ARTI) entre ambos países en febrero de 2026, que incluyó compromisos del Gobierno argentino para fortalecer los estándares de resguardo y aplicación de la propiedad intelectual. En su informe, la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos señaló que el entendimiento “beneficiará a los innovadores y creadores estadounidenses al mejorar la protección de la propiedad intelectual (PI) y priorizar la aplicación contra el robo de PI”, y remarcó la necesidad de avanzar en la adhesión a acuerdos internacionales clave.
La Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos consideró que la Argentina eliminó restricciones “excesivamente amplias” en materia de patentes, en particular aquellas que limitaban el otorgamiento en el sector farmacéutico. Según el informe, las directrices vigentes hasta hace poco rechazaban de manera automática solicitudes sobre invenciones que sí son patentables en otras jurisdicciones y exigían condiciones técnicas difíciles de cumplir para su producción a escala industrial.
El reporte detalla un conjunto de medidas adoptadas por el país para mejorar su posición. Entre ellas, menciona la elaboración de estudios sobre un régimen de protección de datos y sobre los factores que explican las demoras en la concesión de patentes. También destaca un endurecimiento del enfoque penal, con sanciones más severas para la falsificación, incluyendo multas más altas y penas de prisión cuando intervienen organizaciones criminales. A eso se suma la decisión de otorgar mayores facultades a las autoridades fronterizas, crear instancias de coordinación institucional y ajustar la legislación para facilitar acciones civiles, como medidas cautelares contra la piratería.
En el plano operativo, el compromiso oficial incluye intensificar controles e incautaciones en mercados y centros de distribución señalados por la venta de productos ilegales, además de desarrollar una estrategia nacional contra la falsificación y la piratería. El esquema contempla también la publicación periódica de estadísticas, la responsabilidad de propietarios de inmuebles donde se comercialicen bienes apócrifos y una mayor cooperación entre proveedores de internet, titulares de derechos y otros actores. Asimismo, se plantea reforzar la persecución penal de sitios web dedicados a la distribución ilegal de contenidos.
El acuerdo bilateral con Estados Unidos incorpora, además, disposiciones sobre comercio agroalimentario. La Argentina mantendrá el acceso al mercado estadounidense para productos como quesos y carnes que utilizan denominaciones de uso común, y se comprometió a establecer criterios más transparentes en la protección de indicaciones geográficas para evitar restricciones injustificadas.
Uno de los cambios centrales se produjo en marzo de 2026, cuando el Gobierno dejó sin efecto una normativa de 2012 que imponía límites al otorgamiento de patentes farmacéuticas. Desde entonces, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial evalúa cada solicitud de manera individual, sin las restricciones previas. La decisión fue adoptada mediante una resolución conjunta de los ministerios de Salud y Economía junto con el organismo técnico.
Desde el sector privado, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme) valoró la reclasificación como una "señal positiva" y sostuvo que los cambios contribuyen a mejorar la "previsibilidad" y "seguridad jurídica", al tiempo que favorecen la "inversión" y el "desarrollo biotecnológico".
Pese a los avances, el informe advierte que persisten problemas estructurales. Señala dificultades en la aplicación de derechos de propiedad intelectual tanto en mercados físicos como digitales y vuelve a identificar a ferias y zonas comerciales del país, entre ellos La Salada y el barrio Once en Buenos Aires, como focos de comercialización de productos falsificados.
El informe destaca la operación que encabezó la Unidad de Ciberdelitos de la Fiscalía Provincial de Buenos Aires junto a la Policía Federal, por medio de la cual, se desmanteló el servicio ilegal conocido como Magis TV Pro. Sin embargo, remarca que la piratería en línea continúa en expansión y que los mecanismos actuales para combatirla resultan lentos y de eficacia limitada.
Entre las recomendaciones, Washington instó a reforzar los controles, aumentar las sanciones penales y mejorar el marco legal en materia de marcas y patentes.
Estados Unidos anticipó que seguirá de cerca la implementación de los compromisos asumidos por la Argentina y mantendrá el seguimiento a través de los canales bilaterales de cooperación en innovación y propiedad intelectual.