Alberto Fernández convocará a sesioes extraordinarias del Congreso entre el 20 y el 24 de enero próximo. Foto: Archivo
El presidente Alberto Fernández convocará entre el 20 y el 24 de enero a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar entre otros temas, la reforma al Consejo de la Magistratura, aunque según confirmaron altas fuentes de la Casa Rosada, dejará para las sesiones ordinarias que comienzan el 1° de marzo, la reforma integral de la Justicia, que podría incluir un aumento del número de miembros de la Corte Suprema.
"La fecha (de convocatoria) es después del 20" de enero, señalaron fuentes de la Casa Rosada a A24.com, y precisaron que entre los temas que incluirá el Poder Ejecutivo para que se debatan en el Congreso en princpio serían los proyectos de Ley de Agroindustria, de promoción de la Industria automotriz, el de Movilidad Sustentable, Regulación de Hidrocarburos, reforma al Consejo de la Magistratura y Ley de Cannabis.
En tanto, desde el oficialismo admiten que no están dadas las condiciones en números en Diputados como en el Senado, para impulsar en estos momentos los demorados proyectos de reforma judicial integral, el pliego para reemplazar a la exjueza de la Corte, Elena Hinghton de Nolasco y el nombramiento del Procurador General, Daniel Rafecas.
La demora en la designación de Rafecas como candidato de Alberto Fernández para encabezar la jefatura de los fiscales, viene desde el 2020, por una interna con el kirchnerismo y el candidato de la Casa Rosada que se opone a asumir si se modifica el reglamento para su designación y se elimina el límite de los dos tercios de las cámaras para la designación.
La decisión del Gobierno de enviar a extraordinarias el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura se aceleró luego de que en diciembre se profundizara el debate sobre la integración del Consejo, ya que un fallo de la Corte declaró inconstitucional una ley de 2006 durante el gobierno de Cristina Kirchner, que redujo de 20 a 13 los miembros del organismo, ordenó restituir la anterior composición y puso un plazo de 120 días para cumplir con esa disposición.
En tal sentido el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, consideró "un plazo razonable" los 120 días que tiene el Congreso para sancionar una nueva ley para el Consejo de la Magistratura o se elijan nuevos representantes.
“Es un plazo razonable porque la Corte dice que hay un espacio de tiempo para que el Congreso decrete otra ley y si no se sanciona la norma nueva, vamos a la otra norma que había sancionado el Congreso antes del 2006 y que contemplaba el equilibrio”, dijo Rosatti en ese momento.
Según pudo confirmar A24.com a través de fuentes oficiales, se esperan inminentes cambios en la conformación del Consejo de la Magistratura. La decisión ya está tomada: el Gobierno enviará al Congreso en las próximas horas un proyecto para llevar el número de integrantes de 13 a 17, sumando representantes del sector judicial.
Se trata del organismo que se encarga de seleccionar, evaluar y sancionar a los jueces. Funciona en Libertad 731, en un edificio ubicado a metros del Teatro Colón, en la zona de Tribunales, Ciudad de Buenos Aires.
El Consejo depende del Poder Judicial de la Nación y está integrado por jueces, abogados, legisladores, un representante del Poder Ejecutivo y otro del sector académico, con el objetivo de darle pluralidad.
Todos esos proyectos que viene anunciando desde que asumió en el poder Alberto Fernández, deberán seguir esperando por lo menos, hasta lograr firmar un acuerdo por la reestructuración de la deuda co el FMI, admitieron las fuentes oficiales.
El Gobierno espera novedades en las próximas semanas antes de los próximos vencimientos de la deuda con el FMI en marzo, para que el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien lleva adelante las negociaciones con el Fondo, para enviar al Congreso el plan económico plurianual, que había anunciado Alberto Fernández, iba a enviar al Congreso en la primera semana de diciembre, pero viene demorado por la falta de acuerdo con el FMI.
Según explicó la semana pasada Guzmán en una cumbre con Gobernadores en la Casa Rosada, de arribar a un acuerdo por la deuda de 44.000 millones de dólares, eso debería traducirse en una carta de intención con el FMI que el Gobierno presentará primero en una reunión privada con gobernadores y jefes de bloques de la opositora Juntos por el Cambio, antes de enviar al Congreso para su tratamiento, como estipula la ley sancionada el año pasado, antes de sellar un acuerdo formal con el Fondo.
