Lava Jato: Por qué en Brasil avanzó y en Argentina no
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Lava Jato: Por qué en Brasil avanzó y en Argentina no

Qué pasó. El Lava Jato en la Argentina, mejor conocido acá como "Caso Odebrecht", se refleja en la Justicia argentina en cinco expedientes que no han presentado los mismos avances que en Brasil. ¿Cuáles son esos expedientes?

1) AYSA : El juez Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado investigan supuestos pago de  sobornos y sobreprecios pagados por AySA en reformas de plantas potabilizadoras. 

2) Soterramiento. El juez Marcelo Martínez De Giorgi investiga el pago de coimas para la adjudicación del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento a la empresa Odebrecht. 

3) Gasoductos. El juez Daniel Rafecas investiga si hubo sobreprecios en las ampliaciones de los gasoductos norte y sur. La causa se inició en 2007. Esta semana procesó a Julio De Vido por negociaciones incompatibles con la función pública. 

4) Transener. El juez Sebastián Ramos investiga al ex ministro Julio De Vido por el supuesto cobro de coimas en el caso Transener, que forma parte del Lava Jato en Brasil.

5) YPF. El juez Luis Rodríguez analiza la obra del complejo industrial de Ensenada, donde Odebrecht montó una planta que pasó a costar US$285 millones.

Por qué no avanza como en Brasil.  Los abogados de Odebrecht se presentaron en tribunales para ofrecer un acuerdo de colaboración que permita conocer a quiénes les pagó coimas. A cambio pedían inmunidad para la empresa y sus empleados. Sin embargo, la justicia no lo aceptó. ¿Las razones? En Argentina no hay delación premiada como en Brasil.

En Brasil, las confesiones de los "arrepentidos" brasileños fueron determinantes para la velocidad que el juez Moro le dio a la investigación.

Para que suceda lo mismo en Argentina, se necesita una modificación en la ley.

Qué dicen en Comodoro Py. Algunos jueces añoran el modelo Brasil pensando que así se podría avanzar. Otros señalan que sería pactar impunidad.

¿Qué había dicho el ministro Germán Garavano? En una nota con A24.com, aseguró: “las exigencias que pone el Ministerio Público de Brasil para compartir la información no serían constitucionales o no serían legales en la Argentina. Igualmente la Justicia debiera ver igual cómo hace para obtener información”.