Críticas por una normativa

¿Por qué el kirchnerismo acusa a Rodríguez Larreta de intentar salvar a Macri?

La polémica por la ley que amplía las facultades del TSJ porteño llegaría hasta la Corte. CFK se subió a la pelea. Jueces reclamarán la inconstitucionalidad de la norma.
Rosario Bigozzi
por Rosario Bigozzi |
Horacio Rodríguez Larreta en la celebración de los 20 años del MALBA

Horacio Rodríguez Larreta en la celebración de los 20 años del MALBA, el 21 de septiembre pasado.

El escándalo que provocó la aprobación de la la ley que amplía las facultades del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) derivará en un raid judicial que inevitablemente acabará en la Corte Suprema de Justicia (CSJN).

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) resolvió en una asamblea extraordinaria iniciar acciones judiciales con un planteo de inconstitucionalidad.

Según pudo saber A24.com, la decisión será anunciada esta semana a través de una solicitada, donde dejará expresado su rechazo a la iniciativa del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, principalmente porque afirma que una reforma de la justicia nacional no debe ser dispuesta por la Legislatura porteña, sino por el Congreso.

Por su parte, fuentes ligadas al ejecutivo de la ciudad admitieron que el conflicto llegará a la Corte, pues será difícil encontrar una solución antes de esa instancia.

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Cómo es la nueva ley sobre los procedimientos del TSJ porteño

La nueva norma consiste en la modificación de los procedimientos ante el TSJ, que permite apelar ante este tribunal los casos que tramitan en juzgados nacionales que tengan sede en la Capital Federal, lo que establece un nuevo paso antes de llegar a la Corte Suprema. La reforma fue sancionada con 38 votos "larretistas" contra 20 del Frente de Todos y la Izquierda.

Desde la declaración de la autonomía porteña en la Constitución de 1994 se creó la justicia local, aunque 27 años después, no se concretó todavía la transferencia completa de los tribunales nacionales asentados en la Capital Federal.

Hasta ahora en la órbita de la Ciudad solo se tramitan expedientes por delitos con penas inferiores a los seis años, como lesiones, abuso de armas, contravenciones en el deporte o espectáculos deportivos, delitos contra la administración pública, falsificación de documentos, o contra la seguridad del tránsito. Sin embargo, aún no fueron traspasados casos civiles, laborales, comerciales o penales con penas mayores.

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El kirchnerismo y la Justicia se unieron contra la ley

En una coincidencia pocas veces vista, sectores del kirchnerismo y del Poder Judicial no demoraron en alzar la voz contra la medida. La vicepresidenta Cristina Fernández acusó a Rodríguez Larreta de sacar una reforma con el único fin de favorecer a Mauricio Macri en la causa de Correo Argentino, habilitando a que llegue a manos del máximo tribunal porteño, donde lo revisarían jueces supuestamente afines.

En redes sociales publicó un video de la diputada Lucía Cámpora donde cuestiona la ley que modifica las competencias del Tribunal Superior de Justicia.

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Cristina apuntó contra Macri y Larreta.

Cristina apuntó contra Macri y Larreta.

En su intervención durante el debate legislativo Cámpora sostuvo: “Acá está la verdad de la milanesa. Este proyecto tiene nombre y apellido: es Mauricio Macri, Socma, Correo Argentino y la finalidad es garantizar la impunidad de Mauricio Macri para que no sea juzgado en la Justicia Nacional, sino en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad”.

Agregó “¿cómo no va a querer que lo juzgue el TSJ, si ahí puso a todos sus amigos? Santiago Otamendi, juez del TSJ, fue viceministro de Justicia de Mauricio Macri; (Inés) Weinberg de Roca, jueza del TSJ y candidata de Macri a Procuradora de la Nación. También podríamos mencionar al fiscal general (Juan Bautista) Mahiques, a quién intentamos citar a esta Legislatura y esta Legislatura se resiste”.

Las acusaciones del kirchnerismo contra Horacio Rodríguez Larreta

Funcionarios del gobierno de la ciudad le dijeron A24.com que las acusaciones del kirchnerismo no son ciertas porque “el expediente del Correo ya llegó a la CSJN “.

Precisamente la Cámara Comercial hace unos meses envió el expediente a la Corte para que resuelva si el TSJ tiene competencia para intervenir en una demanda contra la fiscal Gabriela Boquin y la jueza Marta Cirulli, que tienen a cargo el concurso de acreedores. El procurador Eduardo Casal rechazó la intervención del tribunal porteño, y solo resta que definan los ministros de la Corte.

Por otro lado, un defensor de la iniciativa argumentó que “esta nueva ley es consecuencia de la excesiva demora en concretar la transferencia de la justicia nacional ordinaria en lo civil, comercial y laboral al ámbito de la CABA, lo que ya fue advertido varias veces por la Corte Suprema”.

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Los jueces de la AMFJN que preparan la denuncia contra la reforma sancionada por la Legislatura retaron a los diputados que la respaldaron por su " falta de conocimiento de la realidad de la justicia nacional" y consideraron que "el único efecto real será prolongar indefinidamente procesos judiciales que de por sí resultan bastante extensos y generar una situación de incertidumbre general".

Más críticas a la ley aprobada en la Legislatura

Asimismo, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sacó una resolución señalando a la Legislatura porteña por arrogarse la atribución de modificar los Códigos Procesales de la Nación.

Lo cierto es que la cuestión de las competencias del Tribunal Superior de Justicia no sería el único reproche. El presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle, aseguró que "legisladores oficialistas y opositores cometieron otro avasallamiento que la Constitución, cuando atribuyeron facultades para el jurado de enjuiciamiento sobre delitos penales que no han sido aún transferidos a la Ciudad".

Gallo Tagle se refiere al proyecto que se aprobó con 55 votos de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos, el GEN y el Partido Socialista, que implementó en la ciudad de Buenos Aires los juicios por jurados obligatorios para delitos con una pena máxima de 20 o más años de cárcel, como aquellos que atentan contra la vida o la integridad sexual.

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